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Estamos construyendo nuevos indicadores

Estos son algunos de los principios del Estado Abierto y lo que buscan en esencia es avanzar en la lucha contra la corrupción

Las encuestas están dirigidas a la ciudadanía y servidores públicos

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Reunión CNM 2 de febrero de 2016


Integrantes de la Comisión Nacional de Moralización:

• Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón.
• Ministro de justicia, Dr. Yesid Reyes Alvarado.
• Secretario de Transparencia, Dr. Camilo Alberto Enciso Vanegas.
• Ministra de la Presidencia, Dra. María Lorena Gutiérrez Botero.
• Auditor General de la República, Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
• Contralor General de la República, Dr. Edgardo Maya Villazón.
• Cámara de Representantes - Directora Administrativa, Gloria Inés Raigoza.
• Vice Procurada General de la Nación, Dra. Martha Castañeda.
• Presidente del Consejo de Estado, Dr. Danilo Rojas Betancourth.
• Presidente del Senado de la República, Dr. Luis Fernando Velasco Cháves.
• Ministro del Interior, Dr. Juan Fernando Cristo Bustos.
• Fiscal General de la Nación, Dr. Luis Eduardo Montealegre Lynett.
• Defensor del Pueblo (E), Dr. Alfonso Cajiao.

Invitados:

• Ministra Consejera de Comunicaciones, Dra. Pilar Calderón.
• Procurador Delegado para la Descentralización y Entidades Territoriales. Dr. Carlos Augusto Mesa Díaz.
• Vice Fiscal General de la Nación, Dr. Jorge Fernando Perdomo.
• Ministerio de Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Dr. Rafael Pardo Rueda.
• Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Dra. Liliana Caballero Durán.
• Agencia Nacional de Contratación- Colombia Compra Eficiente, Dra. María Margarita Zuleta  González.
• Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Dr. Luis Edmundo Suárez Soto.
• Superintendente de Sociedades, Dr. Francisco Reyes Villamizar.
• Dirección Nacional de Inteligencia - Director General Almirante (RA), Dr. Álvaro Echandía Durán.
• Policía Nacional - Subdirector General, Dr. Jorge H. Nieto.


Desarrollo de la reunión:

1. Introducción

El Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, dio inicio a la reunión agradeciendo a los asistentes y haciendo énfasis en que cada una de las entidades ahí presentes tiene un rol en materia de lucha contra la corrupción y la Comisión se encarga de hacer seguimiento de qué ha pasado, dónde se debe trabajar y cómo hacemos para que el Estado sea cada vez más efectivo en su lucha contra dicho flagelo. Posteriormente, hizo alusión a la Ley contra el soborno transnacional que se sancionará en esta sesión de la Comisión, como un paso adicional del Estado colombiano para combatir actos de corrupción a través de la imposición de sanciones pecuniarias e inhabilidades para contratar. Así mismo, resaltó que con esta Ley esperamos ser admitidos en la Comisión Antisoborno de la OCDE. 

2. Agenda propuesta:

• Avances de Política Pública

- Ley Anticohecho y Proyecto de Ley Protección de Reportantes.
- Convenio para mejorar inteligencia anticorrupción.
- Segundo Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
- Declaración de compromisos por un Congreso Abierto y Transparente.
- Compromiso de Integridad y Transparencia de Servidores Públicos.
- Ventanilla Única de Denuncias (VUD).
- Trabajo en Regiones

• Estudio del Observatorio de Transparencia

 - Percepción.
 - Incentivos.
 - Hipótesis

• Retos - Estrategia Integral de Anticorrupción

 - Reforma a las normas de contratación pública.
 - Revisión a la política criminal anticorrupción.
 - Implementación del Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.
 - Fortalecimiento de las entidades territoriales.

