Análisis de las denuncias por casos de corrupción

Fuente: Secretaría de Transparencia

 

El Grupo de Revisión y Análisis de Peticiones, Denuncias y Reclamos de Corrupción– GRAP es el equipo de la Secretaría de Transparencia encargado de sistematizar y analizar la información recibida a través de peticiones, quejas y denuncias por posibles hechos de corrupción.


En la sistematización de información, la base de datos contiene variables diferentes tales como: tipo de denunciante, posible irregularidad tanto particular como general relacionada en la denuncia, identificación de si la denuncia de corrupción está relacionada o no con temas de contratación y, finalmente, el sector administrativo y temático identificado junto con la geo referenciación de las denuncias de corrupción.


Entre enero del 2014 y diciembre del 2017, el GRAP ha recibido 22.325 peticiones, de las cuales 9.399 corresponden a denuncias por casos de corrupción, representando así un 42% del total de peticiones recibidas. 



Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

Análisis
Este universo será entonces la muestra de esta medición y los análisis específicos que de allí se desagreguen. Los datos presentados a continuación, permitirán hacer un análisis general del panorama de denuncias de corrupción que recibe el GRAP haciendo distintas clasificaciones; partiendo de la clasificación en grupos generales (denuncias por presuntos hechos de corrupción v. denuncias por otros hechos), para ir desagregando el objeto de estudio a categorías cada vez más reducidas y concretas.


Este esfuerzo permitirá observar distintas caras del problema, permitiéndole al lector entender los puntos álgidos de la corrupción respecto a las denuncias, tales como la presencia del Estado en ciertas regiones, el comportamiento de algunos sectores de cara a la corrupción, los ámbitos más sensibles a este tipo de problemas o las herramientas al alcance de la ciudadanía para combatirlos, entre otros. Por ello, es fundamental hacer una precisión de antemano: lo que se presenta a continuación no es un análisis completo del panorama de la corrupción en Colombia, sino que se limita a la perspectiva que puede adoptarse desde el trabajo realizado por el GRAP y de las denuncias recibidas por éste. Por lo tanto, apenas es una parte de la imagen completa, no agota el fenómeno en su totalidad y para complementarlo es necesario recurrir a la información de otras entidades relacionadas.


No obstante, esta categorización de denuncias recibidas sí permitirá identificar algunas tendencias que dan una imagen de puntos relevantes sobre el funcionamiento de las dinámicas de corrupción alrededor del país y que permiten diseñar algunas estrategias y políticas públicas que permitan luchar contra dicho fenómeno. De esta forma, la ciudadanía, los entes de control y los órganos administrativos pueden dirigir su mirada crítica a los puntos más importantes para prevenir, combatir e implementar buenas prácticas que apunten a la eliminación de este fenómeno, contribuyendo de esta forma a obtener una administración pública más justa y equitativa en la satisfacción del bienestar ciudadano y el cumplimiento de sus mandatos constitucionales. Lo anterior bajo el entendido que, la corrupción altera el funcionamiento natural de la administración y desvía su neutralidad para beneficiar a aquellos que buscan alterar su funcionamiento para obtener una ganancia que no les corresponde.

 

Histórico de las denuncias recibidas


Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.


Frente a esas 9.399 denuncias relacionadas con actos de corrupción, entre enero del 2014 y diciembre del 2017, el promedio mensual ha variado con una tendencia creciente pronunciada. Es importante resaltar que las denuncias presentan “estacionalidad” y es por ello que las denuncias disminuyen en los meses de diciembre y enero, en cada una de las vigencias.

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

Análisis
De lo anterior, hay que señalar que esto no necesariamente significa que la corrupción haya aumentado en el país sino que ha habido un interés social creciente en ese fenómeno y en la  lucha contra el mismo. Según Rose-Ackerman (2001), los momentos en los cuales hay una tendencia social que fortalezca la lucha contra la corrupción y eventualmente genere una reforma, se presentan como consecuencia de la confluencia de una serie de factores que inciden para que esto se dé.


