RELATORÍA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MORALIZACIÓN

19 DE ABRIL DE 2018

 

Asistentes

Miembros formales
NombreCargo
Juan Manuel Santos CalderónPresidente de la República
Fernando Carrillo FlórezProcurador General de la Nación
Carlos Hernán Rodríguez BecerraAuditor General de la República
Edgardo Maya VillazónContralor General de la República
Nestor Humberto Martínez NeiraFiscal General de la Nación
Enrique Gil BoteroMinistro de Justicia
Alfonso PradaSecretario General Presidencia de la República
Guillermo RiveraMinistro del Interior
Gabriel Cifuentes GhidiniSecretario de Transparencia

 

 

Invitados especiales
NombreCargo
Mariana GarcésMinistra de Cultura
Liliana Caballero DuránDirectora Departamento Administrativo de la Función Pública
Santiago MatallanaDirector (e) Departamento Nacional de Planeación
Paula AcostaViceministra General de Hacienda
Camilo GranadaAlto Consejero Presidencial para las Comunicaciones
Tathiana SánchezCoordinadora de Urna de Cristal -MINTIC
Rodrigo Rivera SalazarAlto Comisionado para la Paz
Ricardo LópezContralor Departamental de Cundinamarca
Juan Manuel Vargas Director de la Oficina Juridica del Ministerio de Cultura
Ernesto MontenegroDirector del ICANH

 

1. Introducción

El señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, dió inicio a la primera sesión de la Comisión Nacional de Moralización del año 2018 agradeciendo a los presentes por su asistencia e invitando a los representantes de las entidades que no son miembros de la CNM a que se retiren momentáneamente, mientras el Ministerio de Cultura presenta los avances en el proceso de recuperación del Galeón San José.

 

2. Agenda de la reunión:

  1. Instalación de la sesión – Sr. Presidente de la República
  2. Avances en el proceso de recuperación del Galeón San José – Ministerio de Cultura
  3. Intervención del Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República
    1. Balance 2010-2018 "Medidas Anticorrupción y Transparencia"
    2. Indicadores del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción
    3. Balance de Estrategia de Transparencia con Enfoque Territorial
  4. Estrategia de choque implementada por Vicepresidencia para el tema de posconflicto 
    1. Balance Gabinete de Posconflicto – Alto Comisionado para la Paz
    2. Nueva estructura del Fondo Colombia en Paz – Viceministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  5. Avance cumplimiento compromisos CNM del 7 de noviembre de 2017 con respecto al tema de paz
    1. Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz – Función Pública
    2. Ventanilla de Denuncias para el Posconflicto – MINTIC
  6. Varios
    1. Vigilancia de proyectos críticos financiados con regalías – Departamento Nacional de Planeación
    2. Balance operación C4 – Secretario de Transparencia
    3. Presentación del representante de las Comisiones Regionales de Moralización -  Secretario de  Transparencia
  7. Proposiciones

 

3. Desarrollo:

  • Avances en el proceso de recuperación del Galeón San José – Ministerio de Cultura

El Fiscal General de la Nación, Dr. Néstor Humberto Martínez, señaló de antemano que ha sido recusado por la Sea Search Armada ante la Corte Suprema de Justicia y pone ante la mesa su impedimento para participar y conocer de estos temas. El Presidente de la República, señala sobre lo anterior que si la presencia del Señor Fiscal, se hace sin voz en la discusión que se propiciará y de antemano aceptando el impedimento, se considera que no hay ningún inconveniente en que haga parte de la primera parte de la sesión de la CNM.

Posteriormente, el Presidente de la República, expresa que a título informativo, que esta primera parte de la CNM, se concentrará en explicar a los miembros permanentes de la instancia lo que se ha hecho y cómo va el proceso de recuperación del Galeón San José. En varias oportunidades el Gobierno Nacional ha propiciado reuniones con los presidentes de las  Altas Cortes, con los Órganos de Control, explicando el proceso. Esto es un proyecto de Estado, es uno de los proyectos más importantes de recuperación del patrimonio que se ha hecho probablemente en la historia, y tiene muchos enemigos por diferentes razones. Cada país, de alguna u otra forma reclama parte de este tesoro; también hay otras empresas que han hecho una labor muy efectiva de tratar de envenenar el proceso y hay, hasta objeciones de conciencia de personas, que están en la teoría de que los patrimonios sumergidos, deben quedarse sumergidos de por vida. Esto ya es una decisión ante la UNESCO. Hay muchos enemigos de este proceso, hay que afrontarlos, como gajes del oficio. El Gobierno y el Estado tomó la decisión de que esto se iba a recuperar como patrimonio. La idea es actuar como Estado. Es un proyecto del Estado Colombiano, de una inmensa importancia, desde el punto de vista arqueológico. El objetivo de esta parte de la CNM es dar un parte del avance del proceso, y lo que se ha hecho, que ha sido con todo el cuidado, para evitar correr riesgos desde el punto de vista fiscal. El Gobierno va a adelantar un proceso de APP, que ante los ojos de mucha gente puede ser cuestionable pero es claro que el Estado Colombiano está expuesto a un mínimo riesgo desde el punto de vista fiscal, el riesgo lo asume la empresa. No se está arriesgando. Y hay que verlo no como negocio, sino como una recuperación histórica de un patrimonio que también es histórico. El Presidente de la República le da la palabra a la Ministra de Cultura.

La Ministra de Cultura inicia su intervención, presentando al Dr. Ernesto Montenegro, Director del ICANH y el Dr. Juan Manuel Vargas, Director de la Oficina jurídica del ministerio que ha coordinado toda la parte legal de este asunto.

La intervención, señala la Ministra, girará en torno al estado del proceso, los medios de comunicación han aplicado una política de desinformación. El Ministerio de Cultura, ha invitado a un inglés, y señala sobre el rol que están jugando los medios, que se evidenciara quienes eran los dueños de los medios y cuáles eran sus intereses que hay atrás. Por ejemplo, el ABC de España está dedicado a una campaña de desprestigio por razones obvias, y muchos de los medios de Colombia, toman esa información descontextualizada y la replican. Adicionalmente acompañado, a que la Sea Search Armada ya ha manifestado los intereses de ellos. Esa posición no es ajena, y actúan como ya lo dijo el señor Fiscal, poniendo en entredicho lo que viene haciendo el Gobierno Colombiano. Desde el Ministerio de Cultura, hay una determinación en afirmar que no hay un proceso más estudiado desde las altas esferas del Estado Colombiano, como el proceso del Galeón San José. Primero porque ha sido desde el día cero del Gobierno. En el primer periodo del Presidente Santos, en el 2010, se expedió un fallo de la Corte Suprema de Justica que ya tenía una posición frente al patrimonio cultural sumergido. El fallo de la Corte decía, palabras más, palabras menos, no todo lo sumergido es patrimonio de la Nación, y reconocía unos potenciales derechos a la compañía Sea Search Armada, que había adquirido esos derechos por una cesión en la década de los 80. Ese fallo, para la Sea Search Armada era una mera expectativa, si en las coordenadas por ellos denunciadas, y solamente en ese punto, se llegase a encontrar un hallazgo y ese hallazgo fuera el Galeón San José, ellos tenían derecho a parte de la carga, el 50% de acuerdo al fallo de la Corte sobre lo que no fuera considerado patrimonio.

Sobre ese fallo de la Corte, este Gobierno construye una Ley sobre el Patrimonio Cultural sumergido. Además ese fallo de la Corte está en consonancia con los pronunciamientos de la Corte Constitucional y más recientemente con los pronunciamientos del Consejo de Estado. El proceso que se ha adelantado está conforme a las leyes vigentes. Y no es una interpretación de la Ley. Es una aplicación exegética de la Ley. Lo que dice la Ley es lo que se ha hecho en cada una de las etapas del Galeón San José.

El Ministerio de Cultura presenta a continuación la línea del tiempo que se ha seguido y continúa la intervención el Dr.  Juan Manuel Vargas, quien reitera en el cumplimiento estricto de la Ley Colombiana, particularmente la Ley de APP y la Ley de Patrimonio Sumergido, muchas veces las críticas se dan por desconocimiento de cómo funciona el mecanismo.

El proceso inicia el 26 de enero de 2015, cuando el originador, presenta la primera propuesta de pre - factibilidad como tal. Se da un proceso de evaluación de la propuesta de las entidades que tienen que ver directamente en el tema, como lo son el Ministerio de Cultura, el ICANH y la DIMAR. El 10 de abril de 2015 se le comunica al originador, el interés público en la propuesta para que pueda seguir adelante. Se obtienen conceptos favorables, por parte del Ministerio de Ambiente para realizar la operación y con base en eso el 26 de mayo de 2015 el Ministerio de Cultura profiere el acto administrativo que aprueba la prefactibilidad y autoriza la exploración en una zona, en un polígono específico del mar caribe colombiano.  Hay un primer proceso, el cual no es exitoso, no se hace el hallazgo, y el 20 de octubre de 2015, se expide un segundo Acto Administrativo que amplía la zona para la exploración y el 27 de noviembre se produce el hallazgo del naufragio del Galeón San José.

El 13 de mayo de 2016, se hace una segunda exploración, en la que se recoge más información de las condiciones del naufragio arqueológico que va a permitir hacer un proceso científico con todas las características que el mismo requiere.

Posteriormente inicia el proceso de las propuestas de factibilidad. La primera se da el 20 de septiembre de 2016, una segunda del 30 de septiembre que sustituye a la primera. El 2 de noviembre de 2016, el Ministerio hace unas observaciones con respecto a esa propuesta de factibilidad y en eso es importante advertirlo en ésta instancia. Desde ese momento, el Ministerio ya no está trabajando sólo, sino en compañía del Ministerio de Hacienda y del DNP. Estos últimos,  ya tienen conocimiento del proyecto desde ese momento y se inicia a trabajar en las observaciones que se hacen y que están acordes con los procedimientos de las tres entidades.

Se radica una tercera propuesta de factibilidad el 21 de marzo de 2017 y el 7 de junio se aprueba el informe final de exploración que presenta el originador, que es el que ya tenía la viabilidad para el desarrollo científico de la operación, no para el desarrollo de la APP. El 16 de junio se  presenta  la cuarta propuesta de factibilidad.

Ahí es cuando el Sr. Presidente en Cartagena hace el anuncio, que se ha radicado la propuesta y que ésta propuesta cumple con las expectativas del Estado Colombiano, está dentro de las condiciones que nosotros como Estado exigimos para un proyecto de esta envergadura. El 14 de julio se hace una audiencia pública en Cartagena, con la presencia de más de 70 personas, de posibles interesados en el desarrollo del proyecto y se hace una explicación general de cuál es el mecanismo y cuáles son los lineamientos científicos que se van requerir, para que el que esté interesado, empiece a trabajar en una posible propuesta. El 17 de julio se hace un taller multicriterio liderado por el DNP en el cual, básicamente se establece, la APP como el mecanismo idóneo para desarrollar el proyecto.

El 22 de agosto de 2017, el Ministerio de Cultura hace las observaciones a la cuarta propuesta de factibilidad y el 1 de septiembre  de 2017, el originador, presenta la propuesta final de factibilidad. Esta se analiza durante el mes de septiembre y se analiza para concluir finalmente en la aprobación, en la solicitud al Ministerio de Hacienda y al DNP de los conceptos en sus competencias y el 25 de septiembre se expide una resolución en la cual se acepta el monto de los estudios que ha hecho el originador, para reconocer esos estudios, en el caso de que no sea él, sino un tercero que ejecutara el proyecto, o el mismo Estado, que son un poco más de 6 millones de dólares.

