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Nuevas Mediciones del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Estos son algunos de los principios del Estado Abierto y lo que buscan en esencia es avanzar en la lucha contra la corrupción

Las encuestas están dirigidas a la ciudadanía y servidores públicos

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Sobre los resultados de la edición 2015-2016 del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP)

​26/04/17

El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción manifesta su posición tras estudiar acuciosamente los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) 2015-2016 entregado por Transparencia por Colombia.​


El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) de Transparencia por Colombia es, sin duda alguna, una iniciativa de control social que el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, como herramienta del Estado colombiano,  celebra. El quehacer de las entidades públicas se ve fortalecido con los aportes que, legítima y responsablemente, la sociedad civil hace sobre el ejercicio de lo público, de lo que es de todos.

 

El ITEP es, ante todo, un instrumento que le entrega a la ciudadanía información que aporta al entendimiento de los asuntos públicos, al ejercicio responsable de sus deberes y al reclamo de sus derechos. Es por ello que, tras estudiar acuciosamente los resultados entregados por Transparencia por Colombia en la versión 2015-2016 del indicador, nos permitimos manifestar las siguientes posiciones:

 

  • La versión 2015-2016 del ITEP no tiene, al menos en sus componentes de Institucionalidad y Control, las mismas variables que la edición 2014-2015 ni las anteriores. De este modo, la evaluación de la gestión que el Estado colombiano puede hacer es insuficiente, pues los resultados no son estrictamente comparables.

  • Cumplir los estándares establecidos por ley -como son el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC),  el Conpes 3294 de Rendición de Cuentas y el Manual Unico de Rendición de Cuentas- resulta insuficiente en algunos indicadores de la medición. Esta percepción es generada por la creación de subindicadores -como son "Contenido de políticas orientadas hacia la lucha contra la corrupción" u "Otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía 2015"- cuya interpretación es ambigua y cuyo incumplimiento es calificado con la misma severidad que si se fallara con los mandatos legales. No se puede 'castigar' a las entidades por no implementar prácticas que, aunque buenas, no están contempladas en la ley.
  • Para el Estado colombiano resulta complejo identificar las fallas en las que incurre en materias como atención de PQRS, rendición de cuentas y acceso a la información, pues no son evidentes los criterios para asignar los puntajes a cada variable. De aquí que surjan preguntas: ¿cómo se evalúan las variables? ¿quién sacó el máximo puntaje? ¿quién el mínimo? ¿qué puntajes se asignaron y qué los determinó?

 

Las mediciones en políticas públicas son instrumentos que alimentan la toma de decisiones fundamentadas que, entre otras, conllevan a la preservación de los bienes públicos y a la retroalimentación del trabajo de quienes las hacen. El Estado colombiano, por ejemplo, usa los índices de calidad de vida para determinar qué aspectos pueden impactar positivamente en la esperanza de vida: ¿será el acceso al agua potable o los servicios de salud? O ¿podría ser la seguridad y la convivencia para revertir las tasas de homicidios?

 

Del mismo modo sucede con los riesgos de corrupción: ¿por dónde deberían empezar las entidades públicas para reducirlos? Dadas las restricciones presupuestales, humanas y técnicas, ¿deberían hacerlo por los sistemas PQRS o por la gestión del control interno? El Estado tiene recursos escasos y debe calcular muy bien cada decisión para lograr un mayor impacto en el objetivo.

 

El ITEP cumple su propósito de generar un ranking. No obstante, como herramienta de control social, en su objetivo de generar aportes que le permitan al Estado colombiano identificar las grietas que se transforman en riesgos de corrupción, el ITEP abre preguntas que no se traducen, en aspectos como los que hemos identificado, en información para la toma de decisiones de política pública.

 

Los planteamientos aquí establecidos por el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción apuntan, ante todo, al fortalecimiento del control social y al mantenimiento de un diálogo informado con la ciudadanía, que nos permita cerrarle las puertas en todos los sectores y a todos los niveles a uno de los mayores enemigos y a una de la peores formas de violencia que ha padecido nuestro Estado: la corrupción.

 

Sobre el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Herramienta del Estado colombiano, creada por mandato de la Comisión Nacional de Moralización (Art. 62 – Ley 1474 de 2011), para la medición y el análisis del fenómeno de la corrupción, a partir de la interacción entre entidades, ciudadanos y organizaciones públicas y privadas del orden nacional y territorial para contribuir a elevar el nivel de transparencia de la gestión pública. www.anticorrupcion.gov.co

 

 

 

Área de Comunicaciones del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Fernanda Contreras García

Celular. 319 251 2149

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