Por un lado, una sensación generalizada de insatisfacción social con la situación recogida en un diálogo de doble vía con los medios de comunicación que gocen de cierta independencia. Este diálogo se constituye por la indignación social recogida y reportada por los medios y a su vez, el descubrimiento y publicitación de la problemática de corrupción que genera descontento social. En segundo lugar, el hecho de que política y económicamente la lucha contra la corrupción se torne relevante. En Colombia esto sucede por dos motivos, que la autora recoge y son aplicables al contexto nacional. Por un lado, la visibilización del fenómeno, que en Colombia puede atribuirse a la priorización del mismo al disminuir la prioridad de otros problemas, como el conflicto armado interno, lo que permitió que la corrupción se considere uno de los principales problemas del país de acuerdo con la percepción de un sector importante de la población.  Por otro lado, el surgimiento de líderes y movimientos políticos que resulten llamativos para la población y que manejen como parte de su discurso la lucha contra este tema. Precisamente, la lucha contra la corrupción fue uno de los temas coyunturales de las elecciones del año 2018 y permitió el fortalecimiento de muchos movimientos políticos que lograron escaños y la aprobación de iniciativas legislativas en la materia.


Finalmente, un factor que termina de impulsar esta tendencia es la ocurrencia de escándalos relacionados con la corrupción en momentos coyunturales de cambio social que propicien que todos los factores mencionados anteriormente se impulsen como parte central de la agenda nacional. Esto puede deberse a la visibilización creciente de varios escándalos significativos (Odebrecht, los distintos carteles, el Plan de Alimentación Escolar, entre otros) y la puesta a disposición de la ciudadanía de nuevos mecanismos de denuncia, mediante la creación de grupos o el fortalecimiento de las entidades ya existentes. Dentro de estos el GRAP, que luego de su segundo año recibió una mayor cantidad de denuncias lo que puede responder a la estabilización de su funcionamiento y el interés creciente del gobierno nacional (2014-2018) en ocuparse de este fenómeno mediante el fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia, lo que puede explicar el aumento en las denuncias. Adicionalmente, la apertura de nuevos espacios de contratación (infraestructura y posconflicto), da lugar a que se presenten más denuncias pues son espacios nuevos que manejan gran cantidad de recursos y contratos que dan lugar a casos de corrupción.


Es fundamental aclarar que esta estadística no refleja los casos denunciados que efectivamente llegan a algún tipo de condena (penal, disciplinaria o fiscal) por lo que no hay forma de saber cuántos de los casos, efectivamente corresponden a casos reales de corrupción. Sin embargo, el aumento en la denuncia si permite afirmar el aumento del fenómeno y/o el aumento en la condena social sobre el mismo. Así, resulta muy pertinente en tanto el éxito de la lucha contra la corrupción depende en gran medida de la condena social por parte de un sector importante de la población (corrupción gris, según lo muestra la práctica del día a día del grupo), pues de lo contrario la legitimación de ciertas prácticas de corrupción por parte de la ciudadanía haría infructuosa la lucha del Estado.

Precisamente, esta tendencia de la sociedad hacia una desaprobación y un control ciudadano creciente hacia la corrupción es lo que recientemente ha tomado visibilidad tanto en los medios de comunicación como ciertas dinámicas legislativas como la aprobación de la denominada ‘Consulta anticorrupción’. 


Tipo de denunciante
De estas 9.399 denuncias, el 58.3% han sido presentadas por ciudadanos, el 23.2% por el sector privado (entendiendo por esto Gremios y/o Empresas), el 10.5% restante por el Gobierno Nacional y, finalmente, el 7.9% por parte de la Sociedad Civil Organizada. Lo sostenido anteriormente se ve reforzado por esta estadística: los dos grupos mayoritarios de denunciantes provienen del sector privado.



Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

Análisis
En primer lugar, está  la ciudadanía, que refuerza la tesis de que la condena social contra la corrupción ha aumentado y no solo se ha quedado en un tema de percepción. Cada vez más, la ciudadanía recurre a los organismos del Estado para combatirla. Esto amerita señalar tres elementos: (1) la pérdida de pasividad, aceptación y resignación frente a la corrupción como elemento estructural al funcionamiento social, (2) la puesta en marcha de mecanismos de denuncia accesibles a la ciudadanía (como el GRAP) para la interposición de denuncias relacionadas con corrupción y (3) relacionado con lo anterior, la confianza de las personas del común en las instituciones estatales relacionadas con la lucha contra la corrupción y la importante diferenciación de su parte entre un Estado corrupto y un Estado legítimo luchando contra individuos u organizaciones criminales en su interior contra las cuales se están realizando esfuerzos importantes. Hay que señalar que se hace la afirmación de la sociedad en su conjunto, pues la estadística distingue entre grupos civiles organizados, en contra de estos fenómenos, donde la denuncia fue significativamente menor.


