Acuerdo involucraría a fabricantes, integradores y entidades del gobierno
Nace alianza anticorrupción en Colombia

Revista electrónica de la asociación latinoamericana de seguridad ALAS
Año 2 - Edición 22 - junio 30 de 2009
por Lyda Durango

Irregularidades en la licitación para la dotación de sistemas de seguridad para la red carcelaria de Colombia dio origen a un acuerdo de auto regulación.

Que los procesos de licitación y contratación, especialmente los que involucran entidades del estado, estén viciados por malas prácticas no es nada nuevo en muchos países.

Lo que sí es nuevo es que los fabricantes de sistemas de seguridad, con la ayuda del gobierno, busquen llegar a acuerdos que garanticen la transparencia en los procesos de contratación de sistemas de seguridad.

Es lo que está ocurriendo en Colombia, donde una mala experiencia con una de las mayores licitaciones que han tenido lugar en el país dio origen a una movilización para lograr procesos de licitación y contratación de sistemas de seguridad transparentes.

Los antecedentes

El año pasado el Ministerio del Interior y Justicia abrió una licitación para la adquisición de equipos y suministros para la defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad para 10 centros de reclusión del país.

En diciembre, el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción intervino dicha licitación debido “a la simulación fraudulenta realizada por algunas empresas de la Unión Temporal denominada Cárceles 2008”, explica Oscar Ortiz González, director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Colombia.

Algunas empresas que participaron en la licitación bajo esta unión temporal, participaron posteriormente bajo otra unión temporal en la misma licitación cuando el gobierno colombiano modificó algunos requisitos y esto está prohibido por la ley colombiana.

“Y en este caso algunas empresas aparentemente estaban haciendo parte de dos uniones temporales”, aclara Oscar Ortiz.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación aportó unas grabaciones que comprometían a la representante de la Unión Temporal Cárceles 2008 y en las que aceptaba recibir dinero del representante de la Unión Temporal Seguridad Carcelaria.

Lo anterior se sumaba a otras irregularidades relacionadas con documentos presentados por algunos participantes ante el licitante: el Ministerio del Interior y Justicia.

Fabricantes toman la iniciativa

Frente a estas situaciones anómalas, la justicia actuó de forma diligente, lo que facilitó que no se continuara con el proceso de licitación y contratación. Pero los fabricantes sabían que había que sentar un precedente para evitar que este tipo de situaciones se volvieran a presentar.

“La propuesta nace de la industria de la seguridad, no de la oficina anticorrupción”, aclara Rafael Padilla, gerente de la división de sistemas de seguridad de Bosch para Colombia, una de las empresas participantes del acuerdo.

En el caso de Bosch Security, según comenta Padilla, la empresa tiene algunas iniciativas de regulación interna y externa: “tenemos normas de cumplimiento que han llevado a que tengamos un manejo ético y legal de los negocios”, explica.

Y es que la búsqueda de mecanismos para hacerle frente a la corrupción no es nueva en la industria, pero los acuerdos de auto regulación están demostrando ser un medio más efectivo.

Todos ponen

Uno de los factores que facilita la aplicación real del acuerdo es su carácter de voluntariedad, pues los fabricantes involucrados mostraron su disposición desde el principio para acatar las normas.

Una vez superada esta etapa, el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción decidió apoyar esta iniciativa en la construcción del acuerdo.

“El objetivo es unir esfuerzos y comprometer al sector privado en la creación de un entorno con prácticas probas, elevando estándares éticos, culturales y prácticos que soporten la confianza inversionista y desincentiven el soborno o cualquier otro tipo de dádivas indebidas”, explica Oscar Ortiz.

El acuerdo busca involucrar a fabricantes, distribuidores e integradores por igual, pero hacerlo por etapas, por eso en una primera fase sólo se han involucrado los siguientes fabricantes: Bosh Ltda, Quaddrix, Samsung Techwin y Jhonson Controls.

Está pendiente la confirmación de Tyco, Crockett International, Pelco, Sony Colombia, Honeywell, Verint y G.E. Security.

“Si logramos un acuerdo de fabricantes es mucho más fácil extenderlos a los integradores e instaladores del sector”, comenta Padilla. “Si los fabricantes estamos de acuerdo en el mismo plan de negocio, podemos extender nuestra influencia al resto”, agrega.

De las palabra a los hechos

Aunque el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción de Colombia se ha involucrado con acuerdos de auto regulación en otros sectores es la primera vez que lo hace en el sector de la seguridad electrónica.

Para ello invitó a la Corporación Transparencia por Colombia, entidad sin ánimo de lucro con amplia experiencia en la facilitación de acuerdos sectoriales anticorrupción y liderazgo en estrategias de prevención de corrupción en el ámbito público-privado.

Y aunque el compromiso gubernamental, de ONGs y de fabricantes es innegable, el aspecto más crítico es la efectividad y aplicación del acuerdo.

En las sesiones de trabajo que se vienen realizando desde el pasado mes de abril se han identificado las condiciones internas y externas que facilitarían y dificultarían la aplicación del principio para combatir el soborno en el sector.

“Y ya se han realizado acciones concretas tales como solicitar ante la Corte Constitucional de Colombia la revisión del caso de la licitación de seguridad carcelaria, cuyo proceso de contratación no ha terminado”, explica Oscar Ortiz.

En opinión de los fabricantes, lo más importante de este acuerdo es que su aplicación real. “Necesitamos a que al nivel del gobierno alguna entidad regule este acuerdo”, comenta Diana Restrepo, gerente de oficina de la sucursal de ventas de QUADDRIX.

“Es que las normas ya existen, lo que necesitamos es más coordinación y la vinculación de varias entidades del gobierno y grandes contratistas, y que las prácticas que se definan se incluyan en los contratos”, acota Padilla.

Si esto se logra, la industria colombiana de la seguridad sentará un precedente que fácilmente puede servir de ejemplo para el resto de la región. La confianza en el estado y en las empresas de seguridad dará como resultado una industria más transparente y saludable.

 

Fuente: http://www.alas-la.org/zona_de_seguridad/index.php/hechodestacado