Atendiendo la problemática de la cuantiosa perdida de recursos públicos causado por las decisiones judiciales que afecta con medida cautelar al presupuesto de la Nación del Sistema General de Participaciones (SGP) y Regalías con destinación específica, el eje temático de Análisis de Denuncias del Programa Presidencial, informa que estos recursos son inembargables y por lo tanto afectan en su mayoría a entes territoriales con el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos –Ley 550.
Debido a lo anterior el PPLCC decidió convocar a diferentes entidades del Gobierno Nacional, así como órganos de control y de investigación, con la finalidad de trabajar articuladamente para la generación de propuestas y acciones que permitan atender de manera eficaz los casos que se presenten y lograr sanciones ejemplarizantes.
A dicha reunión liderada por el Director del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción Miguel Francisco Prado Gil, asistió la Fiscalía General de la Nación, mediante su delegada de la Unidad de Extinción de Dominio, el Asesor en Regalías del Despacho del Procurador General de la Nación, el Contralor Delegado para la Jurisdicción Coactiva y Juicios Fiscales, la delegada del Ministerio de Hacienda, el Delegado de la Dirección para la Defensa del Estado y el de la Dirección de Gobernabilidad Territorial del Ministerio del Interior y de Justicia, entre otros.
En la instalación de la mesa de trabajo el PPLCC expuso los casos recibidos y la gestión realizada, los problemas encontrados y una serie de propuestas que están a consideración de los asistentes, entre los temas más importantes mencionados, se señaló a los departamentos que sufren esta problemática de conformidad con las quejas allegadas por la ciudadanía a Córdoba, Arauca, Choco, Sucre y Bolívar, llegando a encontrarse afectados la suma de $277.116.686.189 aprox.
Dentro de los compromisos adquiridos, se acordó entre todas las entidades presentes, la creación de una base de datos unificada de embargos irregulares, la divulgación de las herramientas existentes sobre defensa del Estado, la búsqueda de capacitación sobre el tema a alcaldes y gobernadores electos, el rastreo de los avances en las investigaciones surtidas por los órganos de control e investigación y la necesidad de la presencia en la mesa de trabajo del Presidente o su delegado del Consejo Superior de la Judicatura.