El segundo grupo es la empresa privada, quien se ve expuesta a este tipo de fenómenos en su actividad comercial encaminada a proveer de bienes y servicios a la administración estatal. El sector de la estadística relacionado con la empresa privada refuerza las tres dinámicas anteriores puesto que contrario a lo que acontecía anteriormente, donde se asumía la corrupción como práctica común en la contratación estatal, se ve un aumento en las denuncias por parte del sector privado, lo que podría señalar un aumento en la confianza en las instituciones en la lucha contra estas prácticas o la sensación de mayor seguridad y/o facilidad para interponer una denuncia. Sumado además al rechazo de tener que someterse a estas prácticas para ser adjudicatarios de un proceso de contratación. Adicionalmente, cabe señalar que muchas de las denuncias de la empresa privada están asociadas a este tipo de procesos, pues son los momentos donde hay mayor contacto de la empresa privada con el sector público y escenarios donde pueden presentarse prácticas de concusión. 


Ahora bien, en contraste con lo anterior, se encuentra que el tercer grupo de denunciantes es el sector público con un porcentaje sustancialmente inferior a los demás grupos. Esto conduce a cuestionarse por las razones de esta baja cantidad. Allí habría que tener varios factores en cuenta que podrían influir en esto a modo de disuasores para los servidores públicos. En primer lugar, la existencia de prácticas de corrupción al interior de las mismas entidades de las que los funcionarios pueden beneficiarse por lo que no es de su interés denunciar. Segundo, la percepción de que ciertas prácticas de corrupción son parte de la operación cotidiana de la institucionalidad por lo cual pueden trivializarse y no denunciarse. Tercero, el temor de los funcionarios que son testigos y/o partes de dichas redes, de verse afectados en la estabilidad de su cargo o inclusive en su esfera personal en caso de llegar a interponer una denuncia.


Finalmente, el último sector es la sociedad civil organizada, con un menor número de denuncias, pero relativamente cercano en cantidad al sector gobierno. Este reducido número de denuncias puede explicarse por la dificultad de articular acciones colectivas de lucha contra la corrupción y el reciente incremento del interés social por este fenómeno. De allí que se estén gestionando nuevas iniciativas para organizar dicha lucha a través de la acción social colectiva, por lo cual resulta sumamente relevante hacer un seguimiento a la evolución de este sector, lo anterior se ve reforzado por el crecimiento exponencial de las denuncias en este sector pasando de 22 en 2014, 51 en 2015, 125 en 2016 y 203 en 2017. Lo que marca una fuerte tendencia en este sentido.


Clasificación de las denuncias relacionadas con procesos contractuales
La segunda forma de clasificar las denuncias de corrupción, es la relación que existe entre estas con la contratación pública. En promedio, la participación de las denuncias de corrupción relacionadas con temas de contratación pública ha sido de un 59.6%, frente a un 40.3% que responde a otra tipología.



Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.


Análisis
La anterior distribución de las denuncias definitivamente marca una tendencia hacia la contratación, como el sector con mayor cantidad de denuncias. Esto no resulta sorpresivo pues es el sector más propenso y más llamativo para desarrollar prácticas irregulares ya que es donde están los recursos que la administración dispone para entregar a particulares a cambio de la prestación de bienes o servicios, como lo demuestra el presupuesto ejecutado por Colombia Compra  Eficiente en este rubro para el año 2017 que fue superior a los dos billones de pesos. Ahora bien, la forma de funcionamiento de la contratación estatal (idealmente concursal), genera que quienes participan de este tipo de dinámicas intenten inclinar la balanza a su favor para beneficiarse de los recursos, lo que se presta para generar prácticas de corrupción. Ahora bien, es muy importante señalar también, que una práctica común en la contratación estatal es que quienes no resultan favorecidos de dichos procesos tiendan a denunciar a las entidades y a quienes sí lo fueron.


