Elnuevodia.com.co
18 jun 2009
Un día antes del cierre de la licitación de compra de más de 12 mil millones de pesos en tubería para el acueducto alterno de Ibagué, EL NUEVO DÍA conoció serios cuestionamientos a la convocatoria manejada por el Ibal, dirigida por Fonade y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo.
La situación podría ser delicada, pues el mismo zar Anticorrupción, Óscar Ortiz, sugirió al Ibal aplazar la convocatoria, para que se aclaren las múltiples objeciones que recaen sobre ella y le solicitó a la Procuraduría acompañar al proceso.
El Comité de Ética creado por nueve empresas fabricantes de tubería afiliadas a Acodal, que mantienen un acuerdo vigente para prevenir prácticas de corrupción, denunció la presunta desigualdad de las condiciones impuestas para participar en la convocatoria y un aparente fraccionamiento del contrato que se adjudicará.
Los hechos los puso en conocimiento de la Corporación Transparencia por Colombia y el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, quienes acompañan y apoyan la organización.
De este modo, Carlos Perea, representante del Comité, emitió una comunicación al Ibal, el pasado 21 de mayo, en que hace dos observaciones. La primera, sobre la "injustificada" exclusión de tubería de plástico tipo GRP de la licitación, cerrándola a solo dos clases, una de cemento y otra de metal.
La segunda es que se desagregó de la licitación de tubos rectos sus accesorios, inseparables de los mismos; hecho que podría traerle inciertas consecuencias económicas a la empresa.
De otro lado, se conoció que el actual gerente del Ibal, José Alberto Girón, fue quien hizo la interventoría de un contrato con la empresa Impro en 2007, para la asesoría de la etapa precontractual del proyecto del acueducto alterno.
No obstante, el Ibal no accedió a las peticiones del Comité de Ética de las empresas del ramo, de suspender el proceso para ampliar el espectro a los otros tipos de tubería y que se evaluara la totalidad de los materiales, incluyendo los accesorios o, por lo menos, se presentara un sustento técnico "serio, válido y suficiente" para hacerlo.
El Comité llamó a la empresa de agua a aplicar los preceptos constitucionales de la función pública y actuar con "transparencia, economía, imparcialidad y eficiencia".
"Principios que podrían ser vulnerados por la decisión del Ibal, por la carencia de argumentación técnica, sólida y conocida públicamente, que respalde sus determinaciones", concluyó la entidad.
El Zar Anticorrupción, Óscar Ortiz, en diálogo con EL NUEVO DÍA, dijo que se hace necesario un plazo adicional dentro del proceso licitatorio de la tubería del acueducto alterno, para que se “den respuestas, claras, completas, razonadas y razonables” a las inquietudes planteadas por los potenciales oferentes.
Expresó que la mayoría de contestaciones no han tenido “unos contenidos satisfactorios”, como al momento de justificar la exclusión de uno de los tres materiales de que podrían estar hechos los tubos.
“Tampoco ha brindado una respuesta sobre la utilidad o conveniencia de dejar la adquisición de los accesorios de los tubos para un momento posterior. No se ha sustentado la economía que esto puede generar”, anotó el Zar.
El Zar Anticorrupción, Óscar Ortiz, agregó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación que establezca una vigilancia del proceso contractual y al Ibal, el aplazamiento del cierre del mismo, que es mañana, para que se convoque a una audiencia y se den aclaraciones completas al respecto.
Ortíz expresó su preocupación por el riesgo que puede estar corriendo el patrimonio invertido en el acueducto alterno, de alrededor de 32 mil millones de pesos, que no provienen totalmente de la ciudad sino también de la Nación, para un Municipio con múltiples necesidades insatisfechas.
“Se deben tomar decisiones de manera prudente, completamente justificadas y transparentes, con una ejecución pública que sea responsable”, anotó.
Sobre las responsabilidades que le atañen dentro de la licitación a Fonade y al Ministerio de Ambiente y Vivienda, el Zar indicó que todas las entidades “deben concurrir de manera seria y responsable”.
“En este caso, el rector del proceso es el Ibal, pero, efectivamente, tiene presencia de recursos nacionales; por eso requerimos algunas explicaciones sobre las observaciones que estaba haciendo el Viceministerio de Aguas”, concluyó.
El Ibal otorgó respuestas poco claras sobre la separación de los insumos necesarios para la tubería. A American Pipe, una de las firmas interesadas, le contestó el pasado 15 de mayo, que el proceso de selección pretende ser “eficiente, ágil, dinámico y que redunde el principio de economía para el Ibal”.
“Habida cuenta lo anterior no existirá modificación a los pretérminos en cuanto a lo expresado por ustedes sobre los accesorios”, señaló la empresa de servicios.
En la contestación a las observaciones sobre el mismo tema expuestas por la Corporación Transparencia por Colombia señaló que “no existe en el contenido de la resolución 1166 de 2006, ningún supuesto normativo” que imponga la obligación para las entidades contratantes, de adquirir en un mismo proceso los accesorios junto con la tubería.
“La decisión responde a la forma en que fue concebido el proyecto, con el pleno convencimiento de que una vez culminadas las obras se contará con un sistema, que cumpla con la totalidad de los estándares y reglamentos técnicos”, señaló el Ibal.
Uno de los hechos que sacó a la luz pública el Comité de Ética del acuerdo contra la corrupción de las empresas de tubos es que el actual gerente del Ibal, José Alberto Girón, quien hoy es la cabeza de la licitación del acueducto complementario, fue quien dio las directrices para la creación del estudio precontractual en 2007. Se desconoce si el hecho inhabilitaba de algún modo al funcionario para que maneje el proceso, que se adjudica mañana.