El Ministerio de Hacienda el 16 de enero da su concepto aprobando la valoración de obligaciones contingentes que es su competencia, y el DNP el 17 de enero de 2018. En eso se debe advertir, que hay gente que señala, "Mire que curioso se radica el 16 de enero al DNP y el 17 ya da un concepto". Esto se da, porque el DNP venía trabajando en esto, hace muchísimo tiempo.

El 22 de enero se somete a consideración del Consejo de Ministros, y se obtiene concepto favorable. El 6 de febrero el Ministerio de Cultura le comunica al originador las condiciones por las cuales el Estado está en disposición de desarrollar el proyecto. Viene un proceso de ajuste, y finalmente el 7 de marzo acepta los términos de la propuesta hecha por el Ministerio. El 23 de marzo, se publica en el SECOP haciendo la invitación a quienes pudieran estar interesados a que hagan la manifestación de interés. Esta convocatoria está en el SECOP I  y se vence el término el 24 de abril para que quién tenga interés pueda manifestar su manifestación de interés, y si uno o varios cumple con los requisitos, se procederá con un proceso de selección abreviada, de acuerdo con lo que dice la Ley de Contratación.

Todo esto, para señalar que ha sido un procedimiento reglado, se ha seguido estrictamente, sin improvisación.

La Ministra de Cultura, señala que todo el proceso lo ha acompañado la Comisión de Antiguedades Naufragas, que es constituida por el Presidente de la República, que se reune regularmente y que cada uno de los pasos que se da frente al tema del Galeón San José, está avalado por la Comisión, donde hay 2 universidades, una el Externado de Colombia y otra la Universidad de Los Andes; donde hay también abogados y Exprocuradores de las más altas calidades que han revisado cada uno de los puntos. Eventualmente, por ejemplo, los temas para definir la remuneración del posible originador, se ha invitado, tanto al Ministro de Hacienda como al Ministro de Defensa. Y esas determinaciones han sido consideradas por todos los equipos respectivos. En el taller multicriterio del DNP la respuesta fue favorable, dado que no hay un sólo peso que ponga el Estado Colombiano para hacer esta operación. Todo el recurso lo pone el originador y lo otro que tomó tiempo fue definir los riesgos en cabeza del Estado, porque el Ministerio de Hacienda siempre solicitó disminuir estos riesgos a la mínima expresión, y así se trabajó. Todo el contrato, que puede ser revisado en el SECOP, evidencia que los riesgos para el Estado son mínimos y los beneficios son enormes.

Continúa el Dr. Juan Manuel Vargas, señalando que en caso de que no se presente un interesado, se contrata directamente con el originador. La coyuntura coincide con la Ley de Garantías, hay quienes han observado que no se puede celebrar el contrato, dado que es un contrato directo que está restringido por la Ley de Garantías Electorales. En ese sentido se tienen varios pronunciamientos del Consejo de Estado, Sala de Consulta, en los cuales se señala lo siguiente "La Sala de Consultas del Consejo de Estado, para los efectos de la Ley de Garantías y dada su finalidad, el enunciado de contratación directa es sinónimo de cualquier sistema que no tiene convocatoria pública y con pluralidad de oferentes, y que además no necesariamente  hace referencia al procedimiento especial regulado por la Ley de Contratación Estatal, sino a cualquier otro que prescinda de un proceso de licitación pública o concurso, por lo tanto no son materia de prohibición las demás modalidades previstas por la Ley, tales como la licitación pública, concurso de méritos o selección abreviada, razón por la cual en este periodo pre electoral de la que trata la disposición, puedan las Entidades Públicas, seguir contratando bajo estos sistemas."

Señala el Dr. Vargas que es absolutamente claro, que en caso de que no hubiesen proponentes y el Gobierno Nacional llega a contratar directamente con el originador, no es la hipótesis o el tipo de contratación directa que está prevista en la Ley de Garantías Electorales sino un proceso en el cual hubo la oferta, la posibilidad de que hubiera pluralidad de oferentes que no se presentaran, y también hay muchos lineamientos que ha dado el Consejo de Estado sobre casos de licitaciones con un solo proponente que se pueden adjudicar sin que se pueda alegar que no hay un proceso abierto de convocatoria.

Expresa la Ministra de Cultura que también se cuenta con los conceptos de la oficina jurídica de la Presidencia de la República. Por eso se ha dicho que el proceso de la APP, adicionalmente no es una selección a dedo. La APP necesita obligatoriamente un originador. Si no existiera un originador, no sería una APP. Lo otro que se ha dicho es que ese originador, es un cazatesoros. El Ministerio de Cultura ha dicho no, no es un cazatesoros, es un inversionista. Es un señor que ha puesto unos recursos importantes y que le ha permitido tener a los mejores del mundo en cada uno de sus áreas. En el ABC de España, hicieron una relación de las personas que hacen parte de los científicos que estarían a cargo de la operación en el eventual caso de que sea el originador quién suscriba el contrato con el Estado Colombiano.

Continúa la intervención el Dr. Vargas, explicando que hay una serie de críticas, que  se hacen muchas veces por desconocimiento del funcionamiento del mecanismo de la APP. Se ha dicho que el procedimiento de la APP  es un mecanismo de selección a dedo. Lo cual reitera es un tema de desconocimiento. Es claro que a partir de la propuesta del originador, otros interesados puedan participar y mejorar la propuesta del originador. Igual se hace el registro en el RUAP (Registro Único de Asociaciones Publico Privadas) desde el 2015, y está a disposición de la ciudadanía en la página del DNP.

Ya hay unos ofrecimientos de terceros interesados, y retoma la palabra la Ministra de Cultura señalando que hubo un ofrecimiento de una fundación privada (Fundación del Mar) y hace parte de esta fundación, uno de los arqueólogos franceses más reconocidos que adicionalmente, a través de la Embajada de Colombia en Francia, pidió en diciembre una cita a la que acudieron el Sr. Embajador y el Director del ICANH, donde ellos planteaban el interés de directamente extraer el Galeón San José. En ese momento se les explicó que hay un procedimiento de APP en curso y que sería muy provechoso para el proceso de recuperación del Galeón, que la Fundación del Mar y el Gobierno Francés se vincularan al proceso, pero eso pasa obligatoriamente por el seguimiento y cumplimiento a los lineamientos que ya estaban establecidos en la APP que estaba en curso. De igual forma, se explicó en su momento que el Ministerio de Cultura publicaría los términos y que se propiciaría  una audiencia pública y que una de las condiciones de la APP era que no sólo se requería la extracción sino que también se debía contar con obras de infraestructura porque así lo obligaba la Ley Colombiana. Adicionalmente cuando éste arqueólogo francés, hace su intervención en medios de comunicación en Colombia, dice equívocamente que Colombia lo único que quiere es vender el patrimonio y por eso no acepta nuestra propuesta. Desde el Ministerio de Cultura hemos oficiado a él por escrito, cuál es la manera en que ellos puedan participar y que no se puede limitar la propuesta a la extracción y que debe presentarse como una opción a la propuesta que ha recibido el Estado Colombiano del originador.

Con respecto a la UNESCO, como es de conocimiento público, Colombia no suscribió la Convención de la Unesco y la Señora Canciller recibió una comunicación de la UNESCO, invitándo a participar en una conferencia sobre patrimonio sumergido y piden que asista el Embajador. Ministerio de Cultura respondimos a esa invitación señalando que como el país no es suscribió la Convención de la UNESCO, no participaría de esa conferencia pero se señaló que el Gobierno Colombiano está dispuesto a entregar toda la información sobre lo que se ha venido adelantando respecto al Galeón San José. Hay que decir que, el arqueólogo francés, que ha dicho que lo único que le interesa al Estado Colombiano es el tesoro, es parte de los asesores de la UNESCO, él hace parte de la Comisión de Patrimonio Sumergido, quienes prefieren dejar en sitio todo lo hallado.

Finalmente el Dr. Vargas, expresa que es claro que no es posible, como muchas veces se pretende, hay un mecanismo caminando, hay un originador que presentó una propuesta y ha invertido unos recursos, el Ministerio de Cultura, no podría expresarle su negativa a dicho originador , porque hoy alguien se presenta diciendo que lo hace gratis. La Ministra de Cultura, señala que quienes han contactado a la entidad, dicen a un precio razonable y tampoco ha entendido la Fundación del Mar que el Estado Colombiano no está poniendo un peso y que los 167 mil millones de los que habla el contrato, es lo que va a casar el originador para hacer la operación. Entonces el francés dice "Ustedes me dan un pedacito de ese dinero, y yo le saco el tesoro". El Ministerio de Cultura responde diciendo que "Ni le podemos dar un pedazo de la plata dado que ese recurso no es del Estado Colombiano, ni nuestro interés es sacar un tesoro. Es tener un proyecto científico que implica un laboratorio, que implica un museo, que implica la conservación  de todos los materiales que de ahí vienen e implica entender desde el punto de vista científico y arqueológico ese sitio donde está el Galeón."

Continúa el Dr. Vargas, manifestando que esta discusión se ha venido dando básicamente porque el proyecto se pudo desarrollar porque el originador tenía información científica histórica que había recopilado en una investigación de más de 35 años, que le permitió al Gobierno Nacional encontrar al San José. 

La Ministra de Cultura, menciona que el arqueólogo que hizo ese hallazgo, tenía que conseguir quién le pusiera el músculo financiero para llevar a cabo esa operación dado que el Gobierno Colombiano en su momento expresó que no contaba con 6 millones de dólares, para financiar su operación y lo que está previsto en la Ley, es que sea un inversionista de carácter privado quién arriesgue si ahí hay un galeón o no. Lo que hay que entender hoy, que hay certeza sobre la ubicación del Galéon, que el Ministerio de Cultura no se ha basado en los estudios de la Sea Search Armada, porque donde ellos exploraron no es ni siquiera el polígono donde está hallado el Galeón, es muy fácil decir, "Eso lo debió pagar el Gobierno Colombiano" pero es que el país lleva 40 años tratando de hallar y de tener los mecanismos para poder recuperar el Galeón San José. Esa es la realidad de los últimos 40 años.

Continúa el Dr. Vargas, y explica la razón por la cual no se ha hecho éste proceso a través de una licitación pública. Explica que la Ley de APP, dice que una vez socializado el estado del proyecto por el particular y aceptado por la respectiva entidad, si se requiere recursos públicos, debe convocarse una licitación, de lo contrario se debe surtir un proceso de selección según las reglas de la selección abreviada de menor cuantía.

El contratista está obligado a dos infraestructuras culturales asociadas al proyecto. Uno es la construcción del laboratorio de conservación de materiales y la del museo. Esa remuneración está sujeta a la disponibilidad de infraestructura pública asociada y al cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad. El originador podría sacar todos los objetos y no cumplir con estas dos condiciones, y aún así no tendría derecho a la remuneración prevista.

Existen también los riesgos litigiosos. El Ministerio de Cultura ha trabajado una estrategia de defensa jurídica para todas las reclamaciones que se puedan presentar en todo el proceso, por parte de otros Estados, como España, Perú, Bolivia, Ecuador, El Vaticano, por el hallazgo y extracción del Galeón San José. Y también se ha venido trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura y con la Agencia de Defensa Jurídica. Con el Consejo Superior de la Judicatura se ha trabajado específicamente, que en el caso en que se presenten acciones judiciales (acciones populares o acciones de tutela), dado que se trata de un asunto de Estado, esos asuntos sean sustraídos de las regiones donde se presta a veces para actuaciones complicadas, y sean radicadas en Bogotá, y sean atendidos en primera instancia por el Tribunal de Cundinamarca y en segunda instancia por el Consejo de Estado.

Con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se ha venido constituyendo unas mesas de trabajo, para mirar todo el tema de coordinación interinstitucional para garantizar la defensa del Estado en determinados eventos.