 

3. Presentación de los Avances de Política Pública:

El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República y Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Moralización (en adelante CNM), Dr. Camilo Alberto Enciso Vanegas, presentó los avances del Gobierno en materia regulatoria y de política pública anticorrupción:

  • Decreto que actualiza las metodologías para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y para la Gestión del Riesgo de Corrupción (GRC):

El Secretario de Transparencia explicó que para el año 2016 la metodología fue objeto de revisión y actualización por parte de la Secretaría de Transparencia con la participación del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Destacó que en el mes de enero de 2016, se expidió el Decreto 124 en el cual se estableció que todas las entidades del Estado deberán elaborar y publicar su PAAC a más tardar el 31 de marzo de 2016, el cual, de acuerdo con la nueva metodología, debe desarrollar como mínimo los siguientes componentes: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para mitigarlos; (ii) la estrategia antitrámites; (iii) la estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos; (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; y (v) los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

  • Ley Anticohecho y Proyecto de Ley de Protección de Reportantes de actos de corrupción.

En primer lugar, el Secretario de Transparencia explicó lo relacionado con la Ley Anticohecho, indicando que se trata de una Ley que el país necesitaba y que cumple con los estándares de los países OCDe. La Ley fue construida en equipo con el Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación.

Indicó que la Ley tiene dos (2) grandes ventajas: por un lado, actualiza la legislación de Colombia para cumplir con los estándares internacionales en materia de castigo al soborno transnacional; pero además, castiga el soborno cometido por persona jurídicas en Colombia a funcionarios públicos colombianos.

Destacó que la Ley permite imponer multas hasta por 200.000 SMLMV, además de inhabilitar a las empresas para contratar con el Estado por periodos de hasta veinte (20) años.
Resaltó que la Ley obliga a las empresas a elevar sus estándares en materia de Compliance  e incluso hay disposiciones en la Ley que permiten mitigar la sanción a aquellas empresas que logren demostrar que tenían en funcionamiento un Programa de Cumplimiento en Prevención, Detección y Denuncia de Prácticas Corruptas.

Intervención del Ministro de Justicia: Indicó que la primera gran discusión alrededor de la Ley era si podía incluirse la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual resultaba muy complejo sacar adelante y por ello se concentraron esfuerzos en una responsabilidad de tipo administrativo para sancionarlas con multas e inhabilidad para contratar. Posteriormente, hizo referencia a la modernización del delito de soborno transnacional en el Código Penal, producto de la promulgación de esta nueva Ley. 

Intervención del Superintendente de Sociedades: Afirmó que el reto de la Superintendencia es poner en marcha la Ley en un término de seis (6) meses a partir de la sanción presidencial, es decir que a partir de allí, deberá darse inicio a las investigaciones que surjan por casos de soborno transnacional. El Superintendente resaltó que para lograr cumplir con tal mandato, se ha venido capacitando a funcionarios de la entidad con la colaboración del Reino Unido y la Secretaría de Transparencia, pues se trata de un tema complejo y necesariamente tendrán que presentarse resultados ante la OCDE.

El Secretario de Transparencia agregó que en el mes de marzo de 2016 el grupo anti soborno de la OCDE nos evaluará para decidir si otorga su visto bueno al país.

En segundo lugar, el Secretario de Transparencia resaltó los avances del Proyecto de Ley de Protección de Reportantes, indicando que en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, en la Convención Interamericana contra la corrupción y en las recomendaciones recientes de la OCDE en materia de gobernanza pública se pide a los países desarrollar sistemas que garanticen la denuncia efectiva y segura por parte de cualquier persona que tenga conocimiento de casos de corrupción.

El Secretario de Transparencia planteó que Colombia hoy por hoy tiene un sistema normativo muy disperso y las normas en materia de protección a reportantes de corrupción no son claras; por ello, desde la Secretaría de Transparencia se ha venido trabajando durante los últimos seis (6) meses en la primera versión de un Proyecto de Ley de Protección de Reportantes por casos de Corrupción, el cual se ha socializado con entidades del Gobierno como: Ministerio del Trabajo; Ministerio del Interior; Ministerio de Justicia.; Unidad Nacional de Protección; Procuraduría General de la Nación; Contraloría General de la República; y Fiscalía General de la Nación.

