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“Colombia es un Estado más transparente que hace 7 años”: Santos

​Rubén Hernando Fernández Andrade, presidente de la Corporación Región, es el nuevo miembro de dicha instancia

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Comisión Nacional de Moralización -23 de enero de 2017-

​24/02/17

Reunión del Presidente Santos con integrantes de la Comisión Nacional de Moralización, durante la cual se examinaron los avances y retos de la lucha contra la corrupción para 2017.

 

Agenda del día


1. Avances de Política Pública
2. Reforma al Decreto 777 – Contratación de las ESAL
3. Plan de fortalecimiento al Grupo Anticorrupción de la Dijin
4. Revisión de avances y desafíos de la Supersalud
5. Ventanilla Única de Denuncias
6. Declaración de Compromisos por un Estado abierto

 

1. Avances de Política Pública
El presidente de la República instala la Comisión Nacional de Moralización enfatizando en la necesidad de una estrategia de lucha contra la corrupción para el posconflicto y haciendo un llamado a los presentes para fortalecer el trabajo interinstitucional.

Por su parte, la Secretaría de Transparencia destaca la creación de Laboratorio de Innovación Anticorrupción y la inclusión de esta entidad en el Consejo de Ministros.

2. Reforma al Decreto 777 – Contratación de las ESAL
La Agencia Nacional de Contratación del Estado - Colombia Compra Eficiente presenta la reforma al Decreto 777, que reglamenta el artículo 355 de la Constitución Política de 1991. La propuesta se sustenta en el abuso que se le ha dado a esta norma, pues en la actualidad las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) van más allá de su propósito constitucional de impulsar programas y actividades de interés público y contratan bienes, obras y servicios para necesidades distintas a las de los planes de desarrollo.

Entre los principales ajustes de la reforma al Decreto 777 se contemplan la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para las ESAL, la obligación de publicar la información de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y la ampliación del concepto de idoneidad ajustándolo a criterios más allá de la experiencia, como son la reputación y el reconocimiento. Así mismo, con el propósito de evitar la malversación de beneficios fiscales, las ESAL que participen en procesos de contratación de gran envergadura deberían tener registro en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

3. Plan de fortalecimiento al Grupo Anticorrupción de la Dijin
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) presenta el plan de fortalecimiento del Grupo Anticorrupción, cuyo principal objetivo es expandir su operación a los niveles regionales y locales, enfocándose en tres líneas investigativas: delitos contra la administración pública, delitos en la administración de justicia e investigaciones internas de la Fuerza Pública. Actualmente el accionar de la Dijin se concentra en el nivel central.

Las prioridades del plan de fortalecimiento son:
- Desplegar grupos de trabajo permanentes en las regiones, concretamente 100 nuevos investigadores y peritos.
- Fortalecer la investigación técnica mediante la adquisición y la renovación de equipos de tecnología para el apoyo de la investigación y análisis de información.
- Destinar recursos para la adquisición de medios de transporte, comunicación, computadores, medios logísticos y presupuesto para sostenimiento de operaciones en contra de la corrupción.
- Capacitar y realizar alianzas internacionales (plan de trabajo con la Interpol).

4. Revisión de avances y desafíos de la Supersalud
La Superintendencia de Salud presenta un estado del arte de los casos emblemáticos de corrupción en el sector. En el primero, el caso de Saludcoop, se está trabajando con un grupo designado por la Fiscalía General de la Nación para hacer frente desde el ámbito penal, dado que ya se han tomado decisiones disciplinarias, administrativas y fiscales. En el segundo, el caso de Caprecom, la Superintendencia de Salud recomendó su liquidación tras identificar irregularidades en la contratación y hallar la generación de giros sin existencia de facturas.

La Superintendencia de Salud también señala otros casos del régimen subsidiado, que han sido compartidos con las entidades de control. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la EPS indígena que opera en Córdoba. Allí se ha identificado el desvío de recursos y se ha avanzado en el recaudo probatorio fiscal, quedando pendiente avanzar en los ámbitos disciplinarios y fiscales.

Otro caso señalado compromete a una EPS que hace parte de un grupo empresarial no declarado ante la Superintendencia de Sociedades. En ella se han identificado posibles desvíos de recursos con fines distintos a la salud. Así mismo, la Superintendencia de Salud también advirtió sobre el caso de Barrios Unidos en Quibdó, en el que se identificó un ocultamiento de la situación financiera que responde a presunta omisión de información de cuentas.

La Superintendencia de Salud también da cuenta de la auditoría forense realizada a los generadores de ingresos del sistema de salud como son las loterías, las apuestas permanentes, las licoreras oficiales y los concesionarios de licores. Se encontraron 380 hallazgos y se identificó que 37 mil millones de pesos no fueron girados al sistema de salud, tras haber sido ocultados utilizando artificios contables (no se declara ingresos por valores reales, por lo cual no se giran los recursos completos a los departamentos, que son los beneficiarios de los mismos).

5. Ventanilla Única de Denuncias
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) presenta un recuento de la Ventanilla Única de Denuncias Contra la Corrupción. Esta tiene como propósito unificar los canales de presentación de denuncias de hechos de corrupción, permitiendo así tener un número de registro único para hacer seguimiento a la denuncia y facilitar la gestión de los órganos de control.

Tras solicitud de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el DAFP presenta una propuesta para su consolidación y ejecución. Esta se basa en la generación de un convenio administrativo entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y los organismos de control para complementar los desarrollos tecnológicos y conformar un comité que se responsabilice de asignar qué órgano de control alojaría la plataforma.

6. Declaración de Compromisos por un Estado Abierto
Los miembros de la Comisión Nacional de Moralización firman la Declaración de Compromisos por un Estado Abierto, documento que consta de 14 puntos en los que la máxima instancia de coordinación interinstitucional de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia se compromete a avanzar en la consolidación de un Estado abierto.

 

 

 

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