Sobre la confidencialidad con la que se ha manejado el tema, señala el Dr. Vargas que para él como funcionario público ha sido muy incómodo tener que manejar este tema que tiene confidencialidad. Hay mucha desinformación en los medios y por esta característica no ha sido posible salir a aclarar la información sobre el proceso que se describió anteriormente. Incluso se ha planteado que la confidencialidad solo se dé sobre las coordenadas de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Sumergido. Pero es claro que esa confidencialidad y reserva se extiende a todo el proyecto, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 14 de la Ley 1508 que dice que "Los particulares podrán estructurar proyectos de infraestructura pública o para la prestación de servicios asociados, por su propia cuenta y riesgo asumiendo los costos de estructuración y presentarlos de forma confidencial y bajo reserva a consideración de las entidades competentes". Por lo anterior es claro el Ministerio de Cultura no puede revelar el originador ni muchas otras cosas, que ya hoy en día son públicas, gracias a la publicación en el SECOP.

La Ministra de Cultura señala que hay una unión entre confidencialidad y corrupción. Si es información reservada, la tienen reservada porque hay corrupción. Es un poco la conclusión inmediata de los medios de comunicación.

Continúa el Dr. Vargas explicando el proyecto científico, que básicamente, hay dos conceptos sobre el tema, hay quienes opinan que todo lo que se encuentre en el yacimiento arqueólogico es patrimonio y no debe ser tocado, es imposible comercializarlo. Y el otro concepto, que es el que ha desarrollado el Gobierno Colombiano, que está avalado en las leyes, en la Constitución y por las tres Altas Cortes, que dice que no todo lo que se encuentra sumergido es patrimonio y por lo tanto se puede utilizar una parte de los objetos de la carga que se encuentre, para financiar la operación. No se entiende, cuando se dan las críticas de los medios de comunicación, es básicamente, ellos plantean que como el Ministerio de Cultura tiene la intención de comercializar una parte de la carga, la conclusión es que es un proyecto de cazatesoros y por lo tanto no tiene ningún valor científico, pero nunca se han sentado, como ya lo va explicar el Director del ICANH, a verificar el contenido científico del proyecto.

La Ministra de Cultura señala que adicionalmente, éste tema ya fue superado. El Ministerio de Cultura ya fue al Congreso de la República a debatir una Ley que prevé la posibilidad de que el Consejo Nacional de Patrimonio, determine que es patrimonio y que no y que con lo que no sea patrimonio se le pueda remunerar al contratista o al proponente. Pero volver a revivir a estas alturas, después de todos estos años, de que la Ley ya fue aprobada, ya fue objetada, ya llegaron los fundamentalistas con las camisetas puestas diciendo no, y se surtió el procedimiento legalmente consagrado para el trámite y aprobación de una Ley, y volver a ese debate. Entonces el Rector de la Universidad Nacional convoca un equipo a decir que la Ley no sirve y que no consultan a las personas que al interior de la UNAL, como por ejemplo Fabián Sanabria que fue director del ICANH, que vino en comisión de la UNAL y que le tocó el debate de la Ley o a quienes tiene sentados la UNAL en el Consejo Nacional de Patrimonio, que es la Decana de la Facultad de Artes, sino que cogen a otros profesores que ya han manifestado su desacuerdo con la Ley, que ya han redactado un documento diciendo que ese proyecto lo deben parar, a nosotros como Ministerio de Cultura si nos parece, pues que hay algo que no funciona.

Inicia la intervención el Director del ICANH, señalando que la Ley Colombiana, tiene mecanismos de protección mayores que los de la UNESCO. Desarrolla tres fases que son indisociables, exploración, intervención, conservación y adiciona la divulgación. No se puede hacer en Colombia una intervención si no se llega hasta la divulgación. No hay ninguna posibilidad, de que en Colombia, por el marco legal que se ha desarrollado, se haga una intervención sin que el 100% de los materiales intervenidos, sean restaurados, conservados y divulgados. En ese orden de ideas, ésta cadena es mucho más protectora que la de la UNESCO. En ese orden lógico, pero además legal hoy en día,  es que se ha movido todo el proceso de recuperación del Galeón San José.

Todos los esfuerzos de investigación, están acompañados de esfuerzos de conservación. Las distintas propuestas realizadas al Estado Colombiano, consideran solamente la intervención y no los procesos de conservación y divulgación. Desde el Ministerio de Cultura y las demás entidades que han acompañados el proceso, se estableció que el costo total de la operación era la suma del total de los gastos de intervención, conservación y divulgación. No solamente uno. Si alguien propone, "les ayudo con un barco para que pueda excavar" la respuesta es "necesitamos que nos ayude con un barco, un laboratorio de conservación de materiales a cinco años y con un museo que sea capaz de contarle a los colombianos y a todo el mundo que es lo que se ha encontrado", si no el proceso no puede adelantarse. En ese sentido, el presupuesto que se definió desde el Ministerio de Cultura, que son 60 millones de dólares, que es lo que se propuso como mínima inversión, es lo que debe garantizar que se puedan hacer las fases ya descritas de manera adecuada. Señalando que fue la etapa de exploración, lo que permitió encontrar al San José, después de 300 años. El San José hoy en día es una realidad, sólo porque fue encontrado, no es una expectativa hoy en día.

El modelo que se ha generado, es un modelo que exige 60 millones de dólares, y ese inversionista y la gerencia de un proyecto de esa magnitud, permite constituir equipos científicos en todos los niveles. El mejor equipo científico, requiere ese presupuesto para intervenir, incluyendo oceoanográfos, con ingenieros marítimos, historiadores marítimos, con ingenieros robóticos, historiadores navales, con arqueólogos, con biólogos marinos, para garantizar que la intervención se haga de la manera adecuada, con los más altos estándares de calidad. Pero esto se logra porque se tienen los recursos para contratar a los mejores. No solamente porque los mejores propongan sin recursos económicos, que ellos podrían hacerlo, tal y como lo ha manifestado la UNESCO.

Se tiene la posibilidad, desde los pliegos que se formaron en Colombia, de contratar al que necesite y que reúna las mejores y las más altas condiciones. Y hay muchos que quieren. Los mejores científicos del mundo quieren. Este es un espacio en donde es un objeto de deseo. Las críticas que hay no corresponden con las iniciativas que hay de los particulares; mejores arqueólogos, mejores oceanógrafos, mejores robóticos que han escrito, manifestando su intención de participar. La respuesta es que de manera particular se pueden contratar dado que los pliegos lo que hacen es exigir una inversión para contratar a los mejores. Es un proyecto científico. Por supuesto, hay que leer los pliegos. Hay una serie de anexos técnicos que no han sido criticados en la más mínima coma. No hay ni la más mínima crítica sobre los procedimientos científicos, tanto en la intervención como en la conservación. Se tiene un proceso de intervención, por unidades de excavación y por unidades estratigráficas. Estos procesos son los que exige la arqueología en tierra. Se va a hacer a 1.000 metros de profundidad, a 600 metros de profundidad, una excavación arqueológica como si fuera en tierra, por unidades de excavación y registrando el 100% de los objetos, cosa que no se ha hecho en ninguna parte del mundo a esas profundidades. Nunca se ha hecho una excavación arqueológica por unidades estratigráficas y con unidades de excavación a esa profundidad.

Colombia es el primer país, que se enfrenta a esta actividad y para eso se requiere que se utilicen los estándares de calidad más altos en términos científicos. En el ámbito de la conservación, otros tantos han hecho conservación, pero en la propuesta que se recibió del originador, es trabajar con uno de los institutos de conservación, más importantes del mundo y allí es que relacionan al Gobierno Nacional con los ingleses, porque el Instituto de Conservación de Inglaterra, va a trabajar directamente en el proceso de extracción del Galeón. El Director del Instituto de Conservación de Inglaterra hace parte del equipo de proponentes. Entonces la conservación de materiales, está altamente garantizada. Y dentro de los pliegos que construyó el Ministerio de Cultura, la divulgación se hace sobre un espacio que mide al menos 18.000 metros cuadrados, casi 2 héctareas para la construcción de un museo, que es una exigencia para el inversionista en la ciudad de Cartagena.

Entonces, se tienen los más altos estándares de calidad científicos en la intervención, en la conservación y los más altos estándares en lo que refiere a museografía y museología, para la divulgación. Así están construidos los términos, y por supuesto, el originador es un inversionista, es decir no es una empresa cazatesoros. Hay un sujeto que pone los recursos y con esos recursos hay una serie de condicionamientos que se garantizan con esa cantidad de plata. A diferencia de los cazatesoros, que imponen una metodología y unas dinámicas, el inversionista no está involucrado dentro del procedimiento científico que es autónomo, pero el inversionista tiene la responsabilidad y el compromiso de poner al menos 60 millones de dólares.

La Ministra de Cultura, señala que tal y como lo manifestaba el Sr. Fiscal al inicio de la reunión, el equipo del Ministerio de Cultura también ha sido objeto de todo tipo de comunicaciones diarias. La última es del día 18 de abril, en la que dos arqueólogos; el señor Aceituno y el Director del Museo de la Universidad del Norte, piden suspender el procedimiento. Señala la Ministra que el procedimiento no se puede parar, dado que como servidores públicos, existe la posibilidad   investigación por acción o por omisión y en este momento, éste es un procedimiento que está en curso, que ha cumplido con todos los requirimientos y no hay razón de Ley  para parar un procedimiento que ha cumplido con todo lo estipulado en la legislación colombiana y adicionalmente con muchas garantías científicas para el Gobierno de Colombia, y así mismo radican todos los días, en los órganos de control sobre distintas cosas, desde que el director del ICANH, no cumple con sus títulos para desempeñar su cargo, lo que ya con Función Pública, ha sido totalmente desvirtuado, cumple todas las condiciones para ser director del ICANH y no está obligado a homologar sus títulos si no lo quiere hacer, dado que no son exigencias para ocupar el cargo.

El Presidente de la República una vez realizada la intervención del Ministerio de Cultura pregunta si en éste momento se puede divulgar, la propuesta del originador, los detalles de cómo se llegó a establecer los porcentajes de remuneración, a lo que la Ministra de Cultura responde que ya en SECOP I está publicada toda la información, que también fue consultada con los Órganos de Control y es pública, el tema es cómo hacen la lectura los medios de comunicación. Entonces, en éste momento el Ministerio de Cultura está en un tema de pedagogía. Se han concertado reuniones de todo el equipo y la banca de inversión con los responsables de los medios.

El Sr. Presidente señala que lo importante es que la gente entienda los criterios que se utilizaron para definir el porcentaje que se le va a dar al originador de lo que no es patrimonio y como se va a determinar qué es y qué no es patrimonio. El interés, más que todo, es que ésta es una operación de arqueología, de recuperación de un patrimonio arqueológico como ninguna otra se ha hecho, y que se va a hacer con las mejores mentes de expertos del mundo entero, lo que va a garantizar el éxito del proceso, y que para eso se estableció un procedimiento en el cual el Estado Colombiano no arriesga ni un solo peso, pero que trae un beneficio enorme desde el punto de vista arqueológico, lo que se le heredará a futuras generaciones con el museo, la experiencia que cada colombiano experto en estos temas que participará, va a dejar a Colombia como referente a nivel mundial, en esta operación. Todo esto es lo que hay que explicar y que hay que repetir hasta la saciedad.