No obstante, el porcentaje no es lo suficiente significativo para que las entidades encargadas de esta lucha puedan encargarse únicamente de este sector sino que hay que atender al otro 40% que también representa un porcentaje importante de sectores donde se presentan prácticas de corrupción. Adicionalmente, la proporción contratación-no contratación se mantuvo estable a lo largo de los años, por lo cual hay que prestar atención a ambas pero enfocar ciertos esfuerzos estratégicos al acompañamiento y observancia de los procesos de contratación debido a los recursos que se ponen en riesgo. Así mismo, la práctica de la contratación estatal y la diversidad de mecanismos da lugar a que se presenten prácticas de corrupción, pues el procedimiento no asegura la transparencia ya que hay lugar a que exista revelación de pliegos, creación de pliegos modelos por futuros proponentes o declaratorias desiertas de licitaciones para forzar al procedimiento a optar por otros mecanismos como la contratación directa o abreviada. Lamentablemente, a pesar de los numerosos esfuerzos legislativos recientes tanto a nivel estructural (creación de nuevas entidades o reforzamiento), como regulatorio mediante el establecimiento de nuevos procedimientos y la especificación cada vez más detallada de los pasos de los procesos, ellos no han resultado suficientes para erradicar las prácticas de corrupción. Esto no se debe tanto a un problema normativo, sino a la falta implementación de buenas prácticas al interior de las entidades, por ejemplo. De allí que la solución no pueda darse exclusivamente desde una perspectiva de diseño normativo, sino que hay que hacer un esfuerzo importante en implementación y acompañamiento, particularmente en el seguimiento a los procesos para identificar alertas tempranas de manipulación de la normatividad para realizar actos de corrupción.


Clasificación de las denuncias por fase contractual
De las 5.602 denuncias relacionadas con temas de contratación, el 73.7% corresponde a una etapa precontractual mientras que el 26.2% restante responde a la etapa contractual.


Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

Análisis
Como se puede constatar en la gráfica, a partir del año 2015 las denuncias de contratación en la etapa contractual tienen un comportamiento decreciente con un promedio de 362 denuncias en el año 2017.  Por el contrario, las denuncias de contratación pública en la etapa precontractual tienen un comportamiento creciente con un promedio final mensual de 1879 denuncias en el 2017.


Lo primero que habría que señalar sería el decrecimiento de las denuncias en fase contractual y el aumento de ellas en la fase precontractual. Esto puede atribuirse a diversas causas. Por un lado, a la publicación e implementación del Decreto 1082 de 2015, entre otras reformas,  en el cual se regula y fortalece el rol de Colombia Compra Eficiente como organismo central en la contratación estatal y como coordinador y unificador de la mayoría de procesos contractuales por lo cual se ve disminuido el papel reservado a las Entidades Estatales que eran más propicias a la corrupción. De allí que haya un interés mayor en generar afectación a los procesos en fases de planeación para asegurar la obtención del contrato y cada vez menos en la ejecución. La modificación en la dinámica de la contratación genera una modificación en la práctica de actos de corrupción. Además permite centralizar las denuncias y los procesos. Hay que observar también que 2015 es el año en el que se reciben más denuncias en general y donde se da un salto con respecto al año anterior y posteriormente se estabiliza alrededor de las 3000 denuncias.


Sumado a esto, dicho decreto da bastante relevancia a la intervención en la fase precontractual donde se definirá toda la ruta a seguir del contrato a través del sistema de audiencias y las observaciones, por lo cual se convierte en una fase supremamente significativa en la contratación estatal. La regulación estricta de dicha fase (estructura y fase de planeación, estudios previos, requisitos habilitantes, etc.), sumada a la modificación subsecuente y reiterativa del Estatuto de la contratación, hace que se presenten muchas irregularidades por las cuales se formulen muchas denuncias. No todas ellas son por actos de corrupción, sino que también pueden atribuirse a desconocimiento o desactualización en la minucia de la contratación por parte de los funcionarios encargados. Finalmente, una de las funciones que la Secretaría de Transparencia tenía anteriormente era hacer acompañamiento especial a procesos de contratación por su importancia o por el riesgo que comportaban. Esto no es posible actualmente, sin embargo, siguen llegando muchas denuncias a la entidad con este propósito, por lo cual se da también un incremento en la cifra sin que necesariamente se haya presentado un presunto hecho de corrupción.


