Alertas del Programa de Lucha contra la Corrupción protegen 53 mil millones del erario

• Acción coordinada del Estado logra revocar la adjudicación del contrato para el sistema de vigilancia de 10 cárceles del país, previa advertencia del Programa de Lucha Contra la Corrupción.

Diciembre 11 de 2008

Gracias a la acción oportuna del Programa de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se logró coordinar la acción del Estado para proteger los recursos públicos en un contrato de más de 53 mil millones de pesos para la contratación de servicios de sistemas electrónicos de seguridad en 10 cárceles del país.

En este caso, dos particulares que se pusieron de acuerdo para sacar a un tercero de la competencia, usando medios fraudulentos, buscaban arrebatarle al Estado la posibilidad de elegir la mejor oferta.

“Se suele decir que la justicia llega tarde pero afortunadamente en esta oportunidad no fue así. El trabajo mancomunado y oportuno evitó no solo que unos tramposos se quedaran con un contrato, sino que una persona que actúo de manera fraudulenta recibiera mil millones de pesos por su complicidad para trampear,” aseguró Oscar Ortiz Director del Programa de Lucha contra la Corrupción.

Con la revocatoria de la adjudicación, la acción del Estado se hace efectiva antes de que los corruptos se apropiaran indebidamente de recursos públicos. El Programa Anticorrupción prendió las alarmas con base en elementos jurídicos de las propuestas presentadas y el 18 de noviembre solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Procuraduría, emplear un tiempo adicional para analizar si el Estado estaba siendo objeto de un fraude. Gracias a la labor de la Fiscalía General y de los investigadores del caso.

Cuando los particulares ejecutan recursos públicos, como en este caso para la prestación de un servicio público como es la seguridad, la responsabilidad pública se amplía y deben ser juzgados jurídica, cultural y moralmente con la misma firmeza que si se tratara de servidores públicos.

Ortiz enfatizó en la “necesidad de resaltar que ésta es una nueva modalidad de trampa, o una que por lo menos no había emergido de las profundidades de la corrupción. Tenemos que hacerla evidente, garantizar que todos la conozcamos y comprendamos bien, para así evitar que en futuras ocasiones tanto el Estado como la ciudadanía caigan presos de ella.”

Este es un buen ejemplo de acción articulada no sólo al interior del Estado, sino entre éste y la ciudadanía. Los poderes ejecutivo y judicial y los órganos de control, actuaron de manera coordinada en la protección de los recursos públicos gracias a ciudadanos que cumplieron con su deber de denunciar y confiaron en la efectividad del Estado, y a los medios de comunicación que se ocuparon del tema.