​​Reunión CNM 23 de enero de 2017
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ASISTENTES

Integrantes de la Comisión Nacional de Moralización:

• Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón.
• Fiscal General de la Nación, Dr. Néstor Humberto Martínez Neira.
• Contralor General de la República, Dr. Edgardo Maya Villazón.
• Procurador General de la Nación, Dr. Fernando Carrillo Flórez.
• Auditor General de la República, Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte
• Presidente del Senado de la República, Dr. Oscar Mauricio Lizcano Arando
• Presidente de la Cámara de Representante, Dr. Miguel Ángel Pinto Hernández
• Director de Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dr. Luis Guillermo Vélez Trujillo.
• Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos
• Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa
• Secretario de Transparencia, Dr. Camilo Alberto Enciso Vanegas.
• Presidente del Consejo de Estado, Dr. Danilo Rojas Betancourth.
• Defensor del Pueblo, Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera.
• Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Rigoberto Echeverry

Otros asistentes:

• Ministro de Salud, Dr. Alejandro Gaviria Uribe
• Presidente del Consejo Nacional Electoral, Dr. Alexander Vega Rocha.
• Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Dra. Liliana Caballero Durán.
• Directora de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Dra. Maria Margarita Zuleta
• Director de la DIJIN, Brigadier General Jorge Luis Vargas Valencia.
• Superintendente de Salud, Dr. Norman Julio Muñoz Muñoz.


Desarrollo de la reunión:

1. Introducción

El Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, dio inicio a la reunión agradeciendo a los asistentes y resaltando el trabajo realizado por la Secretaría de Transparencia en su rol de Secretaría Técnica de la Comisión.

2. Agenda propuesta:

• Seguimiento de avances desde la última reunión – Declaración de Compromisos por un Estado Abierto & otros asuntos de Política Pública (5 min) – Secretario de Transparencia.
• Reforma al Decreto 777 – Contratación con Entidades sin Ánimo de Lucro
• Plan de Fortalecimiento del Grupo Anticorrupción de la DIJIN
• Revisión de avances y desafíos de la Superintendencia de Salud
• Ventanilla Única de Denuncias
• Proposiciones y Varios



3. Desarrollo de la reunión

• Introducción del Sr. Presidente

El Sr. Presidente desarrolló dos puntos: 1.) la necesidad  de una metodología de trabajo para que haya más comunicación entre la CNM y la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción (CNCLCC); 2.) El reto de luchar contra la corrupción en el posconflicto, dado que una estrategia de este tipo está explícitamente relacionada en los Acuerdos de Paz.


 

• Presentación de la agenda propuesta por parte del Secretario de Transparencia

El Secretario de Transparencia, doctor Camilo Enciso Vanegas, realizó la presentación de la agenda propuesta para la sesión; destacó la creación formal del Laboratorio Anticorrupción cuyo propósito es indagar y proponer herramientas innovadoras en la lucha contra la corrupción; así como la inclusión de la Secretaría de Transparencia en el Consejo de Ministros, lo cual permite asesorar la toma de decisiones en materia de política pública en la lucha contra la corrupción. Adicionalmente, informó que ya se cuenta con un mapa de riesgos de corrupción para el posconflicto y con una declaración de compromisos por un Estado Abierto.

• Reforma al Decreto 777

La Dra.  María Margarita Zuleta, Directora General de Colombia Compra Eficiente, presenta la reforma al Decreto 777 por medio del cual se reglamenta el artículo 355 de la Constitución Política de 1991. La Dra. Zuleta expone los antecedentes normativos de este decreto, haciendo énfasis en que el propósito de la norma constitucional consistía en que las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) impulsaran programas y actividades de interés público contempladas en los planes de desarrollo; lo cual dista de la aplicación que se le ha dado a esta norma, abusando de la misma, de modo que se ha utilizado para contratar bienes, obras y servicios por medio de las ESAL, para necesidades distintas a las contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Igualmente, la Dra. Zuleta señaló que esta reforma permite la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para las ESAL contratantes; así como la obligación de garantizar la publicación de información de estos procesos de contratación por medio del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Asimismo, se refirió a la necesidad de que la contratación de ESAL responda a la idoneidad y experiencia de las mismas en el asunto del que se trate; por lo cual en caso de que haya más de una entidad de esta naturaleza que pueda impulsar un programa de interés público, deberá ser elegida la más idónea, por lo cual se garantizará la competencia en su selección.  

