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La Jagua, un ‘modelo’ de corrupción en el manejo de regalías

20/03/16​
El municipio del país q​ue más regalías recibió en los últimos 4 años, tiene obras inconclusas, el agua no es apta para el consumo y la informalidad es del 80%.

​​​Desde que empezó a generar regalías, la historia de corrupción en La Jagua de Ibirico parece no tener fin. En los últimos 17 años, cinco alcaldes terminaron presos, uno  está prófugo y otro es investigado por el despilfarro y apropiación de los recursos que por la explotación de carbón recibe este municipio del Cesar, en el que a pesar de ser el municipio de Colombia que más regalías recibió en los últimos cuatro años ($310.000 millones), sus habitantes viven en medio de la pobreza, el atraso, obras inconclusas y afecciones relacionadas por la explotación del carbón.

El panorama es poco alentador. En casi dos décadas de escándalos la Contraloría General de la República acaba de revelar que la administración de Dídier Lobo que recién terminó el 31 de diciembre pasado está plagada de hallazgos de irregularidades, con detrimentos que apenas comienzan a conocerse.

Con la bonanza del carbón, a mediados de la década de los 90, La Jagua pasó de ser un simple pueblo de campesinos, dedicados a la agricultura y ganadería, a un territorio con grandes yacimientos del mineral. La llegada de las multinacionales carboneras y el flujo de dinero pudo haberle hecho creer a los lugareños que su suerte había cambiado, pero con el paso del tiempo y bajo administraciones de turno sin amor por lo propio, empezaron a darse cuenta que fue peor el remedio que la enfermedad.

En todo este tiempo La Jagua -que produce 18 toneladas de carbón al mes- ha recibido casi un billón de pesos, plata suficiente para suplir las necesidades básicas de sus 22.300 habitantes. Pero contrariamente, la riqueza que deja el carbón no se compadece con los padecimientos de la población.


Un aspecto de la iglesia y la plaza de La Jagua de Ibirico que tiene una población de 22.300 habitantes.

Un pobre rico. “Plata sí hay, pero se la embolsillan los alcaldes”, dice Luis Carlos Royero, quien durante los últimos tres años ha intentado buscar trabajo formal, ya sea en las minas o en la administración municipal, las principales fuentes de empleo en esa localidad. Ante la falta de oportunidades no tuvo más remedio que dedicarse al mototaxismo.

“Tengo tres hijos, debo pagar arriendo y lo que me gano son, a duras penas, unos 15.000 pesos diarios. Aquí la vida es difícil”, sostiene este hombre de 36 años que asegura que con todas las regalías del carbón “La Jagua debería ser un paraíso”.

Desde 1998 hasta la fecha, la historia da cuenta de que los mandatarios a los que les ha correspondido manejar estos recursos han salido cuestionados por cuenta del despilfarro de las regalías, mientras el municipio sigue sufriendo por falta de agua potable, un eficiente y oportuno servicio de salud, acceso a la educación y de una vivienda digna, entre otras falencias que los mismos pobladores reconocen.

“Cuando son candidatos, le prometen mucho a la gente, pero una vez llegan a la silla del poder se olvidan de nosotros. Este es un pueblo pobre”, señala Herminia Contreras, vendedora de jugos en la plaza principal. “La plata quién sabe para dónde se la están llevando”, dice al reafirmar que algunos sectores ni siquiera cuentan con gas natural.

“Aquí la mayoría de la gente vive de la economía informal”, sostiene Hernán Soto, otro vendedor estacionario.

El 'oro negro' enferma. Para muchos de los habitantes raizales, más que una bendición el carbón se convirtió en una “maldición”. La actividad minera genera sus regalías, y eso lo reconocen como un privilegio, lo malo es que los gobernantes les han dado un mal manejo, apropiándose, en algunos casos, de estos dineros que podían satisfacer las necesidades de la población.

