Continúa polémica por sistema para seguridad para cárceles

Exclusivo RCN, Mayo 10 de 2009
Bogotá, Colombia

Por supuestas irregularidades, el Gobierno frenó en diciembre una licitación para la dotación y mantenimiento de equipos de seguridad para once cárceles. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó al Gobierno que siga adelante con esta licitación, a pesar de las dudas manifestadas por varios entes de control.

En su momento el contrato por 53.000 millones de pesos fue cuestionado por la Procuraduría y el Zar Anticorrupción. La licitación, adjudicada por el Ministerio del Interior y de Justicia a finales del año pasado a una unión temporal de empresas, fue abierta para la dotación y mantenimiento de equipos electrónicos de seguridad para once cárceles nuevas.

En diciembre, amparado en unas objeciones de la Procuraduría y del Zar Anticorrupción, el Ministerio revocó la adjudicación del contrato que supera los 53.500 millones de pesos.

“La Fiscalía en el día de hoy le pasó a la Procuraduría ya las pruebas de que efectivamente dos empresas se pusieron de acuerdo para defraudar al Estado, para engañarlo y para hacer que una empresa quedara sola en la licitación y se ganara la licitación”, declaró Fabio Valencia Cossio, el 10 de diciembre de 2008.

Ahora el Consejo Superior de la Judicatura ordenó al Gobierno concluir los trámites y en general el contrato en un plazo máximo de 48 horas.

La orden fue impartida en una tutela fallada a favor de la unión temporal de empresas que obtuvo la licitación con el argumento de que se le había violado el derecho al debido proceso.

La Oficina de Anticorrupción de la Presidencia de la República dijo que respeta, pero que a la vez lamenta esta nueva decisión.

“Es insólito que unos particulares que procedieron de manera desleal con el Estado y con el interés público, estén obteniendo la representación de sus intereses por la puerta de atrás a través de fallos que están adjudicando contratos”, ratificó Óscar Ortiz González, zar Anticorrupción.

En la tutela, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior consideró que la licitación fue revocada sin haberse permitido a los adjudicatarios que se defendieran sobre las supuestas irregularidades cometidas durante el proceso.

Este fallo puede ser revisado por la Corte Constitucional.