Clasificación de las denuncias por modalidad de contratación
La mayoría de las denuncias de corrupción relacionadas con temas de contratación, están clasificadas en “Otra forma de Contratación” con una participación del 69.76%, seguido por Licitaciones con el 26.42% y Concurso de Méritos con 3.82%.  


Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

Análisis
Lo primero que se identifica en este análisis es la selección mayoritaria de las licitaciones y de los concursos de méritos como las dos categorías en las cuales se presentan  mayores índices de denuncias de  corrupción con respecto a las demás modalidades de contratación estatal que se agrupan en el 70% restante. Eso se puede explicar por el hecho de que la licitación, en principio, debería ser la modalidad por excelencia para adjudicar los contratos estatales. El porcentaje que les corresponde no es nada despreciable con casi un cuarto de las denuncias relacionadas con contratación. Los concursos de méritos siempre han sido un escenario complicado que ha generado que quienes no resulten favorecidos presenten con frecuencia quejas, recursos y acciones judiciales, entre otros, para lograr pasar por otras vías a la siguiente fase del concurso o ser elegidos. Para esto solo basta mirar la cantidad de sentencias del Consejo de Estado o la Corte Constitucional en la materia. De allí que resulte razonable que ocupen el segundo lugar en denuncias bajo esta división.


Ahora bien, otro factor que resulta de interés es que aproximadamente el 70% de las denuncias correspondan a otras modalidades de contratación. Esto debe encender una alerta pues dicha categorización señala que contrario a lo que la ley contempla (que la licitación es la modalidad de contratación por excelencia y debe recurrirse a otras modalidades por excepción), en la práctica puede estar tomando mucha fuerza la implementación de otras modalidades de contratación. Así se puede estar ante personas que utilizan la contratación y la normatividad pertinente a conveniencia, intentando lograr licitaciones abreviadas o manipulando los pliegos para acceder a otras modalidades como la contratación directa donde el grado de control y transparencia se ven atenuadas. Ahora bien, la estadística no distingue entre cuáles son las más usadas o dónde se presentan más denuncias, pero si invitan a realizar un rol de supervisión mucho más fuerte sobre estas modalidades, pues en la práctica se podría estar acudiendo a mecanismos excepcionales como vía principal, yendo en contravía de la normatividad que considera que la licitación es el procedimiento que más transparencia y objetividad brinda, por lo cual debe ser el aplicado principalmente.


Clasificación de las denuncias por tipo de irregularidad
La tercera forma de clasificar las denuncias de corrupción es por el posible tipo de irregularidad general cometida. De este modo, las denuncias por falta disciplinaria tienen una participación del 44%, seguido de las denuncias relacionadas con irregularidades penales con un 40.9% y de las denuncias relacionadas con irregularidades fiscales con un 15.1%.



Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

Es importante señalar que como lo evidencia la gráfica, las denuncias relacionadas con irregularidades penales han tenido un comportamiento constante.  Por otro lado, las denuncias relacionadas con irregularidades disciplinarias han aumentado significativamente entre el 2016 y 2017, casi triplicando los resultados del 2014 y del 2015.


Análisis
Lo anterior puede explicarse de la siguiente manera. En primer lugar, la predominancia y constancia de las denuncias penales se debe a la popularidad y difusión del derecho penal como mecanismo idóneo de control social y de materialización de la justicia. En esta medida, es más común que la población identifique la corrupción como delitos y formule las denuncias a este título antes de pensar en una falta disciplinaria o fiscal que son más difíciles de identificar y que requieren además de un conocimiento más especializado. Los delitos son más populares y es más fácil recurrir a una institución que tiene mayor recordación en la ciudadanía, como la Fiscalía o la policía, para presentar una denuncia. Esto no resulta sorpresivo.


Ahora bien, en segundo lugar, lo que resulta interesante, es el aumento de las denuncias disciplinarias y lo que permite reforzar lo sostenido anteriormente,  sobre el fortalecimiento en la ejecución y la confianza institucional en ciertos órganos del Estado sumado al fortalecimiento del control interno horizontal al interior de las entidades, promovido por la implementación de la cultura de la transparencia.