Destacó que el mismo ejercicio se ha hecho con algunas universidades y organizaciones de la sociedad civil, tales como: Universidad de los Andes, Universidad de Ibagué; Transparencia por Colombia (quien ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción); Red Nacional de Veedurías Ciudadanas; y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Posteriormente, el Secretario de Transparencia resaltó que debía ser un propósito de Estado radicar este Proyecto de Ley en el Congreso de la República, ojalá en el primer semestre del año en curso. Sobre el particular, el señor Presidente de la República preguntó si existían obstáculos para que este Proyecto salga adelante rápidamente, a lo cual el Secretario explicó que es muy probable que se presente un lobby importante del sector privado en el Congreso. La razón sería que para algunos sectores la idea de proteger reportantes por actos de corrupción de alguna manera puede traducirse en una protección laboral que las empresas pueden considerar demasiado fuerte.

El Secretario citó algunos países donde existe Ley de Protección de Reportantes por actos de corrupción, como: Reino Unido, Austria, Australia, Bélgica, Rumania, USA, México, Chile y Perú.

Intervención del Presidente de la República: Pidió que se aproveche la primera legislatura del año 2016 para presentar el Proyecto de Ley al Congreso de la República.

Intervención del Presidente del Senado: Acogió la solicitud del Presidente de la República e instó a que se presente el Proyecto de Ley en mención en el mes de marzo de 2016.

El Fiscal General de la Nación planteó que debe tenerse cuidado en aquellos casos en que se presenten denuncias temerarias.

Nuevamente intervino el Presidente de la República, sugiriendo examinar con mucho cuidado las medidas en materia de protección física para evitar el oportunismo de personas de mala fe.

En razón a lo anterior, el Secretario de Transparencia planteó que hay que buscar un equilibrio justo entre la necesidad de promover la denuncia, pero al mismo tiempo evitar los abusos de las personas que utilizan la denuncia para protegerse laboralmente o para buscar protección a través del uso de vehículos blindados.

  • Convenio para mejorar la inteligencia anticorrupción (C4)

El Secretario de Transparencia indicó que este convenio que se firma a la fecha involucra a: la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero, con el fin de mejorar la capacidad del Estado de hacer investigaciones y actividades de inteligencia en materia de lucha contra la corrupción.

Resaltó los aportes del Dr. Luis Edmundo Suárez Soto, Director de la UIAF, como promotor importante de esta iniciativa, así como el trabajo conjunto realizado con la POLICÍA NACIONAL y en particular con la DIJIN y su Unidad Anticorrupción. Se adjunta a esta Acta el Convenio en cuestión como Anexo 1.

Intervención del Director de la UIAF: Resaltó como una de las finalidades del presente Convenio la detección y persecución de estructuras criminales y conductas recurrentes por parte de redes de corrupción, para su desarticulación  y judicialización.

Indicó como muy importante, consolidar convergencias institucionales y lograr estructurar casos de corrupción a un 90% antes de entregarlos a la Fiscalía para imputar cargos.

Intervención del Presidente de la República: Pidió al Observatorio de la Secretaría de Transparencia examinar la conveniencia de crear una Unidad de Contrainteligencia Anticorrupción -grupo élite y aislado- que detecte casos de corrupción al interior de las entidades que tienen la función de vigilar y luchar contra la corrupción.

Intervención del Vice Fiscal: El Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo afirmó que las autoridades de investigación deberían dar un manejo más expedito a la información de inteligencia para para orientar los casos (aunque no como forma de prueba judicial).

  • Segundo Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

El Secretario de Transparencia indicó que se trata de una iniciativa a la que Colombia se sumó en el año 2012 (aunque se venía trabajando desde 2011) y actualmente está en desarrollo el segundo Plan de Acción que se construyó a lo largo del año 2015. Explicó que la dinámica para la Alianza del Gobierno Abierto exige el trabajo en equipo de los sectores público/privado y la sociedad civil.

Resaltó que el Plan fue construido en particular con más de 15 entidades del orden nacional y por primera vez cuenta con una perspectiva territorial, promoviendo la materialización de compromisos en departamentos y municipios.

El Plan en novedoso, entre otras cosas, porque incluye compromisos con el Consejo de Estado y la Gobernación de Antioquia.

De hecho, es la primera vez que un país incluye estos dos (2) componentes en sus Planes de Acción y por ello está siendo replicado por varios países de la región como Costa Rica y México. Adicionalmente, el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE lo señaló como un hito en el mundo en temas de Gobierno Abierto.

