Comunicado de prensa

Óscar Ortiz González pide al concejo de Bogotá que cumpla el acuerdo de rendición de cuentas y visibilidad.

El concejo de Bogotá “mató el tigre y se asustó con el cuero”. Lo que es público por naturaleza no puede convertirse en secreto por conveniencia.

Óscar Ortiz González, como ciudadano y como servidor público, en su calidad de Director del Programa Presidencial de Modernización, Transparencia, Eficiencia y Lucha contra la Corrupción, presentará el lunes 25 de agosto, ante el Concejo Distrital, una petición de cumplimiento del Acuerdo 151 de 2005.

Es un llamado de atención al Concejo que busca exigir la publicación de:

• Los informes de rendición de cuentas a 30 de junio, con la que 7 Concejales no cumplen.
• Los votos emitidos.
• La labor de las bancadas.
• Las hojas de vida de los Concejales, con la que 8 Concejales no cumplen.
• El registro de los intereses privados.
• Los impedimentos presentados.
• La asistencia a las sesiones, las excusas presentadas, las faltas temporales y absolutas y la forma como fueron cubiertas.
• La composición de las Unidades de Apoyo Normativo.
• Los Anales del Concejo.
• Las proposiciones, su estado de tramitación y las respuestas escritas a los cuestionarios por parte de los funcionarios citados a debate.
• Las ponencias sobre los proyectos de Acuerdo.
• Las Actas de las sesiones, las constancias presentadas en desarrollo de los debates, las observaciones u opiniones presentadas por escrito por las personas que hagan ejercicio del derecho a opinar sobre los proyectos de Acuerdo.
• La nómina de servidores públicos del Concejo.
• Las grabaciones y los videos de las sesiones que están siendo transmitidas en directo.

Por medio de dicho Acuerdo de manera responsable, visionaria y ejemplarizante el Concejo de Bogotá hizo efectivos mandatos constitucionales y legales como el del artículo 133 de la Carta Política que establece que los miembros de cuerpos colegiados son responsables políticamente “(…) ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”; como el del artículo 40 de la Constitución que consagra el derecho político fundamental que tenemos los ciudadanos a controlar el poder político; y como el del derecho a acceder a la información sobre la acción de las autoridades contemplado en el artículo 17 del Código Contencioso Administrativo.

Sin embargo, el cabildo “mató el tigre y se asustó con el cuero”. Tomó la más importante decisión de transparencia: dejar ver a los ciudadanos a través de sus actos, pero no dispuso de las condiciones necesarias para hacerlo de manera generosa y amigable.

 

Bogotá D.C., Agosto 25 de 2008