Programa Anticorrupción y Procuraduría General acuerdan intervención

LICITACION DEL ACUEDUCTO DE ARMENIA ESTARÍA VIOLANDO PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Bogotá, 20 de Febrero, 2007

El Director del Programa Presidencial Contra la Corrupción, Rodrigo Lara Restrepo, y el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, acordaron hoy la intervención de un proceso licitatorio adelantado por las Empresas de Servicios Públicos de Armenia. La licitación tiene como objeto la concesión de la operación, con responsabilidades de inversión, para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Armenia y el fondeo del patrimonio autónomo que contribuya al pago del pasivo pensional.

En el estudio de los pliegos llevado a cabo por el Programa Anticorrupción, se encontró que la licitación tiene requisitos exagerados que podrían llevar a un favorecimiento de algunas empresas y restringirían la participación de algunas otras. Los siguientes son algunas de las exigencias cuestionadas:

Certificado de aseguramiento de la calidad.
La licitación exige el Certificado de aseguramiento de Calidad ISO 901 para la administración, operación y mantenimiento de acueductos y alcantarillado, expedida como mínimo con 4 años de anterioridad a la apertura de la licitación. Aunque el Programa Anticorrupción encuentra acertada la exigencia del ISO 901, piensa que el requisito de los cuatro años elimina automáticamente empresas que obtuvieron la certificación después del año 2003. Dentro de sus pesquisas, el Programa encontró que las más importantes empresas certificadas del sector acueducto obtuvieron su certificación hace menos de tres años. También constató que las otras licitaciones que requieren el ISO no exigen un período mínimo de expedición. Por lo demás, considera que la antigüedad no garantiza mayor calidad en los procedimientos.

Experiencia en comercialización
La licitación exige que el proponente tenga experiencia directa o indirecta en facturación, cobro y atención en los últimos tres años en al menos un municipio de 500 mil suscriptores. El Programa Anticorrupción opina que, teniendo en cuenta que Armenia cuenta con número cercano a 75.000 suscriptores, esa es una exigencia bastante alta que limita un número importante de proponentes y obligaría a empresas importantes a constituirse en consorcios o unión temporal, en concepto del Programa.

Experiencia en operación
En el pliego licitatorio se exige que los proponentes individuales deben haber operado los acueductos y/o alcantarillados de al menos 12 municipios del país, durante los últimos tres años.
Información suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos al Programa Anticorrupción indica que ninguna de las empresas públicas que operan en el país cumplen ese requisito, lo cual implica que, con esta exigencia, no habrá proponentes individuales en la licitación. Incluso las más grandes empresas de acueducto y alcantarillado del país tendrían que presentarse con las figuras de consorcio o unión temporal para participar en esta licitación.
El Programa Anticorrupción advierte también que el trato inequitativo para las empresas extranjeras y nacionales con experiencia en el exterior, toda vez que el requisito solo cubre el territorio colombiano.

Requisitos financieros
Las exigencias hechas por el pliego en el campo financiero, de acuerdo con las denuncias recibidas por el Programa Anticorrupción, desbordan los estimativos considerados óptimos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para las empresas de servicios domiciliarios.

Según el Programa Anticorrupción, al exigir una liquidez mayor a 3.0 y un endeudamiento menor al 30% “se estaría descartando la participación de empresas de servicios públicos y estaría favoreciendo eventualmente a sociedades dedicadas la compra de bienes a crédito y venta de contado que participaran bajo una unión temporal”.

En su carta al Procurador General, Rodrigo Lara Restrepo pide la intervención y el desarrollo de acompañamiento preventivo en aras de garantizar la defensa del orden jurídico y del patrimonio público.