Intervención del Presidente del Consejo de Estado: Manifestó que la OCDE reconoció en enero del año en curso que era la primera vez que en el mundo una institución judicial hacía parte del AGA. Adicionalmente, planteó que es su intención (para el 2016) transmitir el mensaje de que se replique esta iniciativa en toda la rama judicial y de otra parte espera dejar instaladas en todos los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del país, unas Comisiones de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

El Secretario de Transparencia procedió a explicar que en la implementación del segundo Plan de Acción,  los principales compromisos son en materia de: (i) ética judicial; (ii) transparencia en la inversión pública; (iii) transparencia y memoria para el pos conflicto; (iv) acceso y calidad de la información pública; (v) medicamentos en la inversión pública.

Finaliza solicitando al Presidente de la República que desde el Gobierno Nacional se envíe un mensaje claro del interés en torno a esta iniciativa, en razón a que la sociedad civil lo reclama.

  • Declaración de Compromisos por un Congreso Abierto y Transparente.

El Secretario de Transparencia exaltó que esta Declaración de Compromisos se logró trabajando en equipo con el Senado y la Cámara de Representantes y lo que se quiso fue fortalecer el acceso a la información del Congreso; vigorizar la relación entre representantes y representados; así como elevar la visibilidad de la actividad legislativa y administrativa. También hizo un reconocimiento a los esfuerzos de la sociedad civil por impulsar la agenda de Congreso Abierto.

El Secretario de Transparencia da la palabra al Presidente del Senado, Dr. Luis F. Velasco.

Intervención del Presidente del Senado: Indicó que esta iniciativa surgió de una  preocupación: el informe producido por Transparencia por Colombia en el cual se decía que la entidad con menos transparencia dentro del Estado era el Congreso de la República. Manifestó que a partir de allí, se tomó como tarea institucional construir una estrategia para lograr quedar entre las diez (10) entidades más transparentes.

Resaltó todo el esfuerzo del Congreso para sacar adelante las siguientes leyes: (i) Ley de Contrabando; (ii) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; (iii) Ley contra el Soborno Transnacional e instó al Secretario de Transparencia a presentar el Proyecto de Ley de Protección de Reportantes en marzo de 2016.

Finalmente, explicó que en relación con los compromisos adquiridos por el Congreso para ser cumplido a junio de 2016, al día de hoy se ha logrado, por ejemplo: (i) que todas las decisiones del Congreso pueden ser seguidas en tiempo real por los ciudadanos, quienes pueden escribir y hacer proposiciones; y (ii) la publicación de la relación de viajes aéreos  de cada parlamentario y el presupuesto ejecutado mensualmente, así como los datos de los congresistas y de los miembros de sus UTL.

Destacó el trabajo realizado con la Secretaría de Transparencia  de la Presidencia de la República e indicó que van a pedir a Transparencia por Colombia que los mida este año para que se reflejen sus avances en materia de lucha contra la corrupción.

  • Compromiso de Integridad y Transparencia de Servidores Públicos.

El Secretario de Transparencia dio a conocer que 16.177 servidores públicos de la rama ejecutiva suscribieron un compromiso de integridad y transparencia, en un primer proyecto piloto, con el apoyo de la Dra. Liliana Caballero, Directora del DAFP, en el marco del día internacional de lucha contra la corrupción (9 diciembre de 2015).

Intervención Directora del DAFP: Explicó que el DAFP tiene a cargo, además de los temas de control interno, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la gestión pública y la política de servicio al ciudadano, los temas de integridad.

Indicó que respecto a los temas de integridad, el DAFP propicia la ejecución de todas las políticas que se adoptan por parte de la Secretaría de Transparencia de la República.

Posteriormente, hizo una reflexión afirmando que están trabajando actualmente, en cooperación con la OCDE , la Secretaría de Transparencia y con el Programa ACTUE de la FIIAPP, en la construcción de Códigos de Integridad y Buen Gobierno.

El Secretario de Transparencia concluye diciendo que la meta para el 2016 es que todos los servidores públicos de la Rama Ejecutiva firmen estos Compromisos.

