Caso Cisa tumbó al Contador Nacional

Gobierno le pidió la renuncia al funcionario por dudas en actuación en caso del Valle

El País, Bogotá

Escándalo. El Gobierno cuestionó la actuación del Contador General de la Nación, Jairo Cano, sobre el caso Cisa. Archivo / El País

El pleito jurídico que sostienen el departamento del Valle y el consorcio Cisa por la carretera Cali-Candelaria trascendió a las esferas del alto Gobierno y causó la salida del Contador General de la Nación, Jairo Alberto Cano Pabón, quien debió renunciar bajo acusaciones de posible corrupción.

Tal como lo reveló El País en su edición del viernes 20 de marzo, el caso se relaciona con un peritazgo solicitado por la Juez 16 del Circuito de Cali para determinar cuánto debía pagar la Gobernación del Valle a Cisa por la no construcción de la vía.

La Gobernación dilató el pago de un laudo arbitral del año 2003 que fijó la suma en $21.126 millones, por lo que un ciudadano elevó una acción popular reclamando el pronto pago, para evitar que se causaran más intereses.

Dentro de ese proceso la juez designó como perito al Contador General de la Nación, Jairo Alberto Cano Pabón, quien el pasado 16 de febrero dijo en su dictamen que el Departamento debía pagar a Cisa $22.279 millones por concepto de intereses, además de lo ya cancelado por la Gobernación, suma que asciende a $28.516 millones. Pero sorpresivamente, el 9 de marzo, siete días después que la juez pidiera aclarar el dictamen por solicitud de la Gobernación, el Contador renunció a su calidad de perito y solicitó dejar sin validez el peritazgo. Según Cano, recibió amenazas en contra de él y de su familia, por lo que tomó esa decisión.

Esa actuación despertó las dudas del zar anticorrupción, Óscar Ortiz, quien denunció que “aunque el Contador habló de amenazas nunca refirió que una persona lo había visitado para ofrecerle una ‘propina’ por hacer bien su trabajo”.

Agregó que “una vez el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción se interesó en el caso fue que renunció y pidió que dejaran sin efectos el informe rendido a la juez”.

Por ello el alto Gobierno pidió la dimisión de Cano, pues se sospecha que hubo presiones para elevar el pago que debía hacer la Gobernación.

Al respecto, Santiago Pardo, uno de los liquidadores de Cisa dijo que “no aceptamos que se ponga en duda nuestras acciones porque esos escándalos dilatan el pago de la deuda que la Gobernación tiene con Cisa”.

Pero la Gobernación del Valle anunció ayer que pedirá que se revise el dictamen del contador Cano.