Por ser una cosa tan importante, habrá todo tipo de cuestionamiento, de interrogantes y de objeciones por diferentes motivos, pero lo más importante es aclarar ante la opinión pública. Las cosas que no se entienden, generalmente automáticamente la gente lo rechaza. Garantizar que lo que se ha hecho, es introducir un proceso de excelencia en todos los procedimientos y los avales de los mejores del mundo, es sumamente importante. Los que están colaborando, que son los mejores del mundo, también deben salir a socializar explicando que lo que se está haciendo, es con todo el rigor científico. La Ministra de Cultura, señala que eso está planeado hacerse, justamente por instrucción previa del Sr. Presidente. Una vez se sepa que el originador tiene la mejor propuesta, dado que en éste momento, cualquiera puede mejorar la propuesta del originador, pues todavía el equipo científico del originador no puede decir nada más allá de lo que está consignado en la propuesta, porque no tiene celebrado ningún contrato con el Gobierno Colombiano y se está a la espera que posiblemente los franceses se animen a participar ojalá lleguen con una mejor propuesta que supere la del originador y el equipo evaluador definirá si son ellos o cualquier otro que se presente a la convocatoria que hoy es abierta y pública y que responde a las condiciones impuestas por el Gobierno de Colombia a ese originador, después de muchos debates y de muchas instituciones involucrados, y si hay alguien que lo mejore pues mejor aún para el Gobierno de Colombia. Desde el Ministerio de Cultura, se ha adelantado en la pedagogía mediática que es difícil. Por ejemplo cuando se dio la reunión con Blu Radio, fueron tres horas de reunión y ellos quedaron realmente muy sorprendidos, manifestando que no tenían idea de la envergadura del proyecto.

El Procurador General de la Nación, interviene señalando que desde la PGN se han presentado una serie de recomendaciones al proceso, y que cualquier tipo de intervención preventiva u actuación disciplinaria, por supuesto no se va a discutir aquí en esta instancia, pero rechaza cualquier manifestación en sentido, de que se cuestione el papel de la Procuraduría como parte de un equipo dónde se va a montar una posición en relación con el proyecto. Lo que es fundamental es que el mejor amigo de la pedagogía es la transparencia absoluta. Y el proceso está en una fase, donde se deben abrir todas las cartas, para que la gente entienda lo que se está discutiendo acá. Desde la Procuraduría se ha enviado a la Ministra una serie de observaciones[1], absolutamente constructivas que lo que busca es blindar al máximo éste proyecto. Para nadie es un secreto que todas las lupas nacionales e internacionales, los reflectores, la UNESCO van a estar a la expectativa de cómo se desenvuelve éste proceso y eso exige el máximo de diligencia. En la interpretación de las normas legales, y aquí hay muchos abogados, siempre hay una interpretación restrictiva y una interpretación amplia. A la hora de un asunto como éste, que implica tanta pasión y tanto radicalismo en muchas posiciones, las interpretaciones siempre van a ser las más restrictivas. La evaluación jurídica va en esa dirección y se señala esto, dado que la preocupación radica exactamente en los riesgos jurídicos eventuales que pueden surgir con un único objetivo, y es blindar este proceso. Y  se menciona lo anterior en relación a varios de los puntos. Por ejemplo, frente a la interpretación de la Ley de Garantías Electorales, esa es una opinión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, pero no la opinión mayoritaria.

Al interior de la Procuraduría cuatro procuradores delegados han estado revisando el proceso, y nunca ha habido un criterio unívoco en muchas de las interpretaciones de lo que ha sido, el devenir del proceso del Galeón San José. En materia de contratación directa y no tanto porque haya un desconocimiento de cómo funcionan las APP´s, porque precisamente lo que hay es una situación desde el punto de vista jurídico, tan nueva y tan innovadora que es prácticamente imposible prever las consecuencias de lo que se va a presentar a nivel de litigio jurídico en relación con la aplicación de esta APP. Lo que la Procuraduría quiere es que aquí haya total blindaje y protección a los intereses del Estado. Cualquier esfuerzo se va a quedar corto para enfrentar a la artillería que se va a tener tanto a nivel nacional como internacional. No es sólo el Diario ABC de España. Respetuosamente, señala el Señor Procurador que a este proceso, en el marco de la UNESCO, hay que darle otro tratamiento, dónde haya diálogo y se pueda explicar. Si es tan fuerte la fundamentación desde el punto de vista científico, debe haber todo el espacio para discutirlo y ganar esa controversia y no simplemente estar ausente de las discusiones internacionales. Desde la Procuraduría se encuentra muy acertado que se prevean todos los riesgos hacia el futuro, y se celebra el involucramiento del Consejo Superior de la Judicatura pero se reitera que todo esfuerzo se va a quedar corto frente a la andanada de críticas en relación a este proceso. Si la confidencialidad se aplicaba sólo sobre las coordenadas, de aquí en adelante si vale la pena correr ese velo y hacer ésto de cara a la ciudadanía. El tema de cumplimiento de plazos, de modificaciones en la propuesta, en fin, todo lo que se pueda convertir en un talón de aquiles de aquí en adelante de este proceso que debe salir bien. Se insiste en que de aquí en adelante, debe haber la mayor diligencia desde el punto de vista jurídico, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es prender las luces rojas, y en consonancia con la Ministra de Cultura, esto va a seguir creciendo, el escrutinio y el cuestionamiento al proceso, y si se tienen los argumentos jurídicos y científicos, lo que se necesita es darle publicidad a este proceso, y así como se ha hecho con una emisora, ojalá se haga con todo el país, que la gente sepa con certeza que jurídicamente, todo el proceso está bien construido.

El Señor Presidente señala que está de acuerdo con esa posición. Es evidente que tiene muchos detractores, pero se va a transparentar lo mejor posible, defendiendo siempre los intereses del Estado. Con ese criterio se ha venido procediendo, se está innovando y considera que la observación del Señor Procurador sobre si acudir o no a la UNESCO, puede ser válido. Se va a discutir eso, es mejor estar allá, dando la cara y presentar la opinión del Gobierno Colombiano, así no seamos suscriptores de la Convenión. La UNESCO tiene una opinión tomada, y se sabe que por sus principios y por su política, dejaría el Galeón allá. Hay que discutir, la asistencia de Colombia a la UNESCO. Se entiende que hay algunos detalles sobre la calidad de los operadores, por Ley por la forma como se está armando la APP, no se pueden publicar porque es darle a la posible competencia una información que es contraproducente, y ese velo se va a ir corriendo próximamente, pero es necesario tener en cuenta que hasta el último detalle de lo que se va a hacer, esté bajo el escrutinio de todo el mundo, para que no haya lugar a la más mínima sospecha de ninguno de los procedimientos.

La Ministra de Cultura señala a la intervención del Procurador General de la Nación y del Señor Presidente, que la respuesta a la invitación de la UNESCO, fue que no se consideraba que debería asisitir exclusivamente el embajador, pero se respondió invitando a conocer todo el procedimiento al detalle, donde estuviese todo el equipo que ha trabajado en el tema, para que la UNESCO se enterara hasta del último aspecto de lo que se ha venido trabajando. Pero lo que la UNESCO quiere, señala la Ministra de Cultura es que en el marco de la Comisión de Patrimonio, llevar al embajador Colombiano.

El Presidente de la República señala que lo que hay que hacer es blindar el proceso al máximo, porque sabemos que lo que viene es una andanada de ataques de todo tipo, jurídico y político. Y es previsible por el tamaño del proyecto y toca tantos intereses que lo fácil es decirle a la UNESCO, "lo dejamos ahí y punto." Pero el país perdería una oportunidad de oro, de dejarle eso al mundo, porque ese es un patrimonio que vamos a dejar a la humanidad, es una recuperación que nunca se ha visto. La cantidad de intereses que ha suscitado el Galeón San José es impresionante. Es una oportunidad muy grande para el país, pero insta a hacerlo con el cuidado máximo.

El Procurador General de la Nación, señala que está totalmente de acuerdo con la apreciación del Presidente y expresa que es posible que en los próximos días este tema pueda ser parte del debate electoral y se debe blindar el proceso.

Posteriormente el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República y de acuerdo al orden del día, señala que en todas las Comisiones de Moralización se hace un balance sobre los datos del observatorio, y en este caso siendo ésta la penúltima Comisión del Gobierno, se considera importante traer una serie de balances frente a la gestión. En materia de logros institucionales, el marco normativo ha sido muy sólido, sobre eso hay resultados muy importantes como las capacitaciones y la racionalización de trámites. En la institucionalidad creada por el Estado para modernizar sus instituciones y generar un valor agregado e imprimirle transparencia, se crearon 10 instituciones nuevas. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a la fecha ha ahorrado 70 billones, en SECOP se han publicado más de 747 billones de pesos en más de 6 millones de publicaciones. En materia de coordinación interinstitucional partiendo de ésta Comisión Nacional de Moralización, está el C4, las Comisiones Regionales de Moralización, la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, el Comando Anticorrupción son algunos ejemplos de los resultados de la articulación interinstitucional para tener instituciones más sólidas y canales de articulación más efectivos en la lucha contra la corrupción. En materia de estrategias de autoregulación, tanto en el sector privado como en el sector público, se han firmado más de 350 pactos de transparencia, y a la fecha se han capacitado más de 8.000 personas en control social y se han creado más de 64 veedurías a nivel nacional.

Continúa el Secretario de Transparencia resaltando, que ésta es la primera vez que un Gobierno hace uso de recursos tecnológicos y de análisis de datos para enfocar la lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia. La creación de Urna de Cristal, ha permitido tener más de 21 millones de interacciones con los ciudadanos. El portal de datos abiertos tiene más de 3.000 fuentes de datos abiertos y es el primer país en Latinoamérica y el cuarto en el mundo que tiene un portal de datos abiertos. En el SECOP, como ya se mencionaba se han publicado más de 6.4 millones de contratos por un valor de 747 billones que están a disposición de la ciudadanía que los quiera consultar. A través de la Tienda Virtual el Estado se ha ahorrado cerca de 1.6 billones de pesos en más de 26.000 transacciones. El portal de Transparencia Económica, dónde está toda la información del Presupuesto General De La Nación ya cuenta con más de 400 GB de datos abiertos y el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción ha seguido innovando en esta materia.

En materia de datos del Observatorio, desde que se sancionó el Estatuto Anticorrupción, tanto las sanciones disciplinarias, fiscales y penales han venido en aumento.

En el histórico de las sanciones disciplinarias, de acuerdo a las bases de datos con las que cuenta el Observatorio, han venido aumentando en un 20% en los últimos 7 años, con un incremento del 3% anual. En materia de sanciones penales, esos resultados son aún más visibles, con un aumento del 200% desde el 2010, con un porcentaje de crecimiento anual del 18%, lo cual se traduce en un aumento del 6% del número de personas que han sido detenidas y enviadas a la cárcel por esta clase de conductas, con un  crecimiento anual del 4%. También en materia de sanciones fiscales, ha aumentado en un 365% el monto de las sanciones impuestas por multas, con un incremento del 29% anual. Hoy se recuperan en promedio, 15 veces más, en recursos impuestos en multas, respecto a lo que se hacía antes de la expedición del Estatuto.

