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Estamos construyendo nuevos indicadores

Estos son algunos de los principios del Estado Abierto y lo que buscan en esencia es avanzar en la lucha contra la corrupción

Las encuestas están dirigidas a la ciudadanía y servidores públicos

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Secretaría de Transparencia presenta primera medición sobre los avances de la Política Pública Integral Anticorrupción

24/11/14
Tras 11 meses de expedido el documento CONPES 167 de 2013, se reporta un avance del 34% en las acciones y los retos de las 22 dependencias involucradas en la Política.​

​​Con el objetivo de lograr las metas trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, la Secretaría de Transparencia y el Departamento Nacional de Planeación trabajaron en la construcción de una Política Pública Integral Anticorrupción –PPIA-, la cual quedó formulada en Documento CONPES 167 de 2013 "Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción". El objetivo central de dicho documento CONPES es "fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción, de manera que se puedan obtener resultados que reduzcan efectivamente la incidencia negativa de este fenómeno en la sociedad colombiana y se obtengan mayores niveles de transparencia e integridad en el sector público y mayor corresponsabilidad del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción" (DNP, 2013).

Después de realizar un diagnóstico de la situación de la corrupción en el país, el CONPES contiene un marco conceptual del tema y, a través de la metodología de árbol de problemas y objetivos, establece cinco estrategias como se menciona a continuación:​

  1. Mejorar el acceso y la calidad de la información pública para la prevención de la corrupción.
  2. Mejorar las herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción.
  3. Aumentar la incidencia del control social en la prevención de la corrupción.
  4. Promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad.
  5. Reducir la impunidad en actos de corrupción. 

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El CONPES contiene un Plan de Acción con una vigencia de cuatro años en el que se concertaron 110 acciones concretas con sus respectivos responsables, plazos y metas y en el que se apropiaron recursos por 243 mil millones de pesos por parte de 22 entidades, para prevenir los riesgos de corrupción en el Estado colombiano. A la fecha de publicación del presente informe el nivel de avance de la Política Pública Anticorrupción es del 34% en las acciones y los retos de las 22 dependencias involucradas en dicha Política.


Índice de logro en la política pública integral anticorrupción (34%)

Fecha de corte: Noviembre 30 de 2014

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Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

En este informe estamos dando mayor relieve los principales avances en la implementación del CONPES 167 de 2013, con el objetivo que la ciudadanía, la comunidad académica, los gremios y las instituciones del Gobierno de Colombia tengan información sobre los esfuerzos que se están haciendo de modo coordinado en la lucha contra la corrupción así como conciencia sobre los principales retos en la materia.

La primera estrategia "mejorar el acceso y la calidad de la información pública para la prevención de la corrupción", tiene un avance del 51% y ha alcanzado logros importantes tales como:

  • El programa de Gobierno en línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –Min TIC- se encuentra articulando su estrategia con lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), de manera que sirva como soporte para el cumplimiento de las características de la calidad de la información señalada en la misma ley, relacionada con la estructuración y procesamiento de los datos de la información. Para ello se encuentra actualizando las guías de Open Data. 

  • El DNP ha incorporado en su proyecto de fortalecimiento institucional para entidades territoriales, alrededor de 50 municipios piloto del programa y realización de diagnósticos que incluyen el componente de transparencia y rendición de cuentas.

  • La Procuraduría General de la Nación ha emitido la versión actualizada del Índice de Gobierno Abierto (IGA) de acuerdo con su evaluación hecha con corte al año 2013.

  • La Escuela Superior de Administración Pública está adelantando 4 proyectos de investigación que abordan temas de trasparencia, control social y lucha contra la corrupción en territorios específicos.

  • Como parte del acceso de la información en materia de la lucha contra la corrupción, la Secretaría de Transparencia logró actualizar 17 indicadores de medición de corrupción y de transparencia en las entidades públicas y sector privado. Esto se está haciendo en el marco del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, el cual es un proyecto de la Comisión Nacional de Moralización.

  • 452 de las 1200 entidades del Sistema Nacional de Archivos –SNA- cuentan con Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA). 

