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| Foto: Archivo / EL TIEMPO El procurador Alejandro Ordoñez recibió el informe sobre el manejo de los recursos en los departamentos al asumir su cargo. |
Casi la mitad de la plata que las regiones reciben se está manejando a través de convenios administrativos, una de las modalidades más usadas para hacerles el quite las normas de contratación estatal.
La alerta está contenida en un crítico informe entregado hace algunos días al procurador Alejandro Ordóñez, que señala también que a pesar de los millonarios recursos que han recibido, los municipios y departamentos siguen rajados en coberturas de educación básica, agua potable, alcantarillado y protección de población infantil.
Esas son las áreas que, se supone, son la prioridad en las inversiones con la plata de las regalías.
El estudio de la Procuraduría encontró que un billón 48 mil millones de pesos, correspondientes a vigencias del 2007, se adjudicaron a través de convenios directos. La cifra equivale al 49,4 por ciento del total que manejaron ese año 10 gobernaciones y 12 municipios.
Los entes territoriales contratan directamente con otras instituciones públicas, universidades y hasta con asociaciones de municipios. "Al suscribir el convenio se gira la totalidad de los recursos (...) Pero al revisar el desarrollo del convenio se encuentra que en muchos casos las obras no se han realizado", dice el informe del Ministerio Público.
Hay ejemplos extremos como el de Hato Nuevo, Casanare, donde una alcaldesa encargada ejecutó la totalidad del presupuesto de regalías, que llegaba a los 9.600 millones de pesos, en una semana y todo a través de esa modalidad de contratación.
Óscar Ortiz, el zar Anticorrupción, coincide con la Procuraduría en que los convenios se han convertido en una trampa para las normas de transparencia: "Son procesos sin una selección objetiva, hechos por la puerta de atrás", advierte.
Más de 19 mil millones de pesos del Putumayo (el 89 por ciento de la plata de regalías); y 42.266 millones de Antioquia (el 67,7 %) se contrataron por esa vía. Pero Casanare y Meta batieron los registros: el primero hizo convenios por 267.659 millones (el 60 % de las regalías) y el segundo, por 253 mil millones (62 %).
El caso de Probolsa, la firma de inversión privada donde están embolatados 46 mil millones de los departamentos de Cauca y Nariño y del municipio de Arauca no es el único que está investigando la Procuraduría.
La anterior administración del departamento del Casanare está en líos disciplinarios por presuntas irregularidades en la inversión de 63 mil millones de las regalías en firmas de inversión entre noviembre del 2006 y septiembre del 2007. Al cierre de esa vigencia, ese departamento tenía inversiones vencidas por 21 mil millones que no habían sido reembolsadas.
En el departamento del Meta, se investiga la inversión de 172 mil millones de pesos en "patrimonios autónomos constituidos por particulares" entre el 2006 y el 2007.
Varios ex funcionarios de la cuestionada Fiduagraria están empapelados por esos negocios. La ciudad de Villavicencio también metió en transacciones similares 37 mil millones.
La investigación de la Procuraduría abarca la administración de varios gobernadores.
El Ministerio Público ha incluido en sus pesquisas al municipio de Castilla la Nueva en la que se evidenciaron irregularidades por 21 mil millones de pesos en sus excedentes temporales de liquidez producidos en los dos últimos años.
REDACCIÓN JUSTICIA