¿Cómo reacciona la ciudadanía a estos esfuerzos? Y éste es un dato nuevo del observatorio, por primera vez podemos ver que hay una relación proporcional entre el aumento de los esfuerzos y la eficiencia y la percepción de los niveles de corrupción. Antes se hacía esta comparación con base en encuestas de percepción hoy ya se puede, con los datos de las entidades que hacen parte de esta Comisión, determinar que existe un indicador duro en materia de eficiencia y lucha contra la corrupción directamente relacionado con el aumento de la percepción, configurándose así la famosa curva de Gauss, que entre mayor transparencia, mayor eficiencia en la lucha contra la corrupción, mayor la percepción. Sin embargo siguiendo con estos esfuerzos, y entendiendo que a mayor participación ciudadana, mayor rendición de cuentas, las personas que más participación tienen, se genera una percepción de corrupción mucho más baja y más aterrizada a los esfuerzos institucionales desde el Estado Colombiano. En materia de corresponsabilidad, la Secretaría de Transparencia no solo ha trabajado con el sector público, se han implementado estrategias muy buenas en el sector privado y aquí se entiende que las políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional avanzadas por la Supersociedades por mejorar los proyectos de cumplimiento, transparencia y lucha contra la corrupción dan unos resultados muy interesantes. Las empresas que están priorizadas por la Supersociedades tienen en todos los aspectos de la política mejor rendimiento en materia de lucha contra la corrupción y transparencia. Esto también frente a las que no están priorizadas. Esto indica que las empresas priorizadas, las empresas nacionales van mejorando sus estándares y van camino a parecerse a los estándares de cumplimiento de las multinacionales. Hay dos puntos, que desde el Observatorio se quiere llamar la atención, y sobre todo sobre el que encontramos retos muy grandes. Una de ellas son las políticas de lobby y de cabildeo y las políticas de puerta giratoria, que aún las empresas no han implementado de la mejor manera. En materia de transparencia con enfoque territorial, junto con el DNP, Función Pública y Colombia Compra Eficiente y con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo que dice que todas las políticas tienen que tener un enfoque territorial, se ha empezado a desarrollar una estrategia para construir diálogos con el territorio para enfocar políticas cuáles son las problemáticas en cada uno de los territorios. Para el 2018 se priorizaron 10 territorios, y para este primer semestre se han priorizado 6 regiones, dando capacitaciones en Ley de Transparencia, SECOP, Mapas Anticorrupción, Promoción del Control Social y Veeduría Ciudadana, los resultados en estos tres meses de ésta estrategia son más de 4.000 funcionarios de más 223 alcaldías capacitados y 529 entidades inscritas en el SECOP. Lo anterior es un balance muy rápido y muy resumido de los datos del Observatorio. 

A continuación señala el Presidente de la República que este balance, muy rápido, deja datos muy importantes, sobre las labores que están realizando los órganos de control y que están dando resultados concretos. Definitivamente se comprueba lo que este Gobierno ha venido diciendo, es que entre más efectiva es la lucha contra la corrupción, más percepción de corrupción hay. Esto no es nuevo, es una teoría de expertos anticorrupción. Este fenómeno está presente en todos los países del mundo. El presidente de la República señala que estos resultados deberían ser divulgados más, empezando por los miembros de esta Comisión. Expresa que la misma creación de esta Comisión es un paso muy importante y se está viendo que hay resultados. Así que vale la pena que todos estos datos, se puedan resumir para diferentes audiencias. El Secretario de Transparencia señala sobre lo anterior, que siguiendo la recomendación del Sr. Presidente, en la carpeta entregada al inicio de la Comisión, hay un documento de 3 páginas que sintetiza toda la información para que puedan hacer la divulgación correspondiente.

Continúa el Presidente de la República, señalando que el próximo tema es el de Posconflicto. Aquí se han discutido muchas cosas en el marco del comité de posconflicto, las informaciones que se han  tenido de los órganos de control  y pues el Gobierno es el más interesado en que se va a actuar de forma tal.

Afortunadamente la voz de alerta de la Fiscalía vino en un momento en el cual el Gobierno estaba a punto de tomar una serie de decisiones sobre contratos específicos que aparentemente pueden estar contaminados. Lo importante es tratar de balancear, hacer compatible, no paralizar el proceso y esa es una de las críticas más fuertes que están haciendo, que el Gobierno va muy lento en el proceso de implementación. Pero hacer esto compatible con la transparencia y con la información que se tiene da la posibilidad y la certeza de hallar contratos que están contaminados. Ese es el gran desafío, pero entonces, desde la presidencia de la República se quiere socializar cómo se está viendo y a juicio de los presentes, qué más podemos hacer para blindar el proceso, pero no paralizarlo. El Presidente de la República reiteró de manera expresa la solicitud de acompañamiento de los órganos de control para advertir posibles irregularidades, para de ésta manera poder tomar todos los preventivos necesarios para evitar cualquier irregularidad. El Gobierno Nacional está comprometido con colaborar armónicamente con los órganos de control, compartir la información y actuar con contundencia frente a posibles hechos de corrupción.

Inicia su intervención el Dr. Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz, señalado que el Señor Presidente le ha confiado la responsabilidad de hacerle seguimiento a la implementación con eficiencia, rapidez y transparencia al Señor Vicepresidente de la República, él está en este momento en New York asistiendo a la rendición del informe de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad, por eso se excusa. Esta presentación se dividirá en dos grandes aspectos, el balance del Gabinete de Posconflicto que tuvo lugar hace unos pocos días y la presentación de la nueva estructura del Fondo Colombia en Paz, que va a hacer la Viceministra de Hacienda. El primer punto será presentado por el Secretario General de Presidencia, Dr. Alfonso Prada y el Dr. Rivera.

Empieza la intervención el Dr. Rivera  señalando que el Gobierno ha desarrollado una serie de medidas para garantizar la transparencia y la ejecución de los recursos del posconflicto y de la implementación del más complejo y detallado acuerdo de paz que se ha suscrito en el mundo, en los últimos 30 años. El proceso de implementación de este acuerdo tomará 15 años, 5 presidentes, hasta el año 2031 y 129 billones de pesos de inversión. 85% de recursos públicos y 15% entre recursos privados y de cooperación internacional. Para lograr cumplir este cometido, el Gobierno ha establecido cuatro estrategias de respuesta inmediata en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en la implementación de este acuerdo.  Una primera estrategia de coordinación institucional, una segunda relacionada directamente con el manejo de los recursos, una tercera de ajustes institucionales que consideramos indispensables y una cuarta de control social y ciudadano. En cuanto la primera, la de coordinación institucional, cuatro acciones puntuales. Primero dinamizar esta Comisión de Moralización. El Presidente ha expresado la necesidad de publicitar lo que está haciendo ésta Comisión y esto implica traer a ésta Comisión en cada sesión un informe sobre este punto específico sobre la implementación de los acuerdos y lo que se está haciendo para asegurar su transparencia. Segundo, activar el Comando Anticorrupción, que con los tres órganos de control y la Secretaría de Transparencia se ocupará de que éste tema y la colaboración armónica de los poderes públicos permita, respetando las reservas legales, compartir información preventiva y diligentemente en la materia. Tercero, tramitar ante el C4 toda la información de los contratos de posconflicto, para identificar posibles redes de corrupción. Este es el tema de inteligencia, al interior del Gobierno. Todas las agencias de Inteligencia y el Secretario de Transparencia estarán allí trabajando, compartiendo información, la que ellos puedan recoger y la que el Gobierno Nacional en conjunto con los órganos de control  entregue y ellos le entregarán informes, exclusivamente al Sr. Presidente con sus conclusiones, para que se pueda actuar en el Comando Anticorrupción. Y Cuarto, solicitar a las CRM que prioricen las denuncias de posconflicto. Ésta es la activación de los brazos regionales de la estrategia. La implementación de los acuerdos se da en los territorios, el acuerdo de paz tiene un enfoque territorial y la gente de allí tiene ojos y oídos que ayudan a cumplir esta misión.

La segunda estrategia, es la de transparencia en los recursos del posconflicto, implica tres acciones inmediatas. La primera es solicitar a los Organismos Multilaterales, publicar todos los contratos en ejecución, sin perjuicio de su inmunidad diplomática. Como es de conocimiento público, hay una buena parte de estos recursos, provienen de cooperación y a veces reciben recursos del presupuesto y los ejecuta PNUD, OIM, otros organismos multilaterales, y ellos tienen el libre amparo, pero se está trabajando para que publiquen la mayor cantidad de información relativa a estos contratos. Segundo, publicar en el SECOP todos los procesos contractuales destinados a implementar los acuerdos. Esto ya se produjo, en el SECOP están publicados todos los contratos, con toda la información relevante. Y tercero, publicar inmediatamente los criterios de las ofertas de contratación asociadas al posconflicto. Al interior de la Consejería de Posconflicto como al interior del Fondo Colombia en Paz,  se ha venido trabajando con la Secretaría de Transparencia, para expedir una instrucción para que con efectos inmediatos éstos criterios de las ofertas de contratación, con todos los datos relevantes, sean publicados.

La tercera estrategia, tiene que ver con los ajustes institucionales que aún se considera son necesarios. Tiene tres acciones fundamentales. Primero impulsar el proyecto de Ley de Protección a Denunciantes, que sea aprobado por el Congreso de la República,  que tenga prioridad en la Agenda Legislativa que el Gobierno está presentando ante el Congreso. Segundo, revisar los contratos fiduciarios para revisar los estándares de transparencia. Se le ha pedido al Secretario de Transparencia que cumpla con esta función. Particularmente el contrato vigente con la FIDUPREVISORA y otras entidades fiduciarias, para que sean revisados y se evalúe si es posible fortalecerlos para que éste criterio de transparencia sea más acentuado en ellos. Y tercero, establecer un único sistema de información para reportar la implementación de los acuerdos. En el Fondo Colombia en Paz se había recibido el SIIPO, hay observaciones a primera vista de lo que se recibió, y eso va a ser uno de los temas que va a auditar la auditoría privada que se ha establecido, y se va a actuar sobre estas conclusiones. De inmediato lo que se recibió, ha estado siendo objeto de integración con otros sistemas de información del Estado, la Viceministra de Hacienda ya se referirá sobre ese tema, pero lo que se quiere es que aún antes de que eso se pueda producir, de manera inmediata se pueda contar con el reporte de cómo va la implementación del acuerdo y sea esto publicable.

La cuarta estrategia finalmente es la de Control Social y Ciudadanía, que comprende tres acciones específicas. Primero se va a socializar con la Red Nacional de Veedurías la estructura del Fondo Colombia en Paz, y sus mecanismos de operación. Este fondo parecía ser un tema de muchísima complejidad, inclusive al interior del Gobierno. Hay que hacer mucha divulgación en esta materia para que se publicite cuáles son los componentes, las líneas de acción, las cuentas, el presupuesto, y compartirlo con la Red Nacional de Veedurías para que fortalezca su acción de monitoreo y de control ciudadano. Segundo, impulsar el funcionamiento de la ventanilla de denuncias de corrupción para el posconflicto, y desarrollar su difusión. Sobre este punto, el próximo tema en la agenda va a entregar un resumen de la iniciativa, para que ésta Comisión tome decisiones en la materia. Y tercero, se realizarán ejercicios de rendición de cuentas a nivel territorial, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esto es otro tema que se planteará a consideración de la Comisión en un punto siguiente, y que si se aprueba será realizado para garantizar todo este proceso de transparencia y de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz. Adicionalmente,  en el Gabinete de Posconflicto se  tomaron una serie de decisiones para garantizar la transparencia y para que estas determinaciones no entorpezcan la implementación de los Acuerdos, que se tenga la mayor velocidad, la mayor efectividad, pero compatible con un mayor nivel de transparencia. Para este efecto, y en lo particular en lo relevante a proyectos productivos, derivados de la implementación, proyectos productivos para excombatientes,  para campesinos que están erradicando cultivos de coca, y también para otros campesinos que se van a beneficiar de estas dinámicas de desarrollo rural, que se pueda asegurar la transparencia y la eficiencia y la velocidad. En relación con el tema específico de reincorporación se identificaron 214 ideas de proyectos, para que los excombatientes de FARC puedan ir trabajando.