“Vea, si esa plata se invirtiera como debiera, aquí no tuviéramos problemas, todos viviríamos felices”, afirma Bryan Méndez, habitante de la urbanización Nancy Lobo.

Pero además de que al pueblo no se le ven los beneficios, lo que sí se evidencia es el deterioro social y ambiental por la explotación del carbón: los niveles de contaminación son altos, al punto que, de acuerdo con el gerente del hospital local, Hernando Cabello, cada año son mayores los registros de enfermedades respiratorias, especialmente en niños y ancianos; también hay afectaciones de la visión, problemas auditivos y hasta cancerígenos.

Registros del centro asistencial indican que en 2012 fueron atendidos 2.500 casos de infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años y en 2014 se detectaron 6.000.

Daño social. Paralelo a los efectos que para la salud deja el polvillo del carbón transportado en trenes y camiones, y a las explosiones en los yacimientos, existe otro daño colateral: la descomposición social.

Aunque la proyección poblacional del Dane indica que en La Jagua habitan unos 22.300 personas, lo cierto es que la actividad minera genera un movimiento flotante, al punto que se estima que hay unos 35.000 habitantes y con ello los crecientes fenómenos de inseguridad, drogadicción, prostitución, embarazos no deseados, abortos y alcoholismo, entre otros problemas.

Cabello señala que “ya hay problemas de salud pública, desde el punto de vista social”. Las jóvenes ven a los trabajadores mineros como una expectativa de vida y ellos que ganan millones por mes en algunos casos no tienen una sino dos y tres mujeres. “Así viene la promiscuidad, se genera la prostitución y el aumento de enfermedades de transmisión sexual, entre otras”, subraya.

La situación se torna preocupante porque el hospital Jorge Isaac Rincón Torres, el principal centro asistencial del pueblo, está a punto de caer en riesgo alto financiero debido a que la actual administración, en cabeza de Yarcely Rangel, quien para ser elegida obtuvo el respaldo de la administración de Dídier Lobo, se niega a pagarle $1.351 millones que le adeuda a corte de diciembre de 2015.

“Con esa plata el hospital podría pagar la nómina de 7 meses”, afirma Cabello.

La inseguridad, a decir de sus habitantes, se ha disparado. La comerciante Gladys Sanguino indica que “ya sentimos temor de movernos de un barrio a otro o de ir a la plaza porque nos pueden atracar. Esto es algo que nunca antes se había visto”.​


La Casa de la Cultura está sin terminar desde hace 12 años. La inversión fue de $​3.000 millones.

Alcaldes en líos. Los alcaldes han sido investigados, destituidos, inhabilitados y puestos tras las rejas por malgastar recursos por  regalías de alrededor de 300.000 millones de pesos. La relación de mandatarios cuestionados comienza con Ana Alicia Quiroz, quien gobernó entre 1998 y 2000. Fue capturada en 2001 por dilapidar $1.000 millones.

La exalcaldesa terminó condenada a cinco años por contratación indebida. La plata la justificó con arreglos florales, refrigerios y bonificaciones a escoltas. La Contraloría comprobó que la entonces mandataria malgastó los dineros, pagó asesorías, compró lubricantes y combustible para vehículos, entre otras situaciones.

Luego Hernando Díaz gobernó entre 2001 y 2003. Los lugareños lo recuerdan como un alcalde que manejaba el dinero como si fuera su caja menor. Llegó a pasar plata de las regalías a cuentas bancarias de su mujer. Fue capturado y recluido en la cárcel judicial de Valledupar.

Elegido para el periodo 2004 y 2007, Osman Mojica tomó las riendas del municipio pero solo gobernó hasta 2005. Fue hallado culpable por contratación indebida, peculado por apropiación por firmar contratos inexistentes por $3.827 millones y concierto para delinquir por presuntos nexos con grupos ilegales. También fue llevado a prisión.

