Indicador de avance en la implementación de las convenciones anti cohecho
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

Fuente: Secretaría de Transparencia

 

Presentación indicador
Mediante el decreto 672 de 2017, se confirió a la Secretaría de Transparencia una serie  de funciones entre las que se encuentran: Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia mediante los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción. En el marco de este compromiso se construyó una metodología que busca medir el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones hechas por la convenciones anti cohecho de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).


Este indicador será calculado de acuerdo a cada ronda de evaluación que realice el mecanismo de seguimiento, lo cual sugiere que el indicador no contará con una periodicidad fija ya que depende de lo estipulado por el equipo de expertos evaluadores. Lo que sí es claro es que esta convención debe contar con 4 rondas de evaluación, de las cuales se han desarrollado 2.

Entidades que participan en el cumplimiento de recomendaciones OCDE
Debido a su naturaleza las entidades que hacen parte de la convención y tienen recomendaciones a cargo son:

​Entidades

Procolombia

Ministerio de Industria y Comercio
Ministerio de Relaciones Exteriores
Superintendencia de Sociedades
Secretaría de Transparencia
Superintendencia Financiera
Bancoldex
DIAN
Consejo Técnico de la Contaduría Pública
UIAF
Fiscalía General de la Nación
Ministerio de Justicia



Gráfica 1. Proceso de evaluación de la convención

Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. 
Para mayor información ver: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Anti-Bribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA%C3%91OL.pdf


Para la primera versión este indicador cuenta con un 88% de avance y corresponde a la suma del porcentaje de avance ponderado de cada una de las recomendaciones, tal como se muestra a continuación:

Tabla 1. Porcentaje de avance por recomendación

Tema
Porcentaje de avance
Prevención, sensibilización y capacitación 100%
Protección a reportantes 50%
Créditos a la exportación con apoyo oficial 18%
Impuestos 85%
Contabilidad y auditoria 73%
Lavado de activos y soborno trasnacional 54%
Investigación y el enjuiciamiento del soborno trasnacional y delitos relacionados 71%
Delito de soborno trasnacional 100%
La legislación sobre la responsabiilidad de las personas jurídicas 95%
Procedimientos administrativos contra personas jurídicas por soborno transnacional 71%
Respecto al delito relacionado con el lavado de activos, el Grupo de Trabajo recomienda que Colombia mantenga estadísticas detalladas sobre (i) sanciones sobre casos de lavado de activos, incluyendo el tamaño de las sanciones y activos confiscados o decomisados, y (ii) si el soborno transnacional es el delito fuente. 50%
Falsificación de estados contables 15%
Las sanciones y decomisos aplicables para el soborno transnacional 95%
Promedio 88%


Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

 


Logros a destacar
La 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) fortalece significativamente la ofensa colombiana de soborno en el exterior y suple varias deficiencias. Aquí exponemos las más relevantes:

  • La Ley 1778 de 2016 fortalece significativamente el delito de soborno transnacional y aborda muchas deficiencias planteadas en la Fase 2. El alcance de un "país extranjero" se ha definido ahora en la ley ampliándolo a otras jurisdicciones que no son necesariamente países y se ha incluido la "promesa" dentro de la tipología.

  • Las sanciones por sobornos extranjeros también se han incrementado, con respecto a las personas naturales y jurídicas. En ese sentido, se ha introducido la posibilidad de prohibir a una persona condenada por soborno extranjero el ejercicio de una función pública y la privación de cualquier derecho político, de conformidad con la sanción disponible para el soborno nacional.

  • Se dispone de sanciones financieras sustancialmente mayores para las personas jurídicas que se han aumentado de un máximo de 2. 000 SMLMV a 200 000 (aproximadamente USD 45 millones).

  • Se han evidenciado mejoras significativas  la responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia. La responsabilidad de las personas jurídicas anteriormente solo cubría sociedades, hoy en día se extiende a todas las personas jurídicas, quienes cotizan en bolsa, ONG, empresas, etc. 

  • En la ley la prescripción para los procedimientos administrativos contra una empresa por una falta de soborno en el extranjero se ha incrementado de 5 a 10 años.

  • A través de Decreto 1817 de 2015 se fortaleció la independencia de la Superintendencia de Sociedades con respecto a las reglas de libre nombramiento y remoción, con el fin de prevenir influencias indebidas por intereses políticos o factores prohibidos por el Artículo 5 de la Convención.

  • En términos de desarrollo institucional, en 2017 Colombia reestructuró la Fiscalía General de la Nación, fortaleciendo su capacidad de investigar crímenes financieros y económicos. Esto, mediante la creación de una dependencia llamada "Delegada para las Finanzas Criminales". Su función es apoyar investigaciones y enjuiciamientos y ha tomado medidas para aumentar su experiencia en sobornos extranjeros y todo tipo de delitos trasnacionales, como los “peles de Panamá” o casos importantes de delitos financieros.

  • Colombia ha establecido la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, quien tiene la responsabilidad de enjuiciar los casos de corrupción más graves, y ha creado un grupo de trabajo en 2017 con el objetivo específico de perseguir la corrupción transnacional.

  • Colombia está en una posición para detectar e investigar más activamente el soborno transnacional, incluido el uso de Asistencia Judicial Reciproca. Esto se ha demostrado en la práctica pus Colombia tiene abierta una investigación de soborno en el extranjero, basada en una solicitud de asistencia judicial mutua entrante de otra país de  la Convención. Adicional a esto, Colombia ha estado activa en el caso Odebrecht, investigando, enjuiciando y sancionando a los funcionarios públicos colombianos involucrados.

  • La ley 1778 establece que se encuentra contemplada la obligación de las autoridades tributarias de pasar información sobre casos de soborno transnacional a la Superintendencia de Sociedades. Del mismo modo, la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades deben informarse recíprocamente de cualquier notificación penal o investigación provisionalmente clasificada como soborno transnacional.

  • El proyecto de Ley de protección a denunciantes fue radicado ante el Congreso. Esta legislación unificará y creará medidas adicionales para proteger a los denunciantes contra las represalias y el acoso.

  • Con respecto al trabajo con las empresas, Colombia ha realizado esfuerzos significativos a través de eventos en varios sectores organizados por la Secretaría de Transparencia, que incluyen:

    • Capacitación dirigida para funcionarios del sector público involucrados con empresas colombianas que operan en el exterior como Pro Colombia y la cancillería y para empresas que operan en áreas geográficas de alto riesgo y sectores sensibles, incluidas las PYME.

    • Fortalecimiento a la formación de investigadores y fiscales, jueces y personal de la Superintendencia de Sociedades.

    • Capacitación a contadores, auditores y funcionarios de la UIAF.