  • Trabajo con las Comisiones Regionales de Moralización

El Secretario de Transparencia recordó que en la sesión de la Comisión Nacional de Moralización del mes de julio de 2015, se reportó un 48% de avances en las Comisiones Regionales; desde entonces,  la Secretaría conformó un equipo de cinco (5) profesionales para promover la agenda de integridad y lucha contra la corrupción en las treinta y dos (32) regiones del país y eso ha permitido llegar al 78% de avances en el segundo semestre de 2015. Indicó que a la fecha se han visitado treinta (30) departamentos, de los cuales se observa que algunos están rezagados como ocurre con Bolívar, Cesar, Arauca y Cundinamarca. 

El Secretario explicó que hay una problemática mayor en cuanto a la falta de andamiaje jurídico para que los integrantes de las Comisiones Regionales compartan información y evidencia, desconociéndose que en el Estatuto Anticorrupción se buscaba que la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía pudieran sentarse a coordinar el trabajo en casos específicos de corrupción. 

El Secretario pidió autorización a los miembros de la Comisión Nacional para que desde la Secretaría de Transparencia se trabaje en equipo con todas las entidades (“ías”) en la definición de un Protocolo de Intercambio de Información que dé seguridad jurídica del tipo de  información que se puede compartir para tratar investigaciones conjuntas, y del modo de hacerlo, para que, a partir de allí, la Comisiones Regionales puedan mostrar resultados más efectivos en casos concretos contra la corrupción. 

Intervención de la Vice Procuradora, Dra. Martha Castañeda: Sobre el tema de la coordinación entre las distintas entidades señaló la existencia de obstáculos frente al procedimiento de la Ley 906/04 pues las evidencias y recopilación de algunos medios probatorios no se facilitaban especialmente a la Procuraduría y a la Contraloría, alegando posibles violaciones a la reserva. 

La Vice Procuradora terminó haciendo un llamado institucional a “coordinarse” sin violar reservas. 

  • Ventanilla Única de Denuncias (VUD).

El Secretario de Transparencia expuso la estructura de la Ventanilla Única de Denuncias, indicando que todos los miembros de la Comisión conocen los esfuerzos que se han realizado para su construcción. Resaltó que se trató de una decisión que tomó la Comisión desde el año 2012 y desde entonces se inició un trabajo con el Ministerio de las TICs en cuanto al diseño de la herramienta. Señaló además las distintas entidades que conforman la VUD tales como: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Auditoría y que en últimas de lo que se trata es de facilitarle las cosas al ciudadano en el trámite ágil y efectivo a sus denuncias para evitar reenvíos innecesarios.

El Secretario indicó que la VUD está lista y el Ministerio de las TIC´s invirtió unos recursos importantes; en esa medida, lo que realmente falta es que las entidades terminen de desarrollar unas pruebas de interoperabilidad y definir quién podría administrar la herramienta.

Explicó que el mandato que dio la Comisión a la Secretaría de Transparencia es precisamente en el tema de la administración de la VUD, donde se tienen hoy las dificultades, pues a pesar de haberse llevado a cabo distintos acercamientos con las entidades que la conforman, ha sido imposible sacar adelante este tema. En consecuencia, planteó que la decisión tiene que venir del más alto nivel teniendo en cuenta los costos que ya se han invertido.

Sobre el tema de los costos, citó el cálculo realizado por el Ministerio de las TIC´s de lo que podría costar la operación mensual de la VUD. Los valores reportados fueron los siguientes:

- Infraestructura Tecnológica: $11.000.000/mes
- Soporte técnico/Administración de servicios: $9.000.000/mes.

Posteriormente, el Secretario manifestó que en el mes de enero del año en curso se recibió la opinión formal de la Contraloría General de la República indicando que no estarían interesados en participar en la administración de la herramienta.

Intervención del Contralor General de la República: El Contralor, Dr. Edgardo Maya Villazón,  reiteró que no se hacen cargo del manejo de la VUD, pero que en todo caso habrá que buscarse la forma de que la Ventanilla funcione. Sugirió que la VUD podría ser administrada por la Secretaría de Transparencia.