Mojica fue destituido y en su reemplazo asumió Edinson Lima, quien en tan solo tres meses, entre 2005 y 2006, gastó $27.000 millones en obras sin planificación. También adquirió costosos bienes. Resultó condenado a ocho años de cárcel.

Luego llegó Laureano Rincón (Alas Equipo Colombia), elegido en 2006 y suspendido en 2007. Rincón se encientra prófugo tras ser investigado por contratación indebida.

La cadena de irregularidades continuó con Alfonso Palacio Niño (Liberal), alcalde para el periodo 2008-2011. Fue investigado y destituido por haber declarado una urgencia manifiesta para contratar de manera directa, con sobrecostos y sin el lleno de requisitos.

Los organismos de control concluyeron que Palacio contrató con proveedores y establecimientos comerciales inexistentes. Este mandatario también impulsó millonarias obras en corregimientos que están próximos a ser reubicados por la expansión del carbón.

El año pasado fue capturado por agentes del CTI atendiendo una orden del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, solicitada por la Fiscalía 12 seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la administración pública del Cesar.

Investigan a Lobo. En 2006 el Gobierno Nacional congeló el giro de regalías a La Jagua de Ibirico debido a los escándalos de corrupción. El 11 de febrero de 2007, el pueblo, cansado del despilfarro, la contaminación y lleno de necesidades, se volcó a las calles protagonizando una protesta que dejó un muerto y mereció incluso la intervención del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que ordenó una liberación gradual de los recursos para cubrir los padecimientos del pueblo, pero después todo siguió igual.

Los recursos tuvieron restricciones y el flujo no fue el mismo, hasta el periodo pasado cuando el alcalde Dídier Lobo Chinchilla recibió $310.000 millones de regalías. Las inversiones no se hicieron esperar. Los recursos fueron destinados para la construcción de casas, una villa olímpica, parques, dotación a colegios, vías, alimentación escolar, entrega de kits alimentarios y otras.

Los hallazgos. Todo parecía estar bien. Sin embargo, una auditoría de la Contraloría General de la República a su gestión entre 2012, 2013 y 2014 reveló más de 40 hallazgos en la gestión de Lobo Chinchilla, evidenciando posible detrimento en el manejo de estos recursos, por lo cual algunos fueron trasladados para lo de su respectiva competencia a la Fiscalía y la Procuraduría.

Entre los más relevantes se encuentran hallazgos fiscales por $7.019 millones por manifiestas irregularidades en dos contratos para la construcción de 1.010 viviendas para población pobre y vulnerable.

Uno de ellos trata de la construcción de 328 casas de la urbanización Nancy Lobo en la que fueron invertidos  $19.986 millones.

La Contraloría evidenció una serie de falencias de carácter técnico y constructivo en la obra, deficiencias en los elementos estructurales construidos, tanto en cimentación como en vigas y columnas.

La obra fue recibida a satisfacción por la administración municipal. Las entregó a las familias beneficiadas y a menos de un año ya estaban deterioradas.

Margelys Rangel, una de las residentes en estas casas, señala que “estaban agrietadas, ahora las están tratando de arreglar, pero lo que se nota son parches en la mayoría, parecen remiendo de donde estaban las fisuras”.

Llama la atención que el  mandatario saliente haya bautizado el proyecto con el nombre de su hermana fallecida hace un par de años.

Alimentación escolar. Otro contrato por el cual Lobo está en el ‘ojo del huracán’ es el relacionado con el suministro de kits alimentarios para niños menores de cinco años y madres gestantes por más de $15.000 millones, y por el cual la Contraloría le acaba de abrir un juicio de responsabilidad fiscal al determinar sobrecostos en los productos que derivaron en un posible detrimento de $2.380 millones.