El Presidente de la República interviene con el fin de destacar la relevancia de esta reforma para revertir los altos  riesgos de corrupción existentes en la contratación con las ESAL de acuerdo con los estudios en la materia. 

A continuación, el Presidente del Senado de la República, Dr. Oscar Mauricio Lizcano, pregunta cuál es la razón de que esta norma plantee una excepción para cultura y deporte.


La doctora Zuleta responde que esto se debe al propósito del constituyente de  establecer un tratamiento excepcional para siguientes ámbitos: cultura; deporte; educación; y protección de derechos de minorías, en los cuales no es necesario que haya competencia en la contratación, siempre y cuando se contrate con una ESAL de reconocida idoneidad.

Asimismo, añade que la reforma amplía el concepto de idoneidad, evitando que esta se limite a la experiencia, como lo hacía el decreto 777 y añadiendo otros criterios, como su reputación y reconocimiento.  Finalmente, señala que se estableció la obligación de que las ESAL que participen en procesos de contratación de gran envergadura se registren ante la DIAN, con el propósito de evitar que reciban beneficios fiscales las entidades que no deberían acceder a los mismos.

A continuación el Fiscal General de la Nación, Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, señala que existen dos modalidades de corrupción en el marco de la contratación con entidades sin ánimo de lucro:

 La primera modalidad tiene lugar cuando la contratación con la ESAL es precedida de un convenio administrativo suscrito con el fin de traspasar los recursos a otro ente territorial -al que le corresponderá ejecutar los mismos-, y transferirlos a una organización sin ánimo de lucro.


 La segunda modalidad se presenta cuando la ESAL se crea y se diluye en un mismo periodo de gobierno de alcaldes o gobernadores para extraer las rentas de la entidad territorial y no rendir cuentas al terminar el periodo respectivo. Por este motivo, se sugiere que se exija un mínimo de años de experiencia (superior al término de los períodos de gobierno)  para acreditar la idoneidad de la ESAL.

La doctora María Margarita Zuleta interviene para agradecer los aportes del Fiscal General y señalar que incorporará sus sugerencias en la guía sobre el decreto que Colombia Compra Eficiente se encuentra preparando sobre la materia.

Posteriormente, el Contralor General de la República, Dr. Edgardo Maya Villazón, hizo referencia a un caso que corrobora la hipótesis del Fiscal General, el cual consiste en la entrega de recursos por esta vía por parte de la Gobernación de la Guajira a municipios de este departamento, antes de que se separara del cargo a la ex Gobernadora de dicho departamento en 2016.

 

 

• Plan de Fortalecimiento del Grupo Anticorrupción de la DIJIN

El Secretario de Transparencia, Dr. Camilo Enciso, introduce el siguiente punto en la agenda, relativo al Plan de Fortalecimiento del Grupo Anticorrupción de la Dijín, resaltando su importancia para contrarrestar este fenómeno en los territorios llevando grupos de trabajo permanentes que presten apoyo en su calidad de organismo de policía judicial a los organismos de control de las entidades territoriales.

El Brigadier General Jorge Luis Vargas Valencia, Director de la DIJIN, señala que efectivamente el propósito es no operar únicamente a nivel central, sino hacerlo a nivel regional y local en tres líneas investigativas (Delitos contra la administración pública; Investigaciones internas para la Fuerza Pública; delitos en la Administración de Justica) de conformidad con lo coordinado con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Transparencia.

De este modo, se priorizarán las actividades para hacer frente a la lucha contra la corrupción desplegando de forma permanente los grupos de trabajo en las regiones y realizando un fortalecimiento técnico y logístico que permita la autonomía de los mismos. Las prioridades para el fortalecimiento del grupo, de acuerdo con el Brigadier General, son:

• Incremento a corto plazo del talento humano con 100 nuevos investigadores y peritos (despliegue a las regiones).


