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Avances y desafíos tras cinco años de su expedición

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¿Qué acciones deberían desarrollar de manera prioritaria el Estado, el sector privado y la ciudadanía, para la promoción de la Cultura de la Legalidad en Colombia?

 
Pablo Abitbol*​
 
 
La parábola del casco

El día que regresé a Colombia tras varios años de estudio en el exterior, salí a caminar.

 
Iba tranquilo por el andén, reconociendo viejos recuerdos y extrañando algunas memorias, cuando una moto casi me arrolla - ¡tuve que hacerme abruptamente hacia un costado del andén para esquivarla!

 
Al reclamarle a viva voz al motociclista que había puesto mi vida en riesgo, sin consideración alguna, transitando a toda mecha por un espacio público reservado para los peatones, el caballero frenó, se bajó de la moto, se quitó el casco y se me abalanzó para, literalmente, cascarme.

 
La promoción de una cultura ciudadana de respeto a la ley depende crucialmente de la capacidad que cada uno de nosotros debería poder ejercer para sancionar socialmente a quienes transgreden los límites normativos que nos hemos autoimpuesto para cultivar y facilitar nuestra convivencia cotidiana. Pero esa función vital de castigo a los transgresores no puede ser efectivamente realizada, ni cultivada, si al hacerlo nuestra vida queda en riesgo, y, peor aún, cuando no confiamos en la capacidad del estado para protegernos.

 
Una de las acciones prioritarias en las que el estado y la ciudadanía debemos embarcarnos es la reflexión sincera y profunda sobre la policía. Un reciente análisis de DeJusticia sobre el servicio de policía y la confianza ciudadana en dicha institución es preocupante. Es el momento de abordar el espinoso tema de la reforma policial en Colombia, para que podamos avanzar hacia la constitución social de un país más civilizado.
*Profesor, Universidad Tecnológica de Bolívar​.

 

 
Andres Hernández*

Para Transparencia por Colombia, una organización sin ánimo de lucro que ha trabajado el tema de lucha contra la corrupción en Colombia por 15 años, la Cultura de la Legalidad debe empezar por un cambio cultural donde se respeten las normas y las reglas que tiene la sociedad.

 
Existe una responsabilidad compartida entre ciudadanos, funcionarios públicos, empresarios, academia, medios de comunicación, entre otros, sobre cómo entre todos se puede construir un entorno y unas prácticas favorables con el fin de generar comportamientos honestos y orientados hacia el respeto a los demás y así contrarrestar esa cultura del más vivo.

 
Los actos corruptos generan un daño que va más allá de lo económico y de lo jurídico, el daño social que se genera a partir de los comportamientos corruptos, se debe abordar con las misma importancia con la que se abordan las sanciones jurídicas, es decir deben haber sanciones sociales, sanciones políticas y sanciones comerciales  para construir un mejor país.

 
Transparencia por Colombia tiene claro que en el día a día se puede ir construyendo la Cultura de la Legalidad. El control ciudadano está orientado hacia el diálogo y la construcción colectiva entre ciudadanos y autoridades públicas. También existen espacios de rendición de cuentas, lo que genera confianza entre actores sociales y políticos.

 
Se debe liderar con el ejemplo, todos los sectores del país hacen parte del cambio y con los esfuerzos que cada ciudadano realice  día a día se puede ir construyendo el camino a la Cultura de la Legalidad en Colombia.

 
*Andrés Hernández​
Director Área Ciudadanía
Transparencia por Colombia

 

C​lara Carrillo*
 
 
En primer lugar, recomiendo crear o consolidar una instancia encargada de la coordinación y articulación de las acciones el Estado, el sector privado y la ciudadanía  en torno a la promoción y pedagogía de la Cultura de la Legalidad en Colombia. Reconocer las acciones ilegales y contrarias a principios universal​es como algo culturalmente valido, como algo 'natural' y previsible genera violencia e incrementa la desconfianza entre los mismos ciudadanos. Por tanto se requieren respuestas integrales que sean efectivas y reconozcan esta compleja situación.

 
En segundo lugar, propongo, avanzar hacia una armonía entre ley, moral y cultura mediante el fortalecimiento de la interacción entre ciudadanos, lo cual  significa una reconstrucción de lo público inspirada en procesos pedagógicos y democráticos más comprometidos con la realidad y menos con la exclusión. Esta tesis, que escribí en el 1991, daría origen a Cultura Ciudadana en Bogotá.

