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Nuevas Mediciones del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Estos son algunos de los principios del Estado Abierto y lo que buscan en esencia es avanzar en la lucha contra la corrupción

Las encuestas están dirigidas a la ciudadanía y servidores públicos

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Comunicado: Junio 21 de 2016

​21/06/16
La comisión es la máxima instancia con la que cuenta la sociedad civil para formular recomendaciones al Estado colombiano, orientadas a la prevención, control y sanción efectiva de la corrupción.

El pasado 15 de junio, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 958, por el cual se reglamenta la postulación y nombramiento de los miembros de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, instancia creada por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). La comisión es la máxima instancia con la que cuenta la sociedad civil para formular recomendaciones al Estado colombiano, orientadas a la prevención, control y sanción efectiva de la corrupción.

Los miembros de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción serán elegidos por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de las ternas que presenten las organizaciones representativas de los sectores establecidos por el Estatuto Anticorrupción: sindicatos, organizaciones no gubernamentales, universidades, medios de comunicación, organizaciones religiosas, veedurías ciudadanas, el Consejo Nacional de Planeación y gremios económicos.

“La escogencia de los comisionados se realizará a través de un proceso transparente, democrático y participativo. Esperamos que sean nuestros aliados en el esfuerzo por desterrar la corrupción de nuestras instituciones; que nos apoyen en la generación de conciencia sobre el rol del sector privado, la academia y la sociedad civil en su conjunto; y sobre todo, que nos ayuden a construir un país más íntegro y transparente, como garantía de una paz estable y duradera”, afirmó el Secretario de Transparencia, Camilo Enciso Vanegas, quien es responsable y garante del proceso en la Presidencia de la República.

Los comisionados, que ejercerán su labor ad honorem durante 4 años, deben ser colombianos en ejercicio, no haber sido condenados por delitos o contravenciones dolosos, no haber sido sancionados disciplinariamente por falta grave o gravísima y no ostentar la calidad de servidor público ni tener vínculos contractuales con el Estado.

Documento relacionado: Decreto 958 de 2016

 

 


 

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