Marzo 2010Investigación disciplinaria y suspensión de concejales de Yopal solicita Zar Anticorrupción a la Procuraduría
“Pareciera que en vez de ‘Yopalgate’ estamos ante un Concejogate’”, asegura Zar tras analizar actuaciones públicas de concejales de la capital del Casanare a raíz de extraños videos.
Viernes, 5 de marzo de 2010
El Zar Anticorrupción, Óscar Ortiz González, le solicitó hoy a la Procuraduría abrir una investigación disciplinaria contra algunos concejales de Yopal por posible incumplimiento de sus deberes, incursión en prohibiciones y extralimitación de funciones al omitir y retardar la aprobación de adiciones presupuestales y la apropiación de recursos, y al restringir las autorizaciones para que la administración contrate.
“Al parecer, los concejales excedieron los límites que el control político les confiere para entrar en el terreno de la ilicitud al evadir el cumplimiento de sus funciones en detrimento de la gestión social del municipio, e impedir el acceso de la ciudadanía a servicios y derechos”, afirma el Zar.
La determinación de Ortiz González surgió del análisis realizado por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción luego de la divulgación de unos videos en los que dos concejales, Amparo Sanabria y Cristóbal Torres, ofrecen declaraciones auto incriminatorias y acusatorias contra la alcaldesa Lilian Fernanda Salcedo.
“Al tratar de comprender las razones por las cuales se produjeron y divulgaron esos videos, se encontraron elementos de juicio que permitieron contextualizar la situación y derivar consideraciones que fundamentan la petición de investigación y suspensión”, sostuvo el Zar en la comunicación dirigida al Ministerio Público.
Reitera que los videos deben ser objeto de investigación y se constituyen en la punta del iceberg. “Al parecer, pudieron ser elaborados como uno de los mecanismos que les permitiera garantizar cierta complicidad al interior de la bancada para forzar a que cada uno de sus miembros se mantuviera en el acatamiento de los cuestionables lineamientos fijados entre ellos, como omitir y retardar sus decisiones, con el objetivo de obstruir la gestión municipal, al no habilitarla para satisfacer las necesidades de interés público”.
La razón que al parecer justifica la aparición de los videos es que los concejales Sanabria y Torres deciden no participar en ese “acuerdo” y votar con objeción de conciencia, por lo que empiezan a ser objeto de amenazas que motivan la confesión de los hechos que se presentaban en su bancada. Cuando eso sucedió, quienes tenían los videos decidieron publicarlos.
El Zar enfatiza que, según las informaciones recibidas por el Programa Presidencial, de los hechos informaron estos concejales al Comandante de la Policía de Casanare y en un Consejo de Seguridad realizado el enero anterior.
Trasfondo de los videos
Los documentos acopiados por el Programa Presidencial evidencian que algunos concejales han dificultado e impedido que la administración municipal avance en el cumplimiento de las metas establecidas en su Plan de Desarrollo al no aprobar las adiciones presupuestales de los recursos destinados al Fondo de Solidaridad, al Régimen Subsidiado, al ICBF, ni apropiar los provenientes del Sistema General de Participaciones, Regalías y Conpes.
Además, el Concejo, extralimitándose en sus funciones, ha limitado, demorado y aprobado con vicios las autorizaciones necesarias para que la administración pueda contratar y con ello ejecutar el presupuesto.
Al respecto, el Consejo de Estado, al tramitar una consulta del Ministerio del Interior promovida por la Alcaldía, conceptuó sobre la omisión de esa corporación pública en su deber de reglamentar las autorizaciones para contratar y se pronunció sobre las restringidas condiciones que otorgó pues los términos resultaron insuficientes para adelantar dichos procesos.
En ese sentido, el Zar Anticorrupción resaltó que actuaciones como aprobar las modificaciones del presupuesto y autorizar al alcalde para celebrar contratos no se pueden edificar sobre la base de facultades discrecionales pues “son verdaderos deberes en cabeza de los concejales ya que sin su cumplimiento resulta imposible para la administración avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y cumplir con sus funciones propias para satisfacer los derechos ciudadanos”.
La petición de suspensión de los concejales, elevada a la Procuraduría, tiene como fin evitar la posible interferencia en la investigación y la reiteración de las conductas irregulares.
Para el Zar Anticorrupción, la omisión en aprobar las adiciones presupuestales puede llegar a ser una falta disciplinaria gravísima al tipificar un prevaricato por omisión. En ese sentido, también le solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar una investigación penal contra los concejales por posible concierto para delinquir, calumnia e injuria y prevaricato por omisión.
Ortiz González propuso el trámite de un acto legislativo que permita eliminar la facultad que tienen los concejos para autorizar la contratación pues hoy no tiene sentido ya que se trata de una función propia y cotidiana de la administración; además, debilita el control político y genera ineficiencia administrativa y riesgo de corrupción.