Gobierno pide intervención de la Procuraduría en la CRA

El Heraldo.com.co
Por Redacción Local

La viceministra Claudia Mora aclaró que estaban dadas las garantías para el normal desarrollo de la reunión. Foto Johan Osorio

La dilación injustificada en la aceptación de la renuncia de Rafael Pérez Júbiz como director de la CRA y la demora para iniciar el proceso de elección de su reemplazo, llevaron ayer al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y a la viceministra de Ambiente, Claudia Mora, a pedir la intervención y acompañamiento permanentes de la Procuraduría General de la Nación.

Por falta de quórum, ayer fracasó otro intento para reunir al Consejo Directivo. Seis de sus miembros, entre ellos los alcaldes de Piojó, William Jiménez, y de Santa Lucía, Osvaldo Santana; la representante del sector indígena,

Roquelina Blanco; de las ONG, Manuel Pedraza, y Carlos Ricaurte, y el del sector privado, Augusto Barthel Llanos, no asistieron a la reunión. Mediante un comunicado manifestaron que no cuentan con “garantías para ejercer la misión para la cual fueron elegidos”.

En opinión de Claudia Mora esta excusa es injustificada teniendo en cuenta que en la Corporación se encontraban presentes 12 policías, así como personal de inteligencia de la Sijín, quienes estaban allí para “garantizar que la reunión se cumpliera sin contratiempos”.

Los seis consejeros ausentes también pidieron que se cite a una nueva reunión para el 14 de abril, con el mismo orden del día del 24 de marzo. Según Mora, en esa oportunidad hubo confusión y sostuvo que, más bien, el Consejo Directivo debe abordar los siguientes temas: aceptación de la renuncia de Pérez, designación de un funcionario de la Corporación que quede encargado de las funciones de Director General y la convocatoria del proceso de elección del director en propiedad.

ENCARGO ILEGAL

Para la Viceministra, el encargo debe recaer sobre un funcionario de la CRA, tal y como lo señala un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Con base en esa opinión, Mora manifestó que Benny Daníes, encargado de la CRA en reemplazo de Pérez Júbiz, no podía asumir la Dirección de la Corporación porque no era funcionario de ésta entidad. Él trabajaba en el Damab.

Al señalar que la situación jurídica del funcionario es incierta, Mora sostuvo que “existe un limbo jurídico: Daníes está nombrado pero, según el concepto, el encargo sólo procede para funcionarios de la respectiva entidad, y esa no es su condición”, explicó

Mora sostuvo que el Gobernador y ella rechazan los señalamientos que les han hecho en el sentido de que quieren postular y designar a una persona ajena a la Corporación.
En lo que hace referencia a la convocatoria del nuevo proceso de elección, la Viceministra reveló que solicitaron la conformación de una veeduría ciudadana con el acompañamiento y verificación de la Cámara de Comercio.

Habló ‘Don Antonio’

El ex comandante del bloque ‘José Pablo Díaz’ de las autodefensas, Édgar Ignacio Fierro Florez, alias ‘Don Antonio’, le agregó ayer un nuevo ingrediente al coctel de denuncias sobre corrupción que gravitan sobre la autoridad
ambiental del Atlántico. Alias ‘Don Antonio’ reveló que Pedro Peñaloza, ex esposo de la abogada Adriana Blanco, jugó un papel importante como colaborador de los grupos paramilitares en el Departamento. Fierro Flórez se preguntó por qué la Fiscalía no ha tomado ningún tipo de decisión judicial en contra de Peñaloza, si se tiene en cuenta que su nombre aparece en varios procesos de Justicia y Paz. El ex jefe paramilitar señaló al ex director de la CRA Tony

Palencia como uno de los colaboradores del frente ‘José Pablo Díaz’, aunque no quiso entregar mayores detalles del servicio que le prestó a la organización criminal, mucho antes del proceso de desmovilización.

“Dilatar elección del nuevo Director crea un manto de dudas”

El Programa presidencial de lucha contra la corrupción, a cargo de Óscar Ortiz González, y el Comité de seguimiento a los pactos por la transparencia del Atlántico, cuyo vocero es Horacio Brieva Mariano, decidieron hacer seguimiento al proceso de elección del nuevo director de la CRA.

Consideran Ortiz y Brieva que dilatar la designación “crea un manto de dudas sobre los intereses que prevalecen en la entidad encargada de proteger el derecho al medio ambiente de los atlanticenses”.

Este trabajo conjunto obedece al seguimiento de escándalos millonarios como el de los árboles que se pagaron pero no se sembraron, y salvaguardar el interés colectivo procurando transparencia y legalidad en el proceso de elección del nuevo Director.

En ese sentido, las dos entidades solicitaron al Consejo Directivo aceptar, sin más condicionamientos, la renuncia de Rafael Pérez Júbiz.

Al director encargado, Benny Daníes Echeverría, le urgen que promueva, con celeridad, este proceso de selección. Y a los candidatos al cargo les piden que se comprometan con la suscripción del Pacto por la transparencia, una vez haya una elección.

Recomiendan que en caso de que el Director encargado aspire a ser titular, el Consejo Directivo y Benny Daníes deben adoptar mecanismos objetivos adicionales que garanticen la imparcialidad y la transparencia en la selección del futuro director, para evitar que se repita lo sucedido en la elección de Rafael Pérez.

Para el Programa presidencial de lucha contra la corrupción y el Comité por la transparencia no es de buen recibo la posición adoptada por seis de lo consejeros de la CRA ya que “a lo largo de todo este proceso han sido socavados el interés colectivo, la probidad y los recursos públicos”. ADL

LAS CONSIDERACIONES

El gobernador Eduardo Verano y la viceministra Claudia Mora están preocupados por la contratación en la CRA, y por ello le solicitaron al director encargado, Benny Daníes, abstenerse de tomar decisiones de fondo que puedan poner en riesgo la legalidad de los actos, por cuanto su encargo está en una situación jurídica incierta.

La Viceministra asegura que, a pesar de la situación, Benny Daníes dice que se mantiene en el cargo, sin embargo, se le solicitó delicadeza en sus actuaciones de fondo y se le pidió una relación de todos los actos administrativos producidos, para verificar y evaluar la posible legalidad de estos, al tiempo que se le insistió en que sea prudente.