• Fortalecimiento de investigación técnica mediante la adquisición y renovación de equipos de tecnología para el apoyo de la investigación y análisis de información.


• Destinación de recursos para la adquisición de medios de transporte, comunicación, computadores, medios logísticos y presupuesto para sostenimiento de operaciones en contra de la corrupción.


• Capacitación y alianzas internacionales (Plan de trabajo con Interpol sobre la implementación de la circular plateada para la recuperación de activos producto de delitos relacionados con hechos de corrupción; así como el establecimiento de un canal de comunicación específico con esta entidad para asuntos relacionados con este fenómeno).

Igualmente, el Brigadier General Vargas Valencia destaca la importancia de adecuar un centro específico que permita que este equipo especializado de lucha contra la corrupción y transparencia en lo público trabaje de forma independiente, autónoma y aislada para garantizar la seguridad de la información en las investigaciones adelantadas. 

Finalmente, el señor Presidente solicita al Brigadier General que más adelante se ocupen de que los inspectores en todas las fuerzas no dependan del mando.


• Revisión de avances y desafíos de la Superintendencia de Salud

Inicia este punto de la agenda el Ministro de Salud, Dr. Alejandro Gaviria, abordando el contexto de la corrupción en el sector.

A modo de introducción, el ministro destaca la importancia de comprender que el sistema de salud ha sido objeto de una descentralización por dos vías o a través de dos canales: las entidades territoriales y las EPS. Por otra parte, señaló que hay que tener en cuenta tres cadenas entre Instituciones: (i) generación de ingresos y recaudo; (ii)  pagadores del sistema (EPS) y (iii) prestadores del servicio (IPS).

Cada uno de los aspectos referidos es vulnerable a algunas formas de corrupción de acuerdo con el Ministro Gaviria. En primer lugar, señala que históricamente en Colombia ha habido un problema en el la generación de ingresos y su recaudo por parte de las EPS; lo cual se ha extinguido o minimizado a través de la creación de las denominadas Cuentas Maestras de Recaudo por parte de este Gobierno. Sin embargo, existe desviación de recursos frente a otros generadores de ingresos del sistema de salud como lo son loterías y los concesionarios de licores, entre otros.

Por otra parte explica que hay tres tipos de pagadores en el sistema de salud: el primero es Fosyga; el segundo con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y el tercero las entidades territoriales. Actualmente, los controles impuestos han funcionado para reducir problemas de corrupción en los dos primeros pagadores, pero se ha mantenido en el tercero.  Se realizó un proceso de depuración gracias al cual se liquidaron algunas EPS con problemas de corrupción pagadoras y se han identificado riesgos en algunas entidades territoriales, especialmente frente a medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios.

Frente a los prestadores del servicio (IPS) los problemas se derivan de la sobrefacturación tanto el Sistema de Seguridad Social, como fuera de este, que han conllevado a la captura irregular de recursos del sistema. Igualmente hay Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos en los que se han identificado riesgos de este tipo, en los cuales solicita trabajar mancomunadamente a partir de una articulación para hacer seguimiento a la problemática en cuestión.

A continuación, el Superintendente de Salud, Dr. Norman Julio Muñoz, hace un barrido sobre los casos más emblemáticos. En primer lugar hace referencia al desvío de los recursos en Saludcoop, previo a su liquidación. Sobre este tema se está trabajando con un grupo designado específicamente por el Fiscal General para hacer frente a este caso desde el ámbito penal, dado que ya se han alcanzado decisiones en el contexto disciplinario; administrativo y fiscal.

En segundo lugar el Superintendente hace referencia al caso de Caprecom, en el cual la Superintendencia de Salud identificó irregularidades en la contratación de recursos; y la existencia de giros sin existencia de facturas y la cesión de facturas sin cumplimiento de requisitos; por lo cual se realizó un informe en el cual se presentaron los hallazgos fiscales y se recomendó su liquidación.

Por otra parte, se refiere a algunos casos preocupantes  en el régimen subsidiado, los cuales han sido puestos en conocimiento de las entidades de control.