Intervención del Presidente de la República: Indicó que se convocará un Comité con quienes hacen parte de la Ventanilla para tomar decisiones. En dicho Comité deberán plantearse propuestas.

Intervención del Ministro del Interior: El Dr. Juan F. Cristo explicó el funcionamiento de la URIEL (Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral), encargada de la recepción, análisis y traslado de las denuncias y quejas sobre procesos electorales a las autoridades competentes, poniendo a disposición el conocimiento de su equipo de trabajo en este tema para contribuir a la solución de las dificultades.

4. Presentación del Estudio del Observatorio de Transparencia:

El Secretario de Transparencia explicó que el estudio presentado a la Comisión se base en algunos interrogantes que surgieron en la pasada sesión de la Comisión Nacional de Moralización (julio 2015), señalando que el mismo intenta responder a la siguiente pregunta: ¿cómo está la percepción de corrupción del ciudadano frente al Estado Colombiano?

Procedió el Secretario a revelar los resultados de la encuesta sobre Percepción de Corrupción que hizo la  Secretaría de Transparencia en el año 2015, en la cual se preguntó si: “en los últimos 12 meses, la corrupción en el país ha: aumentado, permanecido igual o disminuido”. Los resultados reflejaron lo siguiente:

o Ha aumentado: 63%
o Ha permanecido igual: 25%
o Ha disminuido: 12%

Lo anterior para resaltar que a pesar de los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, la percepción de corrupción es alta.
 
Acto seguido, el Secretario expuso los resultados reportados por Transparencia Internacional recientemente y explicó que Colombia logró revertir una tendencia decreciente en el índice de Percepción de Corrupción; sin embargo, señaló que aún estamos lejos de la meta y continuó su exposición explicando que: 
 
- De 2008 a 2011: Colombia iba en rápida tendencia negativa; estábamos empeorando cada año en materia de percepción de la corrupción.

- De  2012 a 2015: Logramos revertir la tendencia, estabilizarla y lograr algo de mejora hasta 2015. Pidió tener en consideración la expedición del Estatuto Anticorrupción en el año 2011.

- En el Índice de Percepción reportado por Transparencia Internacional a comienzos del año 2016, cincuenta y dos (52) países empeoraron en su evaluación con respecto al año 2014, incluyendo a varios países latinoamericanos como Chile,  Brasil, Perú, Guatemala, Nicaragua y Venezuela (todos estos países empeoraron).

- Colombia en el ranking se mueve del puesto noventa y cuatro (94) al puesto ochenta y tres (83), es decir, mejoró su calificación; sin embargo, hay que tener en cuenta las causas de esa mejora: (i) en parte se debe a que siete (7) de los países que tradicionalmente eran medidos por el ranking, no fueron medidos en 2015 y dichos países estaban por encima de Colombia; (ii) y de otra parte se debe a que, cuatro (4) países (Perú, Filipinas, Finlandia y Marruecos) descendieron en su posición.

- El estudio de Transparencia Internacional muestra la relación directa entre violencia y corrupción. Los países peor posicionados en el ranking son Korea del Norte, Sudán del Sur, Angola, Afganistán. Todos esos países tienen situaciones de conflicto armado que afectan el resultado de la medición. Esto puede explicar en parte porqué en Colombia es tan difícil avanzar y dar un salto en materia de percepción de la corrupción.

- Entre los países mejor evaluados tenemos los europeos y anglosajones, sin embargo, el Secretario de Transparencia plantea que varios de los países “limpios” también tienen involucramiento con casos de corrupción: son muy limpios hacia dentro pero hacia afuera no es igual, y justamente aquí toma importancia la convención antisoborno de la OCDE para castigar la corrupción internacional.

Pasando a otro tema, el Secretario de Transparencia explica la evolución de las sanciones penales y disciplinarias desde el año 2008, indicando que a partir del estatuto anticorrupción y en particular respecto de las sanciones penales, hay un ascenso muy rápido en el número de sentencias penales condenatorias y eso mostraría que el sistema de justicia penal está funcionando mejor; sin embargo, se pregunta lo siguiente: ¿por qué si hay un crecimiento de las sentencias penales condenatorias por delitos contra la administración pública, la percepción de la gente es que hay un aumento de la corrupción y que el sistema en general no opera bien?

