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La Secretaría de Transparencia de la Presidencia lanza Rally Colombia, un concurso que promueve la veeduría ciudadana

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Reunión CNM 6 de julio de 2015

Agenda del día:
1. Revisión de los compromisos acordados en la reunión de la Comisión Nacional de Moralización del 20 de enero del 2015.
2. Presentación del Plan de Transparencia para las Regiones
3. Reflexiones acerca de problemas de transparencia en la contratación pública, a cargo de María Margarita Zuleta, Directora de Colombia Compra Eficiente.
4. Temas Pendientes y consideraciones finales.

1. Revisión de los compromisos emanados de la reunión de la CNM del 20 de enero de 2015

1.1 Convenio de Cooperación Anticorrupción:
La revisión del convenio para su firma avanzó con éxito; los representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Transparencia, firmaron el convenio en el transcurso de la reunión.
Respecto de la inclusión de la Secretaría de Transparencia en el convenio, se aclaró que apoyará la formulación de política pública y realizará recomendaciones en lo referente a investigaciones de casos estratégicos, desde una óptica estructural.

1.2 Ventanilla Única de Denuncias:
Este mecanismo de canalización de denuncias, ya cuenta con una versión “beta” elaborada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información. En este sentido se concluyó que es necesario definir la entidad que cuenta con la capacidad presupuestal para hacerse cargo del funcionamiento de la herramienta. 

Se desarrollarán reuniones con los técnicos de cada entidad, para analizar el nivel de avance de interconexión entre las plataformas y estipular la entidad que tendrá a cargo la administración de este importante instrumento para la lucha contra la corrupción.

1.3 Presentación de las cifras del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción:
En la pasada reunión de la CNM hubo discrepancias en cuanto a las cifras de sanciones presentadas por el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, en este sentido se estableció el siguiente procedimiento para la producción de las cifras de sanciones por delitos contra la Administración Pública:

I. El Observatorio se reúne en mesas técnicas en las cuales se efectúa la entrega de las bases de datos correspondientes por parte de las Entidades competentes.
II. Asimismo, se realizan mesas técnicas a partir de las cuales se socializa una primera versión de los datos en la Subcomisión Técnica de Moralización.
III. Con los ajustes solicitados por las entidades fuente de la información, los datos se presentan nuevamente en la Comisión Nacional de Moralización, para su validación final.

1.3.1 Sanciones Penales
Las fuentes de este indicador son:
• El Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidades (SIRI), de la Procuraduría General de la Nación.
• El registro del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), de la Fiscalía General de la Nación.
• Sistema de  información del Consejo Superior de la Judicatura.

Existe una leve  discrepancia a lo largo de los últimos 5 años en los registros penales, la cual se profundizó en el último año. El registro de la Procuraduría presenta 207 sanciones y el de la Fiscalía 676. Esta diferencia puede deberse a un posible rezago en el Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), o a fallas en el diligenciamiento de formularios por parte de los operadores judiciales, quienes deben enviar dicha información a la Procuraduría.

• Sanciones Penales periodo 2014-2014 según SIRI, de la Procuraduría General de la Nación: 2.353
• Sanciones Penales periodo 2014-2014 según el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación: 3.337
• Sanciones Penales según las cifras del Consejo Superior de la Judicatura, periodo 2010-2014: 3.146

1.3.2 Sanciones Fiscales
La fuente del indicador de sanciones fiscales es la Auditoría General de la República, entidad a la cual le reportan las contralorías territoriales información sobre el desarrollo de sus funciones y su operación administrativa. Se han presentado en promedio 400 sanciones anuales de este tipo en los últimos 4 años. 

• Más del 80% del monto económico de fallos con responsabilidad fiscal es generado por la Contraloría General de la República.
• En los últimos dos años la mayor parte de los fallos con responsabilidad fiscal que han sido proferidos, provienen de la Contraloría General.
• Para este mismo periodo de tiempo, la mayor parte de los procesos de responsabilidad fiscal que son archivados, provienen de las contralorías territoriales.
• En 2013 los procesos verbales fueron 4.5 veces más rápidos que los procesos ordinarios y en 2014 fueron 3.6 veces más rápidos. Sin embargo, el proceso verbal es menos utilizado; son aproximadamente 15.000 procesos ordinarios de responsabilidad fiscal en Colombia, frente a sólo 1.200 procesos verbales.
• En promedio, desde el año 2009 hasta el año 2014, se ha recaudado un 1.47% del presunto detrimento.
• Más del 73% de los procesos de responsabilidad fiscal se encuentran en trámite. Lo que evidenciaría que tanto la Contraloría General como las contralorías territoriales, atraviesan un grave represamiento de casos.

2. Plan de Transparencia en las regiones

2.1 Fortalecer a las Comisiones Regionales de Moralización (CRM) en la lucha contra la corrupción.
2.2 Priorizar los departamentos en consideración de la cantidad de sanciones penales, según las cifras arrojadas por el Observatorio de Transparencia.
2.3 Identificar el grado de penalización de la corrupción en 10 departamentos en los cuales las sanciones no llegan al 10% del total de las sanciones impuestas. Lo anterior, considerando que dichos departamentos han presentado serias alertas en temas de corrupción.

3. Reflexiones acerca de problemas de transparencia en la contratación pública, a cargo de la Directora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta.
3.1  Adjudicación directa de contratos a fundaciones; organizaciones no gubernamentales que no poseen una vigilancia real por parte del Estado. Más del 50% de las entidades territoriales contratan con fundaciones, acudiendo al decreto 777, que les permite no adelantar un proceso de selección objetivo.
3.2  La Superintendencia de Economía Solidaria hará una revisión de sus funciones y capacidades, con el fin de aclarar si sería esa la entidad que podría asumir la vigilancia de estas entidades que contratan con el Estado.
3.3 La comisión Nacional de Moralización apoyará el diseño de un instrumento de agregación de demanda, y su difusión a alcaldes y gobernadores electos.

4. Temas adicionales
• El SECOP 2  permite hacer todo el proceso de contratación en línea, lo cual implica una reducción importante de costos, además de permitir la trazabilidad en el proceso contractual. La meta es llegar al 2018 con más de 4000 entidades utilizando el SECOP 2.
• La Comisión impulsará el uso de los pliegos estándar, y un proceso de aclaración con las entidades que no los utilizan, sobre las razones por las cuales los requisitos no aplican a sus procesos de contratación.
• Actualmente la Fiscalía adelanta un estudio constitucional con el fin de conocer los requisitos para otorgar funciones de policía judicial a entidades del Estado. 
 


Tabla de compromisos Comisión Nacional de Moralización del 6 de julio de 2015

tabla-compromisos-cnm.jpg 

 

 

 

 

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