Y muchas de ellas, están relacionadas con recursos de cooperación internacional. Pero es necesario aclarar, es que son recursos que el Gobierno Nacional ha proporcionado se han pagado la cuota inicial de normalización, 2 millones por cada uno. Y ya se han pagado 8 cuotas mensuales de renta básica para sostenimiento de esa población; alrededor de 12.000 excombatientes han recibido, más de 82 mil millones de pesos de recursos provenientes del Estado para  dar cumplimiento a esos compromisos. Pero además de esto, los proyectos productivos que se van a pagar con los 8 millones que menciona el Acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a pagar a los excombatientes si presentan proyectos productivos viables, como una especie de capital semilla que les permita crear empresa. Son 214 iniciativas muchas de ellas en borrador, de estas 35 están en fase de aprobación, solo 5 han sido presentadas por las FARC al Consejo Nacional de Reincorporación, y en esto se hace claridad, estos proyectos productivos no son los que se inventa el Gobierno o un estructurador privado. Tienen que ser presentados por las FARC bajo el criterio de la Agencia Nacional de Reincorporación, en el pasado de la Agencia, proyectos productivos que se inventó el Gobierno fracasaron y los que tuvieron alguna posibilidad de éxito, fueron presentados por los mismos actores que iban a estar ejecutándolos en su implementación. Y aquí se han tenido muchas debilidades. La capacidad de estructuración de los proyectos por parte de las FARC ha sido raquítica, y el Gobierno contrató a 26 estructuradores, uno para cada espacio territorial, que propusieron las FARC, y apenas hasta el momento han radicado 5 proyectos. De ellos solamente 2 han sido aprobados, uno para Miravalle, el espacio territorial que dirige Oscar Alias El Paisa, y otro para el Yarí, que fue aprobado el pasado lunes 16 de abril, que está pre aprobado, porque falta completar la apuesta de la Gobernación del Meta, para cerrar financieramente ese proyecto.

La buena noticia de estos dos proyectos señalados, señala el Alto Comisionado para la Paz, es que ninguno de los dos tiene aún desembolsos. Si en ejercicio de esa coordinación con los Órganos de Control, se detecta de inmediato que alguno de los proyectos está contaminado,  se procederá a detenerlo. De hecho el desembolso está en este momento sujeto a esa verificación, y a que se estrenen estos mecanismos con esos proyectos. La idea es revisar los proyectos y si están contaminados, evaluar el grado de contaminación para ver si ameritan pararlos o ajustarlos, de modo que se garantice que esos recursos son ejecutados con total transparencia. Ni un sólo peso se ha girado hasta el momento. El Gobierno Nacional está totalmente a tiempo de tomar correctivos.

Termina su intervención el Alto Consejero para la Paz, señalando que el Presidente ordenó crear un equipo de trabajo para estructurar esos proyectos, y acompañar las 35 iniciativas que están fase de estructuración y que de esas 35 iniciativas involucran a proyectos que beneficiarían a 1.533 integrantes de FARC y tienen un costo estimado de 22.764 millones de pesos, de los cuales 12.000 millones de pesos, serían recursos del presupuesto, el resto provendrían de recursos de cooperación o de apuestas de entidades territoriales, o de inversionistas privados. Finalmente señala que se tienen apropiados recursos por 8 mil millones del año pasado, y 32 mil millones de este año, para en la vigencia actual entregar proyectos productivos para hasta 5.000 excombatientes.  El año entrante se cubrirían a los demás 7.000 excombatientes de FARC. Ni un sólo peso se ha desembolsado, sobre todos ellos se pueden aplicar esta estrategia de transparencia y control preventivo que permita garantizar que no haya desvío inapropiado de esos recursos.

A continuación interviene el Presidente de la República señalando la oportuna intervención del Alto Comisionado para la Paz y expresando que se está a tiempo para que los entes de control puedan acompañar este proceso, con su acción preventiva. Al mismo tiempo ver que no está contaminado  y avanzar, dado que una de las grandes críticas es la falta de celeridad. Menciona el Presidente que el Gobierno tomó decisiones, respecto a la funcionaria que estaba encargada del Fondo, y la decisión que se tomó obedeció precisamente a demoras en el proceso de implementación de dos cosas que se habían exigido, por un lado la auditoría, y la publicación de información. No hay ninguna justificación para que la exdirectora haya demorado eso, por eso fue retirada, pero se tiene la situación paradójica, que las leyes imponen y es que no quiso renunciar y la única forma de retirarla es indemnizarla. A no ser que algún ente de control pueda retirarla, no hay ninguna herramienta que el Gobierno tenga a la mano, dado que ella es contratista. El Alto Comisionado para la Paz, señala que a partir de la decisión del Presidente y del anuncio público, la señora está separada de funciones. Fue encargado el subdirector técnico y ahora se encargó a un funcionario que es de la Fiduciaria para tener más transparencia. De modo que la citada funcionaria está por fuera desde ese mismo día. La orden que ha dado el Consejo a la Fiduprevisora es que instrumentalice esta decisión del lunes 16 de abril, o bien por la alternativa de mutuo consentimiento o bien por la alternativa de la separación del cargo por justa causa.

Señala el Secretario de Transparencia que a continuación interviene el Dr. Alfonso Prada, quién inicia su intervención expresando que comentará las siguientes decisiones adicionales  a la separación del cargo y al encargo de la directora operativa. El Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz, por orden del Presidente, vinculó ya oficialmente a la junta directiva a la Dra. Paula Acosta, que es Viceministra de Hacienda y la designó como coordinadora para el tema de todo el proceso administrativo y de ejecución, va a ser el enlace de la Junta Directiva y de Gobierno con la Directora Ejecutiva. Adicionalmente se designó a la firma Ernest & Young, de amplia trayectoria y experiencia internacional para la auditoría de la contratación que se ha venido realizando y también se autorizó  el inicio de una auditoría especial a los procesos de sistemas de información, sobre eso también hubo bastante ruido y el Presidente lo acaba de mencionar de manera que el Gobierno ha avanzado rápidamente en una intervención directa. Adicionalmente, ya se tiene hoy publicados todos los procesos de contratación en el SECOP y todos los procesos nuevos de contratación que vienen van a estar publicados en el SECOP II. Adicionalmente a esas publicaciones, y atendiendo la orden, y haciendo eco a lo que señalaba el Sr. Procurador de que la transparencia va directamente relacionada a la publicación, al acceso a la publicación, se ha dispuesto, de manera  simultánea,  publicados los procesos de contratación en las páginas de cada una de las entidades solicitantes, las Agencias o Ministerios. Va a estar publicada la contratación también en la página del consorcio fiduciario, en cabeza de la Fiduciaria La Previsora, simultáneamente va a estar publicado en la página web de la Alta Consejería para el Posconflicto y se va a entregar, ya ocurrió la primera entrega, desde el mismo Consejo Directivo del Fondo, un informe semanal de ejecución de cada uno de los proyectos y avance administrativo. El reporte de ejecución de los recursos de cooperación, se va a estar publicando permanentemente en el Sistema de Información que se tiene en la APC y para los recursos del PGN que se están ejecutando, también a través del fondo se va  a estar publicando a través de los sistemas integrados de finanzas públicas, el SUIFP y el SIIF. Lo último es haciéndole eco un poco, al trabajo que se adelantó desde la Presidencia en conjunto con la Fiscalía, en 48 horas y lo que podría demorarse muy seguramente por parte de entidades en el procesamiento de información 1 mes, se hizo en 48 horas. Con esto lo que se quiere es poner a disposición todo el aparato del Gobierno, del Fondo, de las Agencias, a disposición de los Órganos de Control, para que cualquier demora en la información, se pueda coordinar a través del Consejo Directivo del Fondo, a través de la Secretaría General de Presidencia, para que no haya demora, lo que produce resultados inmediatos es el flujo inmediato de información, que es el que se quiere poner a disposición de los órganos de control  con todo el compromiso de la Presidencia de la República.

A lo anterior, señala el Contralor General de la República que el Alto Comisionado para la Paz, ha mencionado de la publicidad de los recursos de cooperación. Ese es un tema que ya había alertado la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, que son dineros que son manejados por servidores públicos en ejecución de una política pública, ya estén vinculados por un sistema de contratación por una situación legal y reglamentaria. Entonces no es posible, impedir el acceso de los órganos de control a esa información. Hay algunos servidores públicos, que se escudan en que como los recursos son de cooperación, entonces no entregan la información. El Presidente de la República, insiste en que el Gobierno Nacional, debe coadyuvar en un ciento por ciento, en la publicidad de esa información.

  • Nueva Estructura del Fondo Colombia en Paz

A continuación, interviene la Dra. Paula Acosta, Viceministra General de Hacienda, explicando inicialmente, a manera de contexto donde se encuentra el Fondo Colombia en Paz, en el marco de la implementación de los acuerdos, hay unas instancias de decisión y otras instancias de ejecución en donde está el Fondo Colombia en Paz, que es un vehículo y un mecanismo de ejecución de los acuerdos. Se ha hablado del tema de fondo de fondos, una de sus funciones importantes es la articulación de los diferentes fondos que tienen mecanismos de coordinación. Entre ellos está el fondo Colombia Sostenible donde hay unos recursos de cooperación y otros recursos de crédito que va a aportar la nación, también está el fondo Multidonante de las Naciones Unidas, donde un Consejo Directivo y un comité técnico donde participa también el Gobierno a parte de los países donantes. Está el Fondo de la UE donde participan los países miembros, 28 países miembros, la propuesta de los proyectos se hace a través de los países y lo que tiene el Gobierno de Colombia es un poder de veto sobre los proyectos particulares.

Está el fondo del Banco Mundial dónde hay un comité técnico y participa el Banco, Suecia y el Gobierno y el PGN donde hay un esquema de gobernanza que empieza en el Gabinete de Posconflicto y el consejo directivo. Estos son algunos de los datos de contexto para mirar la magnitud de los recursos de la información que se ha hecho pública y en qué nivel de avance, se encuentra el nivel de ejecución, como porcentaje de los recursos contratados. El Fondo Colombia Sostenible lo que tiene en este momento son desembolsos por 38.5 millones de dólares de los cuales contratados no hay nada. Hay unos procesos abiertos que han sido publicados en la página web de la APC. El fondo Multidonante está en un 81%; el Fondo de la UE está en el 36% y el Fondo del Banco Mundial está en un 82% de ejecución. De los recursos que se han transferido al Fondo Colombia en Paz, se alcanza un porcentaje de ejecución de  82% pero esta es una cifra que va a ir cambiando todos los meses porque depende de las transferencias que se hagan desde el Ministerio de Hacienda al Fondo para la inclusión de los diferentes proyectos, a través de sus cuentas. Son 10 subcuentas ampliamente socializadas, y este es un balance con corte al 13 de abril de los recursos programados, comprometidos, los pagos y qué está en proceso de contratación. Al final vamos a socializar un informe que se empezó a publicar ésta semana, donde está la información detallada de contrato por contrato. El Presidente de la República señala que esto es algo que vale la pena resaltar, recordando el ejercicio de Colombia Humanitaria, que se ejecutó y se liquidó y se publicaron todos y cada uno de los contratos. Eso dio mucha tranquilidad, y es algo que se debe replicar para el tema de la ejecución de los recursos de la implementación del acuerdo de paz. Expresa el Presidente que para recobrar la confianza que es lo más importante en estos momentos, estas medidas deben ser implementadas de manera inmediata. Continúa la Dra. Paula Acosta señalando que a la fecha de lo que se tiene publicado uno a uno, son estos 884 mil millones del presupuesto general, que es el que administra directamente el Fondo Colombia en Paz, pero se hará la tarea con los demás fondos. Señala el Presidente de la República que se debe hacer eso con los otros fondos, en consonancia con lo que acaba de decir, el Procurador General. En los demás fondos así sea el Fondo de la Unión Europea, se debe publicar todo lo que se ha hecho.

