Los acuerdos de autorregulación del sector privado son una iniciativa que el Programa Presidencial lidera para impulsar transparencia, y eficiencia como parte de la estrategia global de lucha contra la corrupción.
Estos acuerdos buscan el compromiso del sector privado, asumiendo una responsabilidad compartida con el Estado en la creación de una cultura que no promueva ni tolere prácticas corruptas.