Particularmente, hizo mención de una EPS indígena que opera en el departamento de Córdoba, donde se ha identificado el desvío de recursos y se ha avanzado en el recaudo probatorio en el ámbito fiscal, quedando pendiente avanzar en materia disciplinaria y fiscal.

Asimismo, el Superintendente hace referencia a la identificación de prácticas indebidas en dos EPS, donde existen serios indicios del mal manejo de los recursos del Sistema. Frente a una de ellas se identificó que hace parte de un grupo empresarial no declarado ante la Superintendencia de sociedades y se han identificado posibles desvíos de recursos a fines distintos a la salud, lo cual se está documentando para hacer entrega de la información a las entidades de control. Finalmente, en el caso de Barrios Unidos de Quibdó se identificó un ocultamiento de su situación financiera que responde a presunta omisión de información de cuentas.

Por otro lado, se ha adelantado un proceso de identificación de IPS (privadas) con hallazgos de presunto fraude, en los cuales se ordenan terapias con animales por vía de acciones de tutela sin ningún tipo de respaldo científico o documental. Igualmente, se ha identificado que hay 15 IPS que realizan fraude en la atención de víctimas de accidentes de tránsito, ya que no atendieron a las personas o presentaron información incompleta.

Otro caso destacado es el de las IPS indígenas que operan en Vichada y en la Guajira que han sido utilizadas como instrumentos para percibir rentas del sistema de salud por el uso indebido de recursos para la promoción y prevención. Finalmente, el Superintendente menciona las posibles irregularidades en las IPS de alto costo (Cáncer, VIH, Enfermedad renal crónica).

A continuación, el Superintendente se refiere a la intervención y la interposición de medidas cautelares e investigaciones a Empresas Sociales del Estado con indicios de actuaciones irregulares en procesos de contratación o por desvío de recursos, poniendo como ejemplos los casos del municipio de Chiriguaná en el Cesar; del municipio de Plato en Magdalena y de los Hospitales de Sincelejo; Montería e Ibagué donde se han identificado facturaciones de medicamentos por encima del costo del mercado.

Por último el Superintendente menciona la auditoría forense realizada a los generadores de ingresos del sistema de salud como lo son las loterías, apuestas permanentes, licoreras oficiales y concesionarios de licores, donde se encontraron 380 hallazgos y se identificó que 37 mil millones de pesos que no fueron girados al Sistema de Salud ya que fueron ocultados utilizando artificios contables (no se declara ingresos por valores reales, por lo cual no se giran los recursos completos a los departamentos, que son los beneficiarios de los mismos).

A continuación, el Presidente pregunta sobre los otros hallazgos que no son de tipo contable, a lo cual el Superintendente responde que se refieren a la violación de normas del Régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar; y de normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Igualmente, el Presidente pregunta sobre los resultados de las investigaciones en la materia. El Fiscal General de la Nación responde que ya existen resultados en los casos de Vichada, la Guajira y Córdoba; en Sucre se ha avanzado igualmente; así como en el Hospital San Jerónimo de Montería  y el Hospital Universitario del Valle, e informa los avances en los procesos por los casos de Saludcoop, de Caprecom y de Cafesalud.

Por otra parte, el Fiscal General destaca que en algunos casos como el del Hospital del Valle fueron negadas las medidas de aseguramiento solicitadas sobre las personas involucradas con las sobrefacturaciones de medicamentos, lo cual les puede permitir continuar en el servicio público; manipular pruebas o salir del país. Igualmente señala que una dificultad en los procesos tiene que ver con la prolongación de los tiempos entre las audiencias.

Posteriormente, el Presidente le pregunta al Dr. Danilo Rojas y al Dr. Rodrigo Echeverry si sobre la posibilidad de tener una Fuerza Especial Anticorrupción “fast track” en la Rama Judicial.

El Presidente del Consejo de Estado, Dr. Danilo Rojas, responde que el Gobierno tramitó una ley en virtud de la cual  la medida de aseguramiento de detención intramural tiende a ser la excepción, lo cual explica la causa de la situación descrita por el Fiscal General. Adicionalmente, señala que hay que tener en cuenta que esto evita que luego haya condenas contra el Estado en la jurisdicción contencioso administrativa por no imponer estas medidas adecuadamente, lo cual debe ser considerado.

El Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Rigoberto Echeverry, señala que la creación de un grupo de jueces especializados para intervenir en casos de corrupción es de competencia del Consejo Superior de la Judicatura. Sobre la posibilidad de que este tenga características “fast track” señala que hay aspectos procesales que pueden dificultarlo y que deben ser tomados en consideración.

A continuación, el Ministro de Salud se refiriere a la importancia del trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los implicados en hechos de corrupción, dado que las audiencias de imputación se están aplazando debido a que sus defensores de confianza a menudo no se presentan, lo cual impide el curso de la imputación. 

Luego el Presidente del Senado de la República, Dr. Oscar Mauricio Lizcano se refiera a las concesiones de hospitales públicos que se están pactando con condiciones tendientes a favorecer a los privados, afectando la posibilidad de los hospitales de percibir recursos propios y le pregunta al Superintendente de salud si existen las dificultades al adelantar las intervenciones a los hospitales.

El Superintendente de Salud aclara que las intervenciones en los hospitales han sido lo que ha permitido identificar las problemáticas en materia de corrupción al interior de los mismos; a lo cual el Dr. Lizcano responde que en su opinión durante las intervenciones en muchas ocasiones persiste la corrupción existente en las gerencias de los hospitales y cita los casos de Caprecom, Saludcoop y de los hospitales mencionados, los cuales se encontraban intervenidos y continúan presentando los mismos problemas debido a que cuentan con menos controles en el momento de su liquidación.

El Superintendente de salud señala que una norma recientemente promulgada faculta a la Superintendencia a renegociar los contratos y concesiones irregulares que encuentre en el hospital intervenido. Por otro lado, señala que para hacer frente a los problemas señalados por el Dr. Lizcano se ha modificado el régimen de registro de los interventores y se va a lanzar un sistema de información en el cual se puede consultar los avances en las intervenciones.

Posteriormente interviene el Auditor General se refiere a la contratación de hospitales con sindicatos, para lo cual existe una restricción constitucional, pese a lo cual se han presentado casos como los de los Hospitales Universitarios del Valle y del Cauca, y se han identificado mallas de contratación que están siendo investigadas.

El Fiscal General señala que en su trabajo conjunto con la Contraloría General de la República han identificado una patología en estos desfalcos en el sector de la salud, por lo cual cometen exactamente las mismas irregularidades en distintas regiones del país, particularmente esto se presenta en las sobrefacturaciones de medicamentos; en la alteración del orden de pagos de facturas con base a sobornos durante la liquidación de ESE y EPS; así como en pacientes de alto costo.

Finalmente, el Fiscal resalta la importancia de aunar esfuerzos debido a las dificultades para que la Fiscalía General contrarreste estas circunstancias. El Presidente de la República resalta la importancia de coordinar la cooperación que permita hacer frente a esta problemática, así como de innovar en la prevención de la corrupción.

A continuación el Contralor General de la República, Dr. Edgardo Maya Villazón interviene para señalar que es importante adoptar las medidas implementadas por la Superintendencia de industria y comercio para detectar irregularidades en las empresas de diversos sectores.

Posteriormente, el Presidente de la República le solicita al Secretario de Transparencia mecanismos para concretar las iniciativas abordadas en esta sesión de la Comisión Nacional de Moralización. El Dr. Enciso responde que la instancia que se ha utilizado para hacer operativo lo discutido en esta escenario es la Subcomisión Técnica de la Comisión Nacional de Moralización.

Luego interviene el presidente del Consejo de Estado, Dr. Danilo Rojas se refiere a la fijación de audiencias señalando que es posible pensar en medidas legislativas que facilite darle prelación a la atención de casos por delitos relacionados con casos de corrupción y propone que se establezcan medidas de priorización frente a las decisiones judiciales en la jurisdicción  por asuntos contractuales.

