El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se ha comprometido en la construcción de un Estado Comunitario, con el fin de hacer frente a la ineficacia, ineficiencia, inequidad y corrupción de la administración pública en Colombia, en cuyo marco se inscribe la estrategia del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, (en adelante el "Programa Presidencial") denominada Estrategia Regional.
El Pacto por la Transparencia, es un instrumento de la Estrategia Regional que busca adelantar con los departamentos, capitales de departamentos, Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios adicionales, el seguimiento al cumplimiento de políticas públicas que fomentan la transparencia en la administración pública con la participación de la sociedad civil y de los órganos de control, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo.
Es un acuerdo de voluntades suscrito entre alcaldes, gobernadores con la ciudadanía, a través de sus organizaciones representativas y el Programa Presidencial actuando como testigo.
El gobernante que suscribe el Pacto por la Transparencia, adquiere el compromiso de adelantar su gestión transparente bajo unas condiciones previamente acordadas, que tienen como componente fundamental un alto grado de participación ciudadana, con el fin de fortalecer y consolidar el control social de lo público.
El Comité de Seguimiento es un grupo de ciudadanos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, responsables de hacer seguimiento, evaluación y control social a los compromisos adquiridos por la administración con la firma del Pacto por la Transparencia, con el apoyo de ciudadanos articulados a los diferentes procesos y a las actividades contenidas en el mismo.
Los comités de seguimiento que se encuentran conformados participan en las auditorias visibles en la medida en que ellos sean beneficiarios de un proyecto determinado o fortalezcan el control social en los municipios.
Los comités de beneficiarios son aquellas personas que pertenecen directa o indirectamente a un proyecto, proceso o contrato determinado y que con su ejecución reciben un beneficio, en vivienda de interés social, salud, educación, saneamiento básico o ejecución de regalías.
Aunque la firma del Pacto por la Transparencia es voluntaria, muchos de los compromisos contenidos en el Pacto por la Transparencia son de obligación legal, por lo que cualquier irregularidad o incumplimiento deberá ser informada a la Comisión Regional de Moralización y al Programa Presidencial para adelantar las acciones correspondientes.