Indicador de Sanciones Fiscales

Actualizado a julio de 2019

Fuente: Auditoría General de la República



 

Presentación indicador
Este indicador presenta información acerca de las sanciones fiscales (fallos con responsabilidad fiscal) impuestas en el territorio nacional. Su cálculo se basa exclusivamente en los registros del Sistema Integral de Auditoría (SIA Observa), el cual es administrado por la Auditoría General de la República (AGR). Las sanciones fiscales son impuestas por medio del proceso de responsabilidad fiscal consagrado en la Ley 610 de 2000, el cual se define como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen de cualquier forma un daño al patrimonio del Estado.

Actualmente, el indicador se actualiza de forma anual; se espera, sin embargo, que gracias a los esfuerzos de cooperación interinstitucional que se están llevando a cabo este cálculo pueda realizarse próximamente de forma semestral.

De manera puntual, este indicador expondrá la siguiente información: número y participación de sanciones fiscales por departamento, distribución según origen de la sanción fiscal y duración de los procesos fiscales ordinarios vs. Procesos fiscales verbales. 

Para la Secretaría de Transparencia y para el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, es de gran importancia realizar este tipo de mediciones. Conforme al artículo 11, numeral 12 del Decreto 179 de 2019, es función de la Secretaría de Transparencia “Elaborar estudios, investigaciones, indicadores y demás instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción, y ejercer la administración, divulgación y funcionamiento del Sistema General de Información de Lucha Contra la Corrupción, el cual interoperará los diferentes sistemas de información y bases de datos con que cuenta el Estado, con el fin de generar alertas tempranas de corrupción”.


Presentación de la Entidad
Teniendo en cuenta que este indicador es posible gracias a los registros del SPOA, administrado por la Fiscalía General de la Nación, resulta prudente exponer la misión y visión de esta entidad:


Misión
La Auditoría General de la República coadyuva a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la Constitución Política, el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción.


Visión
En 2019 seremos reconocidos por haber contribuido a la consolidación de una paz estable y duradera, al hacer del control fiscal un factor que promueve el desarrollo transparente de la gestión pública.


Glosario
Teniendo en cuenta que este indicador versa sobre los procesos de responsabilidad fiscal, es importante comprender lo relativo al control fiscal, cuál es su finalidad, cómo funcionan sus procesos, qué se entiende por daño patrimonial, y cómo se organiza el aparato institucional encargado de ejercer dicho control. Según el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, “el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación”. La Contraloría General de la República, entre otras cosas:


“Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen, por acción o por omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado [; conforme a esto,] impone las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal” (Contraloría General de la República).


Adicionalmente, y según el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías:


[…] se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.


Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede ahora hacer mención de los tres elementos necesarios para determinar la responsabilidad fiscal en un caso: se requiere deuna conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; un daño patrimonial al Estado; y un nexo causal entre los dos elementos anteriores(Art. 5, Ley 610 de 2000).


Según el artículo 8 de la Ley 610 de 2000, los procesos de responsabilidad fiscal podrán iniciarse “[…] de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorías, de la solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana […]”.


Análisis
La Ley 610 de 2000 estableció el proceso de responsabilidad fiscal, el cual se define como  el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen de cualquier forma un daño al patrimonio del Estado.


A partir de los datos registrados en el Sistema Integral de Auditoría—SIA— de la Auditoría General de la República, el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción pudo establecer que entre el año 2010 y 2018 se presentaron 3961 sanciones fiscales, de las cuales 3477 son sanciones fiscales ordinarias y las restantes 484 son sanciones fiscales verbales.


El Observatorio analizó el comportamiento de los procesos fiscales fallados con responsabilidad por departamentos y por contralorías. Se encontró que la Contraloría General de la República ha sancionado 1304 procesos con responsabilidad fiscal que representan el 32.9% del total de sanciones fiscales. Solo teniendo en cuenta los departamentos; el departamento con mayor cantidad de sanciones fiscales es Antioquía con 427 sanciones (16.1%), seguido por Tolima con 192 sanciones (7.2%), Caquetá con 187 sanciones (7%), Boyacá con 165 sanciones (6.2%) y Cundinamarca con 164 sanciones (6.1%). Estos 5 departamentos, concentran el 42.7% de las sanciones fiscales.


Número y participación de sanciones fiscales por departamento.

Primeros 10 departamentos

Observatorio Transparencia y Anticorrupción

 

Fuente: Sistema Integral de Auditoría -SIA- de la Auditoría General de la República.  Cálculos: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

Es importante analizar el origen de las sanciones fiscales. El 64% de las sanciones fiscales se origina en procesos auditores – 2528 sanciones – seguido por 18% de denuncias ciudadanas - 718 sanciones – y un 14% por indagaciones preliminares – 569 sanciones-. En estas tres categorías de origen se reúne el 96% de las sanciones fiscales. El restante 4% se origina por otros mecanismos como revisión de cuentas, por oficio y control excepcional.



Distribución según origen de la sanción fiscal

Observatorio Transparencia y Anticorrupción

Fuente: Sistema Integral de Auditoría -SIA- de la Auditoría General de la República. Cálculos: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.



 

Importancia de las Sanciones Fiscales Verbales
Con la entrada en vigencia del Estatuto Anticorrupción, a partir del 2012 se crea el procedimiento verbal para los procesos de responsabilidad fiscal (Art. 97, Ley 1474 de 2011) con el objeto de dar celeridad a los procesos. 


Este procedimiento aplica a procesos cuya cuantía sea inferior a 150 SMLMV, cuando se determine que están dados todos los elementos para proferir imputación y sí existe flagrancia en la generación del daño, de forma que se reducen los términos.


Dado que el objetivo de la creación del proceso verbal es agilizar los procesos de responsabilidad fiscal, el Observatorio analizó el tiempo de duración del fallo de los procesos verbales contra los procesos ordinarios. Para el análisis de los tiempos de duración de las sanciones fiscales se toman tres fechas de referencia.


Las dos primeras fechas que permiten establecer el inicio del proceso: i) la fecha de ocurrencia del hecho y ii) la fecha de auto de apertura. Así como una tercera, la fecha de decisión, que señala la finalización del proceso. 


Por lo tanto los dos posibles lapsos se determinan así:


Primera forma = Fecha de Decisión – Fecha de ocurrencia del hecho
Segunda forma = Fecha de Decisión – Fecha de auto de apertura


De esta forma, se establece que -en promedio- los procesos fiscales se llevan a cabo en  2.6 años desde la apertura hasta la clausura del proceso fiscal.  Para los procesos ordinarios se evidencia que en promedio duran 3.5 años mientras que las procesos verbales se llevan a cabo en 1.7 años.


Esto corrobora  lo que motivó la introducción del articulo 97 en el Estatuto Anticorrupción,  pues las sanciones fiscales verbales se impone en menos de la mitad de tiempo de lo que tardan los fallos respecto a las sanciones fiscales ordinarias. Esto permite concluir que las sanciones fiscales verbales son significativamente más ágiles.

Duración de los procesos fiscales ordinarios vs. Procesos fiscales verbales

Observatorio Transparencia y Anticorrupción

Fuente: Sistema Integral de Auditoría -SIA- de la Auditoría General de la República.  Cálculos: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.