Director de la CRA está contra las cuerdas por contratos irregulares superiores a 8.000 millones

Revista Cambio

Los contratos para la limpieza de playas y manglares en Puerto Colombia han sido fuente de corrupción: más de $2.000 millones han sido malgastados allí. Foto: Archivo El Tiempo

"Se los comieronlos cerdos", respondió Rafael Pérez Jubiz, director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), a la pregunta que le hicieron funcionarios comisionados por la oficina del Zar Anticorrupción de la Presidencia sobre los 26.400 árboles que supuestamente plantaron 22 asociaciones y ONG defensoras del medio ambiente a las que la entidad pagó 660 millones de pesos en agosto.

Pérez intentaba convencerlos de que la ausencia de los árboles de roble, nim, melina, campano, carito y mango, que debían servir a la conservación de cuencas en peligro, era algo fortuito y no el resultado de una maniobra para desviar recursos públicos. Pero las evidencias lo derrotaron. La supuesta plantación de árboles no era más que una suplantación de contratistas mediante procedimientos irregulares.

Con documentos apócrifos, ex funcionarios y ex contratistas de la CRA modificaron en la Cámara de Comercio de Barranquilla la composición de juntas directivas de ONG, asociaciones de pequeños productores y otras empresas.

El 1° de septiembre, El Heraldo de Barranquilla denunció el caso de Nicolás Martínez, presidente de la Asociación Ganadera y Agrícola de las Montañas de Repelón, suplantado por Nathaly Rodríguez Camargo mediante actas falsas. Rodríguez celebró con la CRA un contrato por 225 millones de pesos para la limpieza de las playas de Caño Dulce, Puerto Colombia, Puerto Velero y El Country.

El zar anticorrupción Óscar Ortiz González envió a la Procuraduría un documento en el que denunciaba que ONG campesinas de Soledad, Malambo y Tubará habían sido suplantadas en forma similar para la firma de 13 convenios por 1.250 millones de pesos. Ortiz describió cada caso y le pidió al procurador Edgardo Maya aplicar su poder preferente y que suspendiera a Pérez Jubiz. Había información en el sentido de que usaba su cargo para interferir las investigaciones.

Varias denuncias comprometían a suplantadores amigos de Pérez, entre ellos Guillermo del Río y Roger Pérez Gómez, a quienes señalaban de haber visitado a organizaciones afectadas por las maniobras para ofrecerles dineros a cambio de que se abstuvieran de informar a las autoridades lo ocurrido.

Pero las propuestas indecentes fueron rechazadas y produjeron más denuncias, como la de Ricardo Mendoza Carpintero, representante legal de la Fundación para el Desarrollo Social y Ambiental del Atlántico, que aparecía en un contrato para la limpieza de manglares en Mallorquín. Lo propio hicieron los representantes de la Asociación de Productores del Suroccidente y de la Liga Campesina y Ajuste Ambiental de Repelón, y los de Seguridad Ecológica de Soledad.

Tatequieto

Pese a que los 12 miembros del consejo directivo estaban al tanto de lo que ocurría, discusiones bizantinas e interpretaciones amañadas de las normas le permitieron a Pérez permanecer en el cargo. Incluso en septiembre, después de que el Zar Anticorrupción advirtiera en una reunión en el despacho del gobernador Eduardo Verano de la Rosa sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo, los miembros del Consejo no se pusieron de acuerdo sobre la salida del director. En una votación quedaron empatados. Los amigos de que Pérez permaneciera en la entidad alegaban que la única causal para la remoción del director de una corporación autónoma es el incumplimiento probado del Plan Trienal.

La Procuraduría dejó en claro que los directores de las corporaciones no pueden ser ruedas sueltas dentro de la estructura del Estado y que el Código Disciplinario Único también les aplica. El viceprocurador general Carlos Arturo Gómez consideró que, a la luz del Código, las faltas del Director de la CRA eran gravísimas. "Hay suficientes elementos de juicio para aseverar que, de permanecer en el cargo, el doctor Pérez Jubiz podría no solo interferir la investigación" (...) sino también persistir en la reiteración de las faltas utilizando la contratación pública", escribió el Viceprocurador en un informe sobre el caso. En 2007 la administración de Pérez firmó 76 convenios por un valor superior a los 3,6 mil millones de pesos, y en septiembre, sin licitación pública, celebró un convenio por cerca de 4.000 millones de pesos para la reforestación de la subcuenca de la ciénaga del Totumo, la restauración ambiental de la subcuenca del embalse del Guájaro y las microcuencas de los arroyos Cabildo, Molinero, Pital, Matecaña y Aguagrande.

El Viceprocurador ordenó la suspensión del funcionario el 30 de octubre e iniciará un proceso abreviado y público al cabo del cual, de ser probadas las acusaciones, Pérez sería destituido.