Por dejar la participación en vía angosta

Zar Anticorrupción prende alarmas en licitación vial del Tolima

Lunes 22 de febrero de 2010

Al argumentar que se violaron los principios de transparencia y de participación, el Zar Anticorrupción, Óscar Ortiz González, solicitó a la Procuraduría verificar la viabilidad de pedir la suspensión de una licitación de la Gobernación del Tolima por más de 4.900 millones de pesos para contratar el mejoramiento de la vía Cunday-Villarica, dentro del proyecto de rehabilitación, recuperación y mejoramiento de la red vial secundaria de ese departamento.

Las irregularidades identificada por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción también se pusieron en conocimiento del gobernador Óscar Barreto Quiroga, con el fin de que estudie la revocatoria de la licitación.

Los cuestionamientos del Zar Anticorrupción tienen que ver, de una parte, con la visita obligatoria. El 13 de enero se publicó la apertura del proceso y se informó que esa actividad debía realizarse dos días después, es decir el 15 de enero. Luego, pasado un minuto, se divulgaron los pliegos definitivos y se dieron dos fechas para la visita, el 12 y 15 de enero. Si bien se considera que pudo tratarse de un error de transcripción, la falta de claridad generó confusión entre los interesados en participar, además del breve tiempo que se otorgó para asistir a la misma.

Pero no solo se advierten anomalías en la programación sino en las exigencias para la visita de obra, tales como aportar el documento de constitución de consorcio o unión temporal y la asistencia del director de obra.

De acuerdo con Ortiz González, estos requisitos son innecesarios, ilegales, absurdos y excluyentes. Innecesarios porque no aportan ninguna utilidad y no prestan ningún servicio; ilegales porque equivalen a una etapa de precalificación, anterior a la evaluación de las ofertas; se creó una nueva etapa dentro del proceso que quebranta el principio de economía. Absurdos porque van en contravía del sentido de la visita técnica pues su propósito es que, además de inspeccionar el sitio donde se ejecutará el contrato, sirva para reunir elementos de juicio y decidir la participación en la licitación. A la fecha de la realización de la visita los interesados apenas están estudiando la posibilidad de participar en el proceso licitatorio, y determinando con quiénes podrían hacerlo. Y excluyente porque con esas condiciones la administración obtiene menos ofertas y los interesados menores opciones para presentar propuestas.

Las otras observaciones se relacionan con el equipo mínimo requerido. A los interesados se les exigió presentar equipo (planta de asfalto o equipo triturador) de su propiedad y demostrar que la fuente de material fuera propia o acreditar contrato de arrendamiento y/o de suministro vigente.

Esto, según el Programa Presidencial, restringió la participación pues "en nuestra opinión únicamente debe requerirse la disponibilidad de la fuente de material o de los equipos. Pretende la administración que el futuro proponente demuestre el título de propiedad de fuentes o equipos, antes de la adjudicación, cuando lo importante es contar con estos durante la ejecución del contrato. En este sentido, es de señalar que de los tres oferentes que se presentaron al proceso únicamente uno demostró la propiedad de los equipos”, precisan las comunicaciones remitidas por el Zar Anticorrupción.

Se reitera que “la propiedad, el alquiler o leasing se requieren al momento de la suscripción del acta de inicio. Exigirla antes equivale a restringir la participación. A su vez, las múltiples exigencias para demostrar la propiedad o el arrendamiento son innecesarias”.