El contrato se hizo con una Unión Temporal, que tiene como integrante a la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano – GERS, cuestionada como una de las firmas del carrusel de la contratación de la alimentación escolar en el país, con la representación legal de Marlene Vásquez Guerrero. A GERS también le abrieron juicio de responsabilidad fiscal, lo mismo que a sus socios en la Unión Temporal: Industrias Alimentos y Cathering Catalina SAS, representada por William Fajardo Rojas, y la Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda, Fundalimentos, representada por Mauricio Castillo Rodríguez, informó la Contraloría.

Ahora la atención se centra en la nueva administración, en cabeza de la alcaldesa Yarcely Rangel, del mismo grupo político de Dídier Lobo (Partido de La U). Ella recibió de la administración anterior un contrato de alimentación escolar con el Consorcio Alimentando Corazones 2016, que tiene a la empresa GERS detrás del mismo por un valor de $3.323 millones para 200 días de alimentación escolar.

Sin embargo, para Marlene Vásquez, representante de la firma, el hecho que vengan contratando año tras año, representa la oportunidad que debe dársele a las empresas de la región y dijo que la modalidad de los consorcios y uniones temporales es señal del crecimiento de las mismas.

Un día en la Jagua. La temperatura alcanza los 40 grados centígrados. A lado y lado de la vía principal ‘Félix Manuel Mendoza’, llamada así en homenaje al taxista que murió durante la protesta que protagonizó el pueblo en 2007 para que invirtieran bien las regalías y mermara la contaminación, están las cantinas, billares y restaurantes que dinamizan un poco la precaria economía de esta población.

Las expectativas del comercio son los trabajadores mineros que ganan buenos sueldos. Son los potenciales clientes de todos los negocios. Cuando salen de las minas algunos llegan a los establecimientos a tomar licor, jugar billar o hacer compras. Los bienes y servicios giran alrededor de ellos.

Refugiándose del sol ardiente, debajo de la tarima de la plaza principal, frente a la Alcaldía están los contratistas y uno que otro lugareño con su hoja de vida bajo el brazo con la esperanza de conseguir empleo; además está allí todo el comercio informal: mototaxistas, vendedores de jugos, empanadas y frutas.

En la mañana en el resto del pueblo no hay mucho movimiento. Las mujeres se dedican a los quehaceres del hogar y los hombres al ‘rebusque’ diario.

Al caer la tarde la vida tranquila comienza a cambiar: la actividad nocturna gira alrededor de los bares y cantinas; las ventas de cervezas y whisky. Entonces comienza na salir mujeres jóvenes, con prendas llamativas, rumbo a establecimientos nocturnos y casas de lenocinio.

Muchas cosas en esa vida nocturna cobran vida por aquello del impacto social y económico que deja la circulación de dinero de los empleados mineros.

Así pasan las horas hasta la madrugada, cuando La Jagua vuelve a su tranquilidad a la espera de una nueva mañana, sin un futuro cierto para sus miles de habitantes que viven sin que la mayoría de sus necesidades básicas hayan sido satisfechas por los gobiernos de turno.​


​Los “elefantes blancos”​


El centro recreacional que costó $5.000 millones está en ruinas. Nunca fue inaugurado y se pierde entre la maleza.

​​A un costado de la entrada de La Jagua de Ibirico están las ruinas de lo que iba a ser un moderno centro recreacional. La inversión en el mandato de Hernando Díaz fue de unos $5.000 millones. La obra nunca fue inaugurada y se perdió entre la maleza. La Casa de la Cultura, también obra de Díaz, está aún sin terminar después de más de 12 años y un costo de $3.000 millones. Las inst​alaciones están en ruinas. El mercado público sirvió por mucho tiempo de albergue a familias desplazadas que llegaron a la cabecera huyendo de la violencia. Las instituciones educativas también han sido ‘excusa’ para el desvío de recursos, por ejemplo en el colegio José Guillermo Castro gastaron más de $5.000 millones en aulas  y remodelaciones, pero su estructura no se compadece con los dineros invertidos, y algunas están abandonadas y sin terminar.


Fuente: www.elheraldo.co 


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