 
Dicho ejercicio ha mostrado como la reconstrucción de moralidad y legalidad puede alcanzarse efectivamente mediante la interacción en el corazón mismo de la cotidianidad de la ciudad y su cultura. Aún más, el reto de comprender qué nos falta en el proceso de la construcción de ciudadanías  y  de preparación para el postconflicto, implica una reflexión en distintos espacios que fomente el reconocimiento democrático entre ciudadanos y  la conciencia de reciprocidad en contextos, donde los acuerdos políticos se realicen dentro de un marco de una justicia transicional y restaurativa. Allí, a mi juicio, la pedagogía, desempeñará un papel determinante para la consolidación de las reglas de juego del Estado de derecho, la disposición a perdonar  y la reconciliación de lo separado en medio de la guerra.

 
 ​
*MA.,Ph.Dc​​​
Directora Unidad de Educación
Franklin Covey, Colombia


 
Corporación Ocasa

 
​​ 
Partiendo de la idea de que la cultura de la legalidad se desprende y convive con el Estado de derecho, es esencial que el Estado colombiano garantice el cumplimiento de las leyes a todo nivel. Para esto es necesario el fortalecimiento y la independencia de la rama judicial para la administración de justicia; por ningún motivo ésta debe politizarse. 

 
Además de esto, una segunda acción que debe tomar el Estado es  incluir desde el Ministerio de Educación una catedra de cultura de la legalidad en colegios públicos y privados a nivel nacional. 

 
Por otra parte el sector privado debe alinearse con las estrategias del Estado y trabajar de la mano con este, primero en la eliminación de prácticas corruptas y segundo apoyando las acciones que emprenda el Estado, bien sea con recursos o con la promoción de estas acciones al público en general. Por ejemplo, los medios de comunicación pueden incluir el tema en la agenda pública para que las personas comiencen a sensibilizarse con la cultura de la legalidad y las acciones del Estado.

 
Por último, las acciones desde la ciudadanía deben estar encaminadas a la sanción social de quien incumpla normas en la cotidianidad, como botar basura en la calle, pasarse un semáforo en rojo, irrespetar la fila, etc., lo cual requiere ciudadanos consientes de la necesidad de convivir en una sociedad respetando al otro y respetando los marcos legales. Para que esto suceda no se puede esperar a que el cambio de comportamientos sea liderado o garantizado únicamente por el Estado; sólo con la confluencia de acciones entre lo público, lo privado y lo social se podrán poner en marcha acciones que garanticen una cultura de la legalidad. En concreto las acciones son:

 
Estado 
​1. Garantizar un sistema judicial transparente, confiable y autónomo. 
2. Implementar cátedras de cultura de la legalidad en los colegios. 
 
Sector privado 
​1. Eliminar prácticas corruptas, propias del sector privado, tanto en su interior como en la relación con el Estado y la ciudadanía. 
2. Apoyar las acciones que implemente el Estado. 

 
Ciudadanos
​1. Sancionar socialmente a quienes infrinjan la ley en situaciones que respondan a la cotidianidad. 
2. Hacer un proceso de concientización. 

     
Finalmente, desde las organizaciones de la sociedad civil es posible integrar estos tres actores o fungir como interlocutor entre ellos. En tanto la cultura de la legalidad se construye y fundamente en prácticas cotidianas, son muchas las acciones concertadas que se pueden hacer. Por ejemplo:  
  • Retomar los ejercicios de auto regulación ciudadana de la era Mockus o armar una suerte de directorio de buenas prácticas para ser replicadas a nivel local. 
  • Desarrollar una campaña cívica en que conductores y peatones se vean en la obligación de cumplir las normas de tránsito. De esta maner​a se introduce en las personas el respeto por la ley y las normas sociales y se evidencian las bondades que esto trae consigo.
  • Vincular voluntarios en las ciclo rutas para que paren a los ciclistas que vallan sin casco e imponerles un “comparendo o sanción pedagógica” o hacerles firmar un compromiso de llevar el casco y demás implementos de seguridad, entre muchas otras.   

 
Polyana Hernandez López*
 

 
La promoción de la cultura de la legalidad no se puede desligar de la integridad, es decir debe estar enmarcada en la promoción paralela de la atención hacia los valores y principios, en razón a la necesidad de ser coherentes y consistentes con las actitudes y conductas que se requieren para una adhesión voluntaria de la ley, que conduzca a rechazar de forma natural cualquier acto que genere riesgo de corrupción en los individuos, e incluso, a prevenirlo a través de su mismo carácter. Por esta razón, es prioritario orientar a través de las aulas educativas, desde el nivel más bajo al más alto, desde las públicas, hasta la privadas, cátedras o espacios reflexivos de formación ética. Igualmente, debería darse utilidad a los medios de comunicación, escritos y audiovisuales para que a través de ellos se promocionen conductas que reflejen en la sociedad la importancia de vivir con principios, valores y una moral en alto, con mensajes que promocionen que es mejor ser correcto y no corrupto.
 
*Proyecto 'Soy Correcto, no Corrupto' y Proyecto IGA
Procuraduría General de la Nación

 

 
     

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