Sin embargo, hay otras acciones importantes en las que es necesario avanzar de cara al año 2015. Dentro de los retos se encuentra que apenas se cuenta con un proceso de gestión del control fiscal implementado de los 6 programados por lo que se hace necesario avanzar en la implementación de estos procesos. Igualmente hay que diseminar los procesos de apertura de datos dentro de las entidades públicas, de cara no sólo a cumplimiento de la Ley de Acceso a la información sino al ajuste de Colombia a estándares internacionales como los exigidos por la Sociedad para el Gobierno Abierto.

En la segunda estrategia "hacer más eficientes las herramientas de gestión pública para la prevención de la corrupción", se obtuvo un avance del 23%. Dentro de sus principales logros podemos detallar que:

  • Se expidió el Decreto 943,  por medio del cual se adopta la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno y se estableció una estrategia de capacitación tanto a nivel nacional como territorial, respecto de  los cambios que se surtieron en el modelo, con lo que se han adelantado capacitaciones en los departamentos de Huila, Cundinamarca, Tolima, Bolívar, Risaralda, Atlántico, Magdalena, Quindío y César.

  • Adicionalmente, la Agencia Nacional de Minería puso en 2013 un Radicador Web en funcionamiento como mecanismo con reglas claras y un proceso estandarizado y transparente para la radicación de las solicitudes mineras; el usuario minero tiene la garantía de que la solicitud se rige por "primero en el tiempo, primero en el derecho", así como el acompañamiento de los organismos de control.  Al 30 de junio de 2014, se han radicado 4.685 nuevas solicitudes a través de dicha plataforma.

  • En el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- más de 3.500 trámites propios de las entidades territoriales han sido publicados.

  • Actualmente se encuentra para trámite el proyecto de ley de regulación de lobby o cabildeo ante el Congreso de la República.


Sin embargo, es necesario avanzar en ciertos aspectos para el próximo año: se debe expandir la metodología de desarrollo de riesgos sectoriales de corrupción desarrollados por la Secretaría de Transparencia y avanzar en su posicionamiento como herramienta de gestión dentro de los ministerios y departamentos administrativos líderes de los diferentes sectores de la gestión pública. También se debe acelerar el desarrollo tecnológico del catastro minero y en su aplicación para hacer más transparente y eficiente al sector.

En cuanto a la tercera estrategia "fortalecer el control social para la promoción de la transparencia en las entidades públicas y la prevención de la corrupción", el seguimiento al Plan de Acción del CONPES 167 de 2013, presenta un avance del 31%, con importantes logros como:

  • Se expidió el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) que detalla los componentes, etapas y metodología que deben seguir las entidades públicas para informar sus logros a los ciudadanos bajo esquemas organizados de planeación y diálogo con la ciudadanía, así como de evaluación de dichos ejercicios.

  • El DNP ha puesto en parcha la plataforma GESPROY que cuenta con un módulo de Auditorías Visibles para el reporte de dichas auditorías a Regalías.

  • El Ministerio del Interior recibió funcionalmente el Sistema de Información de Participación Ciudadana (SIDEPAR) que se encontraba alojado en los servidores del Ministerio de Justicia.

   
Por otra parte, se requiere asegurar una difusión del MURC tanto en entidades Nacionales como Territoriales así como su debida aplicación; es necesario hacer que el SIDEPAR sea una herramienta de seguimiento a las veedurías y grupos de control social en el país, de modo que el Estado pueda adelantar ejercicios focalizados de prevención de la corrupción, con interlocutores bien definidos, en áreas geográficas claras y en asuntos públicos específicos. Igualmente hay que profundizar el ejercicio de auditorías visibles a otras fuentes de financiación como SGP o Contratos Plan y no sólo a regalías. Finalmente, aunque ya contamos con una metodología de trabajo para las Comisiones Regionales de Moralización, es importante profundizarla mediante la articulación con veedurías ciudadanas de modo que el control social y el control institucional puedan trabajar en equipo para prevenir la corrupción en el territorio.


Para la cuarta estrategia "hacer seguimiento al desarrollo de herramientas y mecanismos para la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el estado y la sociedad", se lograron avances en los siguientes frentes, lo cual soporta un avance de esta línea del 25%:

  • La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) desarrolló 15 eventos de capacitación en sus sedes territoriales para los servidores públicos en nuevas temáticas relacionadas con acceso a la información pública, control interno, ética, integridad y estatuto anticorrupción.