El Secretario explicó que la Secretaría de Transparencia solicitó una base de datos al Inpec y cruzó la información de los registros de personas que ingresan al sistema penitenciario y qué pasaba con cada uno de ellos; los resultados encontraron fueron los siguientes:

- En el periodo comprendido entre el 2008 y el 2011, de (2.128) sentencias penales condenatorias, únicamente se identificó el ingreso de 313 condenados al sistema de privación de libertad del Inpec, es decir, el 14,7 %.

- En el periodo comprendido entre el 2012 y 2014, de (2.157) sentencias condenatorias, el porcentaje de personas que van a la cárcel es del 50.6%.

Para el Secretario de Transparencia, lo anterior se puede deber, en parte, al tema de otorgamiento de beneficios para las personas que incurren en delitos contra la administración pública; pero lo cierto es que, a su juicio, sigue habiendo una distancia muy grande entre el número de condenados y el número de personas que finalmente es sujeta a alguna medida restrictiva de la libertad.

En resumen, el Secretario ve en lo anteriormente expuesto, una cara positiva en el sentido de que el sistema de justicia penal está funcionando muchísimo mejor; pero la contraluz de eso es que el sistema está diseñado de tal manera que las normas del Código Penal y Código de Procedimiento Penal permiten que muchas personas que son sancionadas por delitos contra la administración pública no vayan a la cárcel y terminen en libertad, generando en la percepción ciudadana que el sistema de administración de justicia no funciona. 

Intervención del Ministro de Justicia: El Ministro Yesid Reyes dio su punto de vista sobre el particular: a su juicio, la sensación de corrupción en general sigue estando en los casos de corrupción que no tienen una respuesta del sistema. El Ministro dijo estar convencido de que lo que genera una sensación de no actuación de la justicia es que no se judicialice y no haya una sanción al final de un proceso (cualquiera que sea la sanción: preventiva,  de multa, de brazalete electrónico) pero que cuando hay muchos casos de corrupción, especialmente en las regiones donde la gente ve todo lo que ocurre y no pasa nada, esa es realmente la sensación de impunidad que hay. Concluye diciendo que a su juicio la gente al final le da igual si la condena es de 30 años o de 15 años, porque lo que les importa realmente es que haya una sanción.

5. Retos en materia de Contratación Pública:

El Secretario de Transparencia, expuso brevemente algunos retos en materia de contratación pública, así: necesidad de reformar los procesos contractuales para incrementar el número de oferentes y simplificar esos  procesos;  necesidad de lograr que toda la información de los sub contratistas se cargue en el Secop II; la adopción de pliegos estándar por parte de todas las entidades contratantes.; y la mejora en la vigilancia sobre actores de alto riesgo (fundaciones, cooperativas, indígenas).

El Secretario planteó que la Superintendencia de Economía Solidaria podría ejercer la vigilancia sobre los citados actores de alto riesgo. 

Intervención de la Directora de Colombia Compra Eficiente, Dra. María Margarita Zuleta, resaltando que la información del Secop es cada vez es más completa y más del 99% de las entidades estatales están publicando su información en dicho portal; de ahí que el gran reto está en garantizar la calidad de esa información y en la responsabilidad de los servidores públicos que hacen los registros.

De otra parte, explicó que en Colombia tenemos un problema serio con la contratación directa, y es que le llamamos así a varias cosas que no lo son, de ahí que uno de los retos es aclarar todo lo que atañe a esta modalidad de contratación a través del Proyecto de Reforma a la Ley de Contratación que se tiene previsto llevar al Congreso de la República el año en curso. Ahora bien, resalta que el problema mayor se da en las licitaciones de obra pública (gran problemática en las regiones) donde el 86% tienen (1) solo proponente habilitado y con ello estaríamos castigando que haya una real competencia.