Continúa la Dra. Acosta, expresando que lo anterior es un breve balance de fondo por fondo. Se aprobaron 4 áreas de ajustes en el Gabinete de Posconflicto, como ya se mencionó y uno de ellos es el cambio en la estructura del Fondo Colombia en Paz y cambios en los procesos, de coordinación y articulación de fuentes, información pública y algunas medidas de choque. La estructura que tenía el Fondo Colombia en Paz, estaba dividida en 4 equipos de trabajo, la parte técnica, la parte administrativa y la parte financiera, y la parte jurídica. Del otro lado está el consorcio fiduciario que hacía la parte operativa. El principal cambio en el diseño del fondo es unir todos los procesos, en una unidad técnica al interior de la Fiduciaria, en la que se haga la parte técnica operativa y financiera, como la parte operativa y el director ejecutivo, entra dentro de la estructura de la Fiduciaria, de hecho, así lo define el Decreto Ley 691 y cumple las labores de coordinación de todo lo anterior. Por mandato del consejo directivo, la Dra. Paula Acosta ha asumido unas funciones de coordinación al interior del Gobierno con lo que tienen que ver la revisión de los planes de acción de las entidades, revisar las políticas de publicidad de los contratos, e identificar y proponer mejoras y acompañar la implementación de estos cambios al interior del Fondo Colombia en Paz. Esta es una versión resumida de las medidas presentadas en el Gabinete de Posconflicto. En la parte de distribución de roles, el principal es unir los equipos y estandarizar todos los procesos. Se está usando el conocimiento de la Fiduciaria, en este consorcio, el líder es Fiduprevisora, se están usando los sistemas de información de la fiduciaria, y tomando como referencia sus procedimientos y manuales para pagos y operación para poder lograr la estandarización sobre los procesos. Se están  definiendo planes operativos en cada una de las subcuentas para tener una visión más integral de cuál es el objetivo de cada uno de los contratos que se desarrollen. Hay un tema de coordinación de fuentes, para todos los temas de cooperación, se va a trabajar más de la mano y bajo el liderazgo de la APC. Para los temas de articulación de fuentes Nación, se realizará a través del Viceministerio General de Hacienda. A cerca de las estrategias de información pública y de construcción de confianza, la publicación de los contratos, todos los contratos que se han adelantado ya están publicados en el SECOP, se va a encargar una auditoría especializada para toda la contratación previa. Hasta la fecha en 41 contratos se concentra el 97% del valor de la contratación. Para esos contratos se va a hacer una auditoría extrema. Para los demás contratos que son órdenes de servicio, se va a hacer una auditoría por muestreo, pero se  va a tener muy buena información de los contratos en los cuales se concentra el grueso de los recursos que se ha ejecutado hasta el momento en el Fondo Colombia en Paz. Además, se ha pedido a la Fiduciaria que contrate una auditoría especial para los sistemas de información.

Por último se mencionan algunas medidas de choque sobre el funcionamiento del sistema. Primero el pago a contratistas que ha estado demorado y que ha generado muchas críticas, en particular, en redes sociales, también se contempla evaluar cada uno de estos casos de contratistas que tienen problemas con los pagos y como se puede solucionar. Se contempla la capacitación a supervisores y se revisará la pertinencia de los contratos vigentes, dado el cambio en el modelo de negocio. A partir de ayer miércoles 18 de abril, se han sostenido reuniones con quienes proveen estos servicios para proceder a la liquidación de esos contratos. Y un tema muy importante es encargar a Nancy Rivera de la Dirección Ejecutiva del Fondo. Es una persona con amplia experiencia en administración de fondos, venía de ser la gerente del consorcio que administraba el FOSYGA, administró cerca de 126 billones de pesos bajo su supervisión. Es una persona que genera mucha tranquilidad.

Lo siguiente que presenta la Dra. Acosta es el informe que ya está publicado a través de la página web de posconflicto. Este informe atendiendo las instrucciones del Señor Presidente aparte de tener un recuento de la parte presupuestal y de la distribución por fuentes, tiene todo el proceso de contratación, cuantos procesos, en qué estado están, los que están en planeación, y la fecha esperada de apertura. También en la parte de convocatorias, es posible consultar las convocatorias abiertas, y en la parte de los contratos en ejecución, lo re direccionará al SECOP para cada uno de los contratos. Entonces, ésta es la información que se va a actualizar todas las semanas, para dar mayor transparencia. Se está haciendo un trabajo de revisión de cada uno de los contratos, pero con seguridad desde los organismos de control hay información que puede ser muy valiosa para que este ejercicio sea más detallado y más efectivo.

Señala el Presidente de la República, que lo que sucedió con el Fondo Colombia Sostenible es del BID, y eso tuvo un proceso de selección, y recomendó una serie de candidatos y candidatas y se escogió con la participación del Dr. Rafael Pardo, a la Sra. Marcela Huertas. La relación laboral fue muy difícil e inclusive expresa el Sr. Presidente que sostuvo una reunión con ella en la que la funcionaria manifestaba su inconformismo  con el sistema dado que era inoperante y  que no había eficiencia, que necesitaba autonomía; por lo anterior, y teniendo en cuenta la recomendación que hizo el Dr. Rafael Pardo en su momento, se decidió no renovar el contrato una vez se cumplió la fecha de ejecución. Eso fue lo que hicimos. Lo anterior originó una reacción que desembocó en la llegada del tema a los medios de comunicación, y así se divulgó una carta de los embajadores que era privada. El Señor Presidente narra que los Embajadores no estaban cuestionando nada de transparencia, nada de fondo, pero eso fue lo que generó el escándalo. Después se vino a saber, añadió el Presidente, que dicha funcionaria había tenido unos problemas muy serios en otras entidades, donde había trabajado. Expresa el Presidente que en los próximos días, y una vez se de la decisión por parte de los Embajadores, se ocupará de fondo una nueva persona.

 

Avance cumplimiento compromisos CNM del 7 de noviembre de 2017 con respecto al tema de paz

-Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz

Acto seguido, el Secretario de Transparencia expresa que se va a dar cuenta del cumplimiento de los compromisos que, en materia de posconflicto, se tienen de las últimas Comisiones Nacionales de Moralización. Interviene la Dra. Liliana Caballero de Función Pública, señalando que uno de los compromisos a cargo de Función Pública es el diseño e implementación del Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz. El sistema tiene varios componentes, fue un trabajo articulado, validado por todos los Órganos de Control y demás entidades que tienen que ver con la aplicación del acuerdo. Hace énfasis en la revisión específica y cuidadosa que se hizo de los actos legislativos, del mismo acuerdo, de los Decretos Ley, y se identificaron 1.976 compromisos, que están a cargo de 89 entidades responsables, incluyendo órganos de control y la rama judicial, así como entes autónomos, y también se hizo un ejercicio muy importante, y es la identificación de los grupos de ciudadanos a quienes se debería rendir cuentas, por ejemplo movimientos indígenas, campesinos. Cada uno de esos compromisos tiene esto definido, para generar un diálogo con éstas comunidades. Entonces lo que se tiene básicamente es un aplicativo donde va a estar cada uno de estos 1.976 compromisos, en qué punto va, quien es el responsable, hay una estrategia de capacitación para la materialización de los ejercicios de rendición de cuentas.

 

-Ventanilla de Denuncias de Corrupción en el Posconflicto

Seguidamente el Secretario de Transparencia, señala que el segundo compromiso era tener la Ventanilla de Denuncias para el Posconflicto, como resultado del cumplimiento del punto 2.5 de los acuerdos a cargo del Gobierno Nacional. Esto es un tema que se ha traído desde el 2015, a la CNM. Hoy si la Comisión da vía libre, la Ventanilla de Denuncias para el Posconflicto, podría estar al aire. Ha habido unas mesas técnicas, con la Procuraduría, la Contraloría, y la Fiscalía pero la noticia es que ya se tiene la ventanilla. La Dra. Tathiana Sánchez Directora de Urna de Cristal, señala que efectivamente ya la ventanilla está lista, se partió de la base tecnológica que se tiene en Urna de Cristal para responder a los ciudadanos, y lo que se hizo fue una serie de mejoras tecnológicas para que los ciudadanos pudieran entrar a un solo lugar y dejar sus denuncias sobre posconflicto, y desde Urna de Cristal con el equipo disponible, se mantendrá contacto constante con los diferentes Órganos de Control para que se pueda dar respuesta a esas denuncias, de la manera más rápida, coordinada y precisa.

Explica el Secretario de Transparencia, que esta Ventanilla de Denuncias para el Posconflicto busca ser el piloto de la Ventanilla Única de Denuncias que ha sido objeto de discusión, y para operar se necesitan los puntos de contacto en las diferentes entidades para tener esos usuarios de recepción de las denuncias y evitar reprocesos. Hoy un ciudadano podría ingresar a Urna de Cristal y ya podría encontrar el sistema listo.

El Presidente de la República, pregunta al Fiscal, Procurador y Contralor, quienes señalan su respaldo a la iniciativa. El Fiscal General de la Nación, expresa que apoya la iniciativa, sobre la base de que esto es sin perjuicio de llegar directamente. "Mucha gente quiere guardar su anonimato, apelar por principios de oportunidad. Debe dejarse claro que esto es un camino, sin embargo, el ciudadano puede acudir directamente a los órganos de control."

  • Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel

Expresa el Secretario de Transparencia que ya se tiene listo el diseño del Mecanismo de Alto Nivel para el Fondo Colombia en Paz, que se ha trabajado con la OCDE y con el Instituto de Basilea, durante este mes se van a hacer los ajustes del mecanismo, de acuerdo a la nueva estructura del Fondo Colombia en Paz, pero prácticamente es un mecanismo para generar confianza en todos los procesos y sobre todo para implementarlo en la fase precontractual y evitar cualquier tipo de corrupción en procesos licitatorios y hacer los ajustes pertinentes por parte de las recomendaciones que hacen expertos jurídicos, financieros y técnicos. Dentro de los procedimientos ya están listos los modelos, una vez se tenga acuerdo sobre la nueva estructura se procedería a hacer la contratación de los expertos.

Finalmente hay dos puntos pendientes. El primero de ellos es un compromiso adquirido aquí el 7 de noviembre, con lo cual le entrega la palabra al Director Encargado del DNP, Dr. Matallana.

El Dr. Matallana inicia su intervención señalando que el compromiso tiene que ver con hacerle vigilancia a los recursos que se utilizan para proyectos de regalías. Hay todo un procedimiento de administración, lo que se llama el Sistema de Monitoreo y Seguimiento a Regalías, y termina con la identificación de unos proyectos críticos. Con corte a 30 de junio del año pasado, había 332 proyectos críticos. Se hizo una muestra en la que existía un balance regional y sectorial. Se priorizaron 35 proyectos que son los que se resaltan en esta oportunidad. Se ha venido haciendo una gestión conjunta con la Secretaría de Transparencia y se logró de estos 35 proyectos que estaban en estado crítico, reactivar 6 por un valor de 185 mil millones. Teniendo en cuenta que el DNP tiene funciones administrativas, y lo que de aquí en adelante hace es reporte a Órganos de Control. El Dr. Matallana ofrece el ejemplo de cuatro proyectos con alto nivel de cumplimiento de los compromisos; la construcción de la interconexión eléctrica Casanare Vichada, un proyecto que de hecho ha sonado en medios que es el de TierraBomba Cartagena. Esto es un piloto entonces se está en proceso de identificar los aprendizajes más importantes para ver de qué manera desde el Sistema de Monitoreo evaluación y control de regalías se puede mejorar.

Sobre lo anterior, interviene el Secretario de Transparencia, resaltando que este trabajo se ha adelantado con las Comisiones Regionales de Moralización y a la fecha se ha logrado desentrabar 185 mil millones para una población beneficiaria de cerca de 1 millón de personas.