  • Se está adelantando un trabajo importante desde el Ministerio de Educación Nacional en la promoción de competencias ciudadanas en niños y jóvenes: 94 Secretarías de Educación cuentan con las orientaciones para la institucionalización del desarrollo de competencias ciudadanas y se está desarrollando una ruta metodológica para que dichas secretarías incorporen material relacionado con cultura de la legalidad e integridad.

  • Otro logro importante resulta del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Sociedades y la Secretaría de Transparencia que resultó en la elaboración de un proyecto de ley ya presentado al Congreso de la República, en el  que se regula la responsabilidad de personas jurídicas, de acuerdo con estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, a partir de una serie de reformas al cuerpo normativo existente, incluyendo al estatuto anticorrupción. La reforma al estatuto incluye asuntos relacionados con conflicto de interés. Esto facilita la promoción de la integridad al no limitar sólo entre las personas naturales la responsabilidad por actos de corrupción.

 

Sin embargo, quedan varios retos en esta materia: Se está adelantando una investigación jurídica con el fin de actualizar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos, con énfasis en los servidores de elección popular. Queda por generar una metodología para que los gremios desarrollen acuerdos de autorregulación para el ejercicio legal y transparente de su actividad económica. Igualmente es importante desarrollar lineamientos que permitan evaluar las experiencias exitosas en materia de transparencia y  lucha contra la corrupción dentro del sector privado, reconocer dichas experiencias y replicarlas.

 

En la quinta y última estrategia "desarrollar herramientas para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción", se tiene un avance del 30%, el cual cuenta con los siguientes resultados: 

  • La Ventanilla Unificada de Denuncias contra la Corrupción –(VUD)  fue desarrollada y se encuentra lista para entrar en funcionamiento. Por medio de dicha herramienta los ciudadanos pueden radicar sus denuncias bien sea anónimamente o con plena identificación, adjuntar pruebas documentales y hacer seguimiento al estado de sus denuncia.

  • La Secretaría de Transparencia desarrolló un mecanismo de denuncias de alto nivel que permite detectar qué fases de un proceso licitatorio son vulnerables a corrupción en contratos multimillonarios, especialmente en asuntos como favorecimiento de pliegos. Se estrenó en el mecanismo con la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-, para estudiar licitaciones por 16 billones de pesos para la construcción de vías de cuarta generación (4G).

  • En cuanto a esfuerzos de coordinación para luchar contra la impunidad, la Secretaría de Transparencia adelantó proceso de diálogo y consulta con representantes de todas las entidades de la Comisión Nacional de Moralización y de las 32 Comisiones Regionales de Moralización. Este trabajo generó la cartilla de lineamientos y metodología para la operación de las Comisiones Regionales. Se creó un espacio para visibilizar la gestión de cada una de las 32 Comisiones Regionales dentro del sitio web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción www.anticorrupcion.gov.co.

 

Existen algunas actividades que requieren completarse: aunque la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) desarrolló un módulo anticorrupción para su curso e-learning en anti-lavado de activos y financiación del terrorismo, aún se requiere completar el aplicativo web para hacerlo funcional. Por otra parte, aunque se seleccionaron 30 entidades del Ejecutivo que la UIAF considera deben ser reportantes de información objetiva  por ser susceptible a fenómenos de corrupción (adicionales a 38 que ya reportan), es necesario elaborar las directivas para que estos sujetos identificados empiecen a ser sujetos obligados de reporte ante la UIAF. 


En materia de coordinación en la lucha contra la corrupción, queda por concretar la creación y acciones del Comité de Coordinación Contra la Corrupción (C4) para investigar y estudiar casos de delitos de alto impacto en materia de corrupción. Igualmente queda por desarrollar un protocolo de intercambio de pruebas entre los organismos de control para que las investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal puedan compartir material y puedan adelantarse con mayor celeridad y bajo principios de colaboración armónica entre Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.

Para  conocer los resultados completos por componentes del indicador diseñado por la Secretaría de Transparencia acceda al siguiente enlace:


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