Bogotá, Colombia (RCN)
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El contrato pretendía el diseño e instalación de sistemas de seguridad. Foto AFP |
Después de varios aplazamientos, fue adjudicada una millonaria licitación para instalar los sistemas de seguridad de las cárceles, pero justo en ese momento, la oficina del zar anticorrupción descubrió una escandalosa trama de corrupción de la que hacían parte algunos de los particulares que aspiraban al contrato. Todo indica, que de por medio hubo un soborno de mil millones de pesos.
El sonado contrato pretendía el diseño, instalación y puesta en marcha de los sistemas de seguridad de 10 cárceles del país, por un valor de 53 mil millones de pesos. Pero las trampas que según La Procuraduría, se tejieron desde mucho antes de la adjudicación del contrato terminaron tumbándolo.
Una mujer identificada como Diana Nasiff de Rima, habría sido la encargada de viciar el proceso. Según las investigaciones fue contactada por Mauricio Prada, un importante contratista, quien le habría ofrecido mil millones de pesos para que ayudara a que la firma "Seguridad Carcelaria" se quedara con el millonario contrato.
Nasiff de Rima presentó una propuesta a nombre de la unión temporal cárceles 2008, que para ese momento sólo estaba viva en el papel, la oferta, dice el zar anticorrupción, Óscar Ortiz, "no tenía la intención de ganar", sino de inhabilitar a “Protección Integral Carcelaria”, que participaba en la licitación.
Algunos de sus miembros fueron en el pasado parte de la firma "Cárceles 2008". Con esta jugada, aparecían presentando dos propuestas y quedaban automáticamente inhabilitados.
La Fiscalía tiene en su poder, grabaciones que confirman el fraude que se pretendía contra el Estado, en el que particulares y presuntamente funcionarios del Ministerio de Justicia, se habrían puesto de acuerdo para desplazar a un tercero del proceso licitatorio y quedarse con mil millones de pesos por la trampa.