El Presidente de la República pregunta qué tipo norma sería requerida para incorporar la propuesta de priorización presentada por el Dr. Danilo Rojas, quien señala que debe ser por una ley. El Presidente destaca la importancia de que este tema pudiera promulgarse rápidamente y el Dr. Lizcano señala que podría ser por decreto.  Nuevamente interviene el Dr. Danilo Rojas señalando que en anteriores oportunidades este tipo de priorizaciones se han regulado por vía de ley estatutaria, a lo cual el Presidente responde que podría aprobarse por vía de fast-track.

Finalmente, el Secretario de Transparencia propone invitar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que se discuta la posibilidad de crear grupos de jueces especializados. Por otro lado, menciona que la Secretaría de Transparencia preparó un borrador de proyecto de ley y su respectiva exposición de motivos que se ocupa de hacer más rigurosas las condiciones para acceder los beneficios por allanamiento a cargos  y de eliminar la detención domiciliaria para casos por corrupción, a lo cual el presidente señala que se debe compartir este borrador con las demás entidades interesadas para su construcción conjunta.

• Ventanilla Única de Denuncias

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Dra. Liliana Caballero Durán hace un recuento del tema de la Ventanilla Única de Denuncias Contra la Corrupción, la cual tiene el propósito de unificar los canales de presentación de denuncias de hechos de corrupción, que permita tener un número de registro único para hacer seguimiento a la denuncia y facilite la gestión de los órganos de control.

Inicialmente esta fue impulsada por un acuerdo que suscriben los órganos de control y la Presidencia; mientras que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones se encarga de las propuestas del aspecto tecnológico de la plataforma. En el año 2014 se hicieron las pruebas de la plataforma pero no se continuó el proceso para su implementación.

La Dra. Caballero señala que la Secretaría de Transparencia le solicitó a Función Pública que realizara una evaluación sobre el particular. La propuesta de Función Pública consiste en que, con base en el último convenio administrativo suscrito entre el DAPRE y los organismos de control se celebre un convenio específico para la Ventanilla Única que permita complementar los desarrollos tecnológicos en los que se ha avanzado;  que se haga un Comité que se encargue del aspecto técnico de la iniciativa y que se decida qué órgano de control va a alojar esta plataforma.

El convenio suscrito en 2015 tiene una secretaría técnica, la cual se rota anualmente. La Contraloría ya la ejerció en un año; en este momento le corresponde a la Procuraduría General y el próximo año le corresponde a la Fiscalía General.

Se han avanzado en las pruebas de la plataforma; en la Fiscalía General ya se implementó y en la Procuraduría se encuentra en curso y está pendiente en la Contraloría General. Esta última entidad solicitó alojar la plataforma, lo cual tiene un costo de 12 millones de pesos mensuales. En definitiva, con base en este convenio, a la solicitud de la Contraloría de alojar la plataforma y con el impulso de la secretaría técnica ejercida por la Procuraduría, se espera que se pueda implementar finalmente.

A continuación, El Presidente de la República señala que el esfuerzo por implementar esta plataforma lleva varios años, por lo que debe coordinarse lo que haga falta en la Subcomisión técnica. El Secretario de Transparencia señala que el trabajo a este nivel no ha permitido realizar las gestiones necesarias para garantizar la interoperabilidad de la plataforma, por lo cual se requiere llegar a un acuerdo por parte de las cabezas de las entidades acerca de la implementación de la Ventanilla Única de Denuncias.

El Presidente de la República le solicita al Secretario de Transparencia que se reúna por separado con el recién designado Procurador General, así como con el Fiscal General, para darles a conocer el tema en detalle y posteriormente realizar una reunión conjunta para llegar a un acuerdo definitivo sobre la materia.

• Declaración de compromisos para un Estado Abierto

Por otra parte, el Secretario de Transparencia hizo referencia a la declaración de compromisos para un Estado Abierto que se les entregó a los comisionados una vez hechos los ajustes solicitados; recordando esto hace referencia al propósito  de ampliar el concepto de Gobierno Abierto entendido como la transparencia y acceso a la información en la rama ejecutiva, por lo cual se pretende impulsar decididamente el acceso a la información en las demás ramas del poder público.


 

Finalmente, el Presidente de la República invita a que se realice la firma de estos compromisos y da cierre a la sesión de la Comisión Nacional de Moralización.