El comité informó que en la página Siete del informe final del estudio, llamado “Gerencia y asesoría etapa precontractual del acueducto complementario de la ciudad de Ibagué” (contratado con la firma Impro) en su capítulo Cuatro, dentro del grupo de profesionales participante, aparece el ingeniero Girón como interventor.
Lo más inquietante del asunto es que el Comité le reclamó al Ibal en una comunicación del pasado 8 de junio, que no le fuera entregado el informe de interventoría del contrato con Impro, que elaboró el actual Gerente de la empresa.
Documento que, presuntamente, estaba en la dirección de Planeación de la entidad cuando uno de los miembros del Comité visitó el Ibal y a quien le dijo la secretaria de dicho despacho que “no estaba disponible en ese momento” para la consulta.
El informe, según lo explicó Carlos Perea, miembro del Comité de Ética, a EL NUEVO DÍA, es vital para conocer las directrices que le dio la interventoría al consultor de Impro, sobre el proyecto, incluyendo el diseño contractual.
Por su parte, el gerente del Ibal, José Alberto Girón, manifestó no conocer de ninguna petición oficial de aplazamiento; en caso de recibirla, aclaró que tendría que consultar primero a Fonade y al Ministerio de Ambiente y Vivienda, pero dijo que no la suspendería.
Aseguró estar tranquilo sobre la transparencia del proceso; el diseño de los pliegos estuvo avalado por el Ministerio, y Fonade acompañó la elaboración de términos y pretérminos.
Agregó que el cronograma lo diseñó Fonade e inició el 27 de abril; tiempo que, para él, fue suficiente, cumpliéndose con la norma.
Acerca de las observaciones, dijo que son normales que las hagan los proponentes que creen no poder presentarse y reiteró que se deben acoger a los diseños y no al Comité de Ética de las empresas de tubos y que se descartó el GRP basados en un serio estudio técnico.
El Ibal cerró a dos, de tres tipos posibles de tubería, la licitación para la compra de la línea de conducción del acueducto complementario; hecho que para el Comité de Ética de las empresas del ramo va contra la igualdad de condiciones que debe primar en una convocatoria.
En una carta enviada al Ibal el pasado 21 de mayo, la organización señala que no existe un documento técnico que descarte la utilización de tubería plástica GRP.
También, que en varios apartes del estudio técnico elaborado por la firma Impro Limitada en el año 2007 para el proceso precontractual, “se menciona la posibilidad de utilizar GRP y lo especifica en los términos de referencia”.
“El Ibal no ha hecho público, ni ha registrado en su página de internet, el estudio de conveniencia que según esta empresa existe para soportar técnicamente la exclusión de la tubería GRP en el proyecto”, anota en la misma.
Las mismas inquietudes las presentó la Corporación Transparencia por Colombia en el proceso de aclaración de pliegos de condiciones, pero el Ibal, de nuevo, respondió de manera evasiva.
Sobre la exclusión del tubo GRP pese a cumplir con requerimientos técnicos y “a nivel económico ser una opción competitiva”, contestó que dadas las condiciones geotécnicas y sismológicas de la zona, se debe respetar el material de diseño de la tubería establecido en el informe de estudios técnicos del año 1996.
Es decir, según el Ibal, sólo se pude utilizar nuevos materiales que “ofrezcan propiedades mecánicas y comportamiento dinámico similar al inicialmente propuesto y diseñado”, que es el cilindro de concreto.
El Ibal licitó la compra de tubería recta para la construcción de la línea de conducción desde la bocatoma en Coello Cocora, hasta la planta de tratamiento en la ciudad, pero sin los accesorios que aseguran su empalme y el manejo de la variación de la presión del agua.
La firma proponente American Pipe and Construction International, en un oficio enviado al Ibal el pasado primero de junio, señala que esta situación hace que el objeto y el alcance de la solicitud pública de ofertas sea incompleto.
Reseña que en un acueducto normal el costo de los accesorios puede ser hasta el 15 por ciento de la tubería y en un proyecto con topografía compleja y quebrada, como el acueducto complementario de Ibagué, los mismos pueden llegar hasta un 40 por ciento del costo de esta.
Carlos Perea, miembro del Comité de Ética del acuerdo, en diálogo con EL NUEVO DÍA, explicó que el licitar solo la tubería representaría un riesgo económico para el Ibal.
En este punto, pueden adquirir la de un material como el metal a precio económico, sin tener en cuenta que los accesorios podrían resultar más costosos que en las de otro tipo. Sobre este aspecto, dijo, no existe claridad porque el Ibal no accedió a incluir la suma total del precio de la línea y los empalmes dentro de la licitación, trayéndole, además, otros problemas.
“Expone a la empresa de servicios públicos a estar casada con un solo fabricante para la compra de los accesorios, con una posible alza incontrolada de los precios, además del riesgo de no tener en el futuro próximo acceso al suministro, toda vez que estos no son intercambiables y conllevaría a una pérdida de la inversión inicial”, expresó Perea en una comunicación enviada al Ibal, el pasado 21 de mayo.
Lo insólito del asunto es que la empresa dividió la contratación pese a que la firma a la que se le adjudica ahora el contrato tendría que ser la misma que venda los accesorios a la otra empresa que, hipotéticamente, se quede en un futuro con la licitación de los empalmes.
Lo anterior, porque es la única manera en que, técnicamente, se aseguraría la compatibilidad de los materiales y el acceso constante a repuestos.
Por Jason Sang
EL NUEVO DÍA