Miércoles, 13 de enero de 2010
Luego de identificar posibles restricciones de la participación en una licitación para ampliar y mejorar instituciones educativas de Barranquilla, el Zar Anticorrupción, Óscar Ortiz González, solicitó a la Procuraduría General realizar acompañamiento preventivo a ese proceso y estudiar la solicitud de la suspensión del mismo.
De acuerdo con el Zar Anticorrupción, el pliego de condiciones de esa licitación, por un valor de más de 83 mil millones de pesos, contiene cláusulas excluyentes que impiden la participación de un mayor número de oferentes.
Resulta necesario indicar que en septiembre de 2009 este proceso, el 020 de 2009, fue declarado desierto por la Alcaldía de Barranquilla. Posteriormente, en diciembre se volvió a abrir bajo el número 035 de 2009. Sin embargo, el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción advierte en carta remitida a la Procuraduría General que “el pliego de condiciones contiene disposiciones restrictivas, limitantes de una mayor participación”.
Las irregularidades detectadas por el Programa Presidencial tienen que ver principalmente con los requerimientos para la visita al sitio de obra. Se exigió el documento de constitución de consorcio o unión temporal para el momento de esa visita, lo que, según Ortiz González, resulta ilegal, innecesario, absurdo y excluyente.
Ilegal porque equivale a una etapa de precalificación, anterior a la evaluación de las ofertas. “Se crea una nueva etapa dentro del proceso licitatorio, quebrantando el principio de economía y contrariando los argumentos del Consejo de Estado que señalan: “en los procesos de selección deben cumplirse únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable”, indica el Zar Anticorrupción en la comunicación enviada al Procurador General.
Innecesario, porque no tiene ninguna utilidad para el proceso. Absurdo, ya que en ese momento los oferentes están recogiendo elementos de juicio para decidir si se presentan o no, y si están en capacidad de participar solos o unidos. Y restrictivo porque la exigencia priva al Estado de contar con un mayor número de ofertas, y a algunos particulares de presentar sus propuestas.
El Zar Anticorrupción también denuncia que a la fecha la administración distrital no ha entregado información sustancial para la elaboración de ofertas, relacionada con los valores de cada ítem del presupuesto oficial para realizar la calificación. Aunque hoy mediante adenda se prorrogó el proceso hasta el próximo 19 de enero, Ortiz González insiste en la necesidad de otorgar a los oferentes el tiempo suficiente para elaborar el análisis de los precios unitarios a partir de la información que al respecto suministre la Alcaldía.
Por último, el Programa Presidencial alertó sobre algunos de los requerimientos establecidos por el pliego en la experiencia del proponente, teniendo en cuenta que en comparación con el proceso anterior, el nuevo aumentó muchas exigencias e impuso otras q ue no tienen una justificación satisfactoria.