Indicó que el origen de lo anterior es que los contratistas diseñan sus pliegos y los requisitos habilitantes de forma tal que termine habiendo (1) solo proponente habilitado. Resaltó que tanto la OCDE como el Banco Mundial han dicho que Colombia se equivocó en la forma de tratar los requisitos habilitantes. Por ejemplo: en Colombia se pide determinada capacidad financiera/jurídica/organizacional y eso generó problemas porque la contratación con competencia abierta dejó de existir.

La Dra. Zuleta adujo que el Proyecto de Reforma a la Ley de Contratación está listo; sin embargo, esperan contar con la revisión y aprobación del Banco Mundial y la Comisión de la OCDE, por lo que se tienen previstas visitas de dicho órganos a Colombia en febrero y marzo de 2016, respectivamente. Surtido este proceso de revisión, Colombia Compra estaría lista para radicar el Proyecto en el Congreso de la República.

Posteriormente, se refirió al Secop II indicando que la idea es hacer todo el proceso de contratación en línea, pues solo así se puede tener trazabilidad de ¿quién hace el pliego?, ¿quién hace las modificaciones al pliego?, ¿quién presenta las ofertas? y ¿cuándo? Con esto se facilitarán las investigaciones que hagan los distintos entes de control.

Intervención del Presidente de la República: Avaló la reforma a las normas de contratación. Sugirió radicar el Proyecto en el mes de marzo de 2016. También expresó que exigiría a todos los Ministerios empezar a reportar en el SECOP II a la mayor brevedad.

6. Propuestas y valoraciones del Presidente de la República:

- Creación de una Unidad Especial de Contra Inteligencia dado que, de una parte, las entidades dedicadas a vigilar la corrupción están siendo cada vez más penetradas por los corruptos; y, de otra parte, es necesario coordinar todas las inteligencias para tener información efectiva de los casos de corrupción y en tiempo real.

- Sobre el segundo Plan de Acción para la Alianza del Gobierno Abierto (AGA), indicó que Colombia ha venido dando ejemplo en el mundo, felicita al Presidente del Consejo de Estado (CE) por ser el primer órgano judicial que dio el paso a la incorporación de este Plan y finalmente invita a las demás entidades a seguir este ejemplo en la búsqueda de transparentar todas sus actuaciones.

- Exaltó el compromiso del Congreso de la República en cuanto al acceso a la información de dicho órgano para todos los ciudadanos.

- Resaltó la firma de compromisos de integridad y transparencia por parte de 16.177 servidores públicos producto del trabajo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Secretaría de Transparencia; sin embargo,  indicó que la meta del 2016 es que todos los funcionarios del Estado adquieran ese compromiso.

- Se refirió a los avances de las Comisiones Regionales de Moralización (CRM) en cuanto a su operación (78% de avance en la gestión del segundo semestre de 2015); sin embargo resaltó que hay departamentos en los que aún falta mucho por hacer.

Sobre el particular, manifestó la necesidad de contar con protocolos que garanticen la coordinación de las actuaciones de las entidades que conforman dichas Comisiones.

- En ese mismo contexto y de acuerdo a la información que arrojó el observatorio Anticorrupción, indicó que la corrupción en el país se concentra primordialmente en la regiones donde por ejemplo el 86% de los contratos de licitaciones públicas tienen un (1) solo proponente; en esa medida, se acordó: (i) llevar a cabo unas reuniones especiales entre gobierno y las entidades de control para tomar medidas adicionales para combatir la corrupción en territorio; (ii) presentar una nueva ley de contratación, ojalá en marzo de 2016; y (iii) que los nuevos gobernadores y alcaldes deberán comprometerse con la entidad Colombia Compra Eficiente a adoptar sus pliegos estándar en sus contrataciones.

- Destacó como positivo el informe rendido por la entidad Colombia Compra Eficiente en cuanto a su gestión, indicando que en el año 2015 se compraron más de 1 billón de pesos a través de dicha entidad; sin embargo, la meta es incorporar más entidades del gobierno central y local al sistema de compras propuesto por Colombia Compra, y aquellas que no se acojan a éste, no tendrán inversión del gobierno central. Finalmente indicó que se estudiará la propuesta planteada por las entidades de control sobre obligar legalmente a todas las entidades a contratar a través de los procedimientos establecidos por Colombia Compra.

 

 


 

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