El último punto de la agenda, es presentar al Dr. Ricardo López, quien ha sido elegido por las 32 Comisiones Regionales de Moralización como representante de éstas en la Comisión Nacional de Moralización, es un invitado permanente con voz, pero sin voto, y hace parte de los compromisos de esta mesa. El Dr. López interviene, señalando que es el Contralor Departamental de Cundinamarca y el Presidente de la Comisión Regional de Moralización de Bogotá y Cundinamarca, agradece este espacio para las regiones y la idea es poder articular los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización en las regiones. Hace referencia a lo manifestado por el Presidente sobre cómo blindar los recursos del posconflicto en las regiones y una de las estrategias ya comentadas es la articulación con las Comisiones Regionales de Moralización. Solicita a los miembros de la Comisión para que impartan la instrucción para que en la agenda permanente de cada una de las CRM, se incluya el seguimiento a los recursos de posconflicto en cada una de las regiones. En este momento no es un tema agendado permanentemente y sería muy importante que todas las Comisiones, y aduciendo la articulación de la que se habló, sería muy importante que estos brazos regionales  coadyuven en todo este esfuerzo que se está haciendo.

 

El Secretario de Transparencia ofrece la palabra a los miembros de la Comisión Nacional de Moralización, para que expresen sus opiniones o inquietudes.

El Fiscal General de la Nación expresa que es muy interesante lo que se ha venido haciendo, pero si quisiera hacer observaciones más de fondo. Señala que sistema de administración de los recursos ha sido en extremo opáceo, tiene una estructura de ventanillas que al final no permite saber los beneficiarios de los proyectos por dónde deben llegar ni quienes pueden postular los proyectos. Esto fue lo que permitió que se montara toda una red de intermediarios para obtener rentas ilícitas en el proceso de adjudicación de los proyectos. De hecho, expresa que cuando la Sra. Viceministra muestra lo que hay, muestra unas ventanillas, pero en el fondo no se sabe quién pasa los recursos. Señala que si el Fiscal no sabe o no puede inferirlo es porque el mecanismo no es transparente. Esto es para 165 municipios afectados por el conflicto, y se ha impedido saber cómo se llegaba a la formulación de los proyectos.

Esto, expresa el Señor Fiscal permitió por un lado que las FARC hicieran un entramado para beneficiarse de estos proyectos. Narra el Fiscal que el Sr. Marlon Marín antes de viajar al exterior, confesó lo que ya decían todas las pruebas técnicas. Que ellos,  montaron todo un esquema con una red de 9 intermediarios para aprovecharse de contratos que deberían llegar a través de los Alcaldes, pero los Alcaldes creían que quienes postulaban esos proyectos eran las FARC. Por ejemplo, explica el Fiscal,  en ZOMAC el sr. Marlon Marín con un grupo de intermediarios construyó más de 50 y 60 proyectos para las zonas ZOMAC, y se consiguieron los alcaldes para que presentaran los proyectos. Continua ejemplarizando el Fiscal, que para la distribución, el grupo del Sr. Marín conseguía contratistas para esos proyectos. La Fiscalía tiene ya plenamente identificados a 24 contratistas que hacían parte de esta red de corrupción y en donde el Sr. Marín y su familia, como la denomina en las conversaciones, se quedaban con el 5% del valor de los contratos y entre el 12% y el 14% se quedaba para los alcaldes. La Fiscalía tiene alcaldes ya identificados en Antioquia, Casanare, Boyacá y otros más. De acuerdo a lo anterior, expresa el Fiscal que lo primero que debe hacer el Gobierno Nacional antes de este sistema de transparencia, es decir que ventanillas hay y que proyectos pueden formular, quién los puede postular y que saldos hay para que los financien.

El Fiscal insiste que lo que se ha presentado el día de hoy, no dice cómo llegar a los recursos. Y si son de organizaciones No Gubernamentales o si son de las víctimas del conflicto o si son de los municipios. Los alcaldes al final, reitera,  cayeron en este entramado de corrupción, porque les dijeron "Nosotros somos los que hacemos los proyectos" La primera recomendación ofrecida por el Fiscal que sea muy transparente la forma para llegar a los recursos, y la formulación de los proyectos, porque eso es lo que permite que existan mecanismos de intermediación.

Continúa el Sr. Fiscal, señalando que es muy importante que en esa transparencia, al sistema de denuncias se les explique qué pasó con sus recursos porque si la mayor parte de recursos salió del PGN, por  la subcuenta del Fondo Colombia en Paz, habría que identificar que pasó con los otros contratos. La Fiscalía levantó la reserva para colaborarle al Gobierno, entonces es necesario que el gobierno pueda compartir, cada día hay mayor información, hay más gente colaborando con la justicia, que consolida ya un buen nivel de datos para que el Gobierno pueda decir a los donantes que pasó con sus dineros, y generar un alto grado de tranquilidad hacia adelante.

Como tercer recomendación del Fiscal, se señala que hay una mezcla de lo que pasó en la JEP y los Fondos del Posconflicto, que es totalmente inconveniente. Una institución naciente, como lo es la JEP, realmente está hoy turbia. Porque no sabe la opinión pública que es lo que hay ahí. Entonces , recomienda el Sr. Fiscal que se hagan reuniones o se de cuenta de manera diferenciada de los fondos de la paz con los fondos de la JEP. Si se mezclan JEP y fondos del Posconflicto, la percepción de la opinión pública será que todo está en una misma bolsa y resulta que esta red de intermediarios, por lo menos en lo que tiene que ver con la Fiscalía se estructuró para proyectos productivos y nada tiene que ver con la JEP. De hecho la Fiscalía no tiene esas investigaciones que si tiene la Contraloría y la Procuraduría también.

También hace énfasis en la institucionalidad en los territorios. El posconflicto necesitaba un mayor grado de institucionalidad, no en el centro sino en las regiones, y estas regiones no han podido postular los proyectos, o no saben cómo postularlos, o creían que tenían que pasar por las FARC. Pero si ya de alguna manera se sabe, que son ellos los que pueden presentar directamente los proyectos, hay que hacerles un acompañamiento, para generar una institucionalidad desde el propio Estado. Acompañamiento en planeación, para que ellos formulen sus iniciativas. Esto es algo que Transparencia Internacional le había recomendado al Gobierno para que tuviera en cuenta a la hora de manejar los recursos. El tema si es muy complejo, ya hay gente confesa, hay algunos que están colaborando, se tienen alcaldes de todos estos departamentos, hay proyectos de las ZOMAC, las granjas econativas en el Caquetá, los proyectos de reforestación en Amazonía y Antioquia, proyectos en Santander, las plantas de energía y procesadoras de leche en Caquetá, los proyectos de infraestructura hay contaminación en vías terciarias en Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Guajira, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, y Tolima.

La Dra. Paula Acosta señala que pueden ser dos cosas, una es el plan 50/51 y la otra son los proyectos de regalías que acaban de empezar, pero dado que esto es un tema de postulación y dado el avance de aprobación de proyectos del OCAD Paz, se puede intuir que eso fue en el marco del Plan 50/51. El Señor Presidente señala que esa es la información que se debe cruzar. Ese tema de vías terciarias era lo que desde el Despacho de Presidencia se venía preguntando permanentemente. Esa información es vital para identificar donde es posible actuar y donde es posible tomar correctivos o donde meter gente a la cárcel.

 

El Fiscal General, señala por último, que es necesario socializar las estructuras de costos de los proyectos. Las auditorías deben prestar especial atención a eso. En las pruebas técnicas que se tienen, por ejemplo, en proyectos de acuicultura, hay uno que estaba formulado en 7.000 millones. Y se conocen expresiones del talante de "páselo por 12 y nosotros nos quedamos con 5". Entonces, esas platas deben llegar todas a la guerrillerada y la zona de conflicto, hay una cantidad de intereses que es lo que amerita que las auditorías no se queden en cuestiones formales, sino que deben llegar a cosas mucho más de fondo. El mecanismo está amenazado en su integridad, y para que se sepa, algunos contratos ya están hechos, pero la gran mayoría, de acuerdo a las fuentes de la Fiscalía, estaban a punto de terminar.

 

El Presidente de la República, señala que las observaciones del Fiscal son muy oportunas y muy pertinentes, y hace un recuento del  origen de la iniciativa de financiar proyectos productivos. Señala que en las negociaciones, las FARC empezaron con unas pretensiones exorbitantes y fueron bajando y bajando. Tenían ellos en la cabeza que en las zonas en las que ellos operaban iban a hacer cogobierno, y expresaron que los recursos para la reincorporación y los recursos para desarrollar esas zonas fueran administradas por ellos mismos, y eso bajo ningún motivo se aceptó. Las comunidades si podían presentar proyectos y podrían participar, eso se aceptó. Y ahí comenzó todo un viacrucis, porque las FARC también querían controlar a esas comunidades, quienes podían beneficiar a esas comunidades y quienes no y entonces se hizo, un ejercicio de cerca de 1.700 reuniones con varias comunidades tratando de ordenar eso. Al inicio fue un desorden terrible, y las FARC siempre estuvieron muy pendientes de influir en proyectos que después pudieran cobrar. Entonces, efectivamente ahí lo que sucedió es que en la elaboración de un esquema que se acordó, entonces comenzaban a entrar en conflicto las alcaldías, que no estaban preparadas, entonces una alcaldía que no tiene ni idea de cómo es un contrato, que en cierta manera fue lo que sucedió con el sistema de regalías. El Gobierno creó una unidad especial y todavía persisten problemas serios con alcaldes que no tienen idea de cómo presentar proyectos. Ha sido un proceso muy complejo, esas recomendaciones del Sr. Fiscal de hacer más transparente la forma de acceder a los proyectos son de suma importancia. Ahí las FARC si pueden proponer, las comunidades si pueden proponer, pero hay que hacer más pedagogía. Lo de la JEP, el Fiscal también tiene razón. Fue una infeliz coincidencia. El Secretario Ejecutivo de la JEP que escogió este comité nominador, con noble intención, porque él tenía un curriculum envidiable. Inclusive era una nominación vitalicia, porque era una persona que le daba seguridad a todo el proceso y a las partes. Su renuncia coincidió casi con el mismo día que salió esto, y hay que separar esto. El acompañamiento que está haciendo el Gobierno Nacional es grande, pero no es fácil, expresa el señor Presidente.

El Fiscal General señala que hay una experiencia denominada la Casa Republicana. Si un alcalde necesita hablar con entidades para su proyecto, esta casa le pide la cita, lo acompaña, pero es una iniciativa de gobierno para el acompañamiento y el fortalecimiento institucional. El Señor Presidente, acoge la idea y señala que la van a estudiar detenidamente.

Sobre los costos unitarios de los proyectos, el Presidente indaga sobre cuál es la instancia que verifica que el costo de los proyectos presentados es un valor verdadero. La Dra. Paula Acosta señala que en el caso de proyectos viales 50/51, INVIAS ayudaba a hacer la estructuración básica de cada uno de los tramos y ellos tienen tablas de costos unitarios que servían de referencia, para los proyectos productivos es más difícil poner tablas de costos regularizados, en el caso particular, de semilleros de cacao, lo que se está haciendo es cruzar datos con CORPOICA que tiene proyectos similares, pero hay que buscar un mecanismo adicional para ver como se cruza de una mejor manera los costos de proyectos productivos.

Finalmente, el Secretario de Transparencia señala que, con relación a la intervención del Fiscal, y relacionado con la socialización de la información, recomienda pedir ayuda a la oficina de servicio al ciudadano del DNP, para que esta socialización se haga de manera amplia, pública de los proyectos, planes y recursos, fuentes, beneficiarios, se haga de manera clara y sencilla y no en las páginas web que es dónde generalmente se publica la información.

 

Tras lo anterior, el Señor Presidente agradece a los miembros de la Comisión Nacional de Moralización y levanta la sesión.


[1] Verdocumento anexo a esta relatoría