El rol de la Procuraduría General de la Nación se ha fortalecido notablemente desde 2003 cuando se puso en marcha la primera fase del plan de mejoramiento de la Procuraduría General de la Nación (2003-2007), en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y terminó de consolidarse con la puesta en funcionamiento de la segunda fase de dicho plan (2011-2015), en los cuales esta entidad tomó un rol mucho más activo en la lucha contra las irregularidades de los funcionarios públicos luego de un importante robustecimiento institucional. Hay que recordar que muchos hechos de corrupción pública pueden considerarse una falta disciplinaria, incluso antes de llegar a ser un delito, pues son desviaciones de poder y autoridad en primera medida, de allí que la Procuraduría sea una entidad central en esta materia. Por esto mismo, el aumento de las denuncias disciplinarias no resulta sorprendente pues la entidad ha aumentado su fuerza, reconocimiento y efectividad ante este tipo de situaciones, por lo cual se ha visibilizado como un mecanismo idóneo de control y sanción.


En lo relativo a las faltas fiscales, se sostienen con cierta estabilidad y se explica por lo poco conocidas que son entre la población las irregularidades de este tipo por lo cual son más accesibles las disciplinarias y penales.

  • Denuncias por posibles faltas disciplinarias

Las denuncias de corrupción por posibles faltas disciplinarias responden a las siguientes faltas específicas: deficiencias en la planeación con una participación del 66% e incumplimiento en la ley de transparencia con una participación de 24%.


Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.


Análisis

Estas dos faltas disciplinarias permiten identificar dos elementos muy importantes en la administración pública y la relación que la población establece frente a esta. Con respecto a las deficiencias en la planeación se puede ver una falta de preparación y conocimiento técnico de la administración de cara a la contratación, tanto en la fase de planeación como de ejecución, al igual que en la ejecución de sus funciones y la dirección y coordinación de la entidad. Así pues, el desconocimiento técnico de lo que se contrata hace que surjan problemas en la ejecución que se presentan como consecuencia de esto y frente a los cuales el funcionario público acaba respondiendo. De igual forma, en el ejercicio incorrecto de sus funciones, que derivan en responsabilidades por omisión o en la ejecución incorrecta de lo debido. Adicionalmente, estos imprevistos y ajustes terminan por generar enormes sobrecostos y demoras en las obras, de cara a la contratación, que impactan al erario público y el bienestar ciudadano, lo mismo sucede de cara a la funcionalidad adecuada de la administración pública. Con respecto a la segunda falta mayoritaria, lo que se evidencia es el interés de la población de acceder a la información pública para ejercer un control más eficiente sobre la administración lo que refuerza lo que se dijo anteriormente acerca del interés ciudadano en la lucha contra la corrupción y el correcto ejercicio público. Igualmente, esta falta a la transparencia se puede asociar a la escasa cultura de la rendición de cuentas y la implementación deficiente del gobierno abierto, que debe fortalecerse en el futuro. Sin embargo, no se ve que sean faltas características de actos de corrupción en sentido estricto, pero si pueden favorecer a que se generen prácticas de esta naturaleza al impedir el control ciudadano.

  • Denuncias por posibles irregularidades penales

Las denuncias de corrupción afines con irregularidades penales tienen irregularidades específicas como tráfico de influencias, abuso de autoridad y celebración indebida de contratos, con participaciones iguales a 36.6%, 23.1% y 15.6%.



Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

 

Análisis
Ahora bien, con respecto a las faltas mayoritarias que se presentan en las denuncias sobre materias penales la tendencia es clarísima hacia actos clásicos de corrupción. Se ven delitos que se caracterizan por la desviación de poder, el uso indebido de autoridad o del cargo o directamente la pretermisión de la normatividad contractual para beneficiarse y/o a un tercero. Esto  permite ver que hay una tendencia al control ciudadano sobre los funcionarios que realizan actos de desviación de poder para obtener ganancias propias o ajenas. Así pues, en materia penal la corrupción se mantiene en los delitos clásicos propios de ésta (aprox. 70%), por lo cual el reto está en la judicialización y condena efectiva de los responsables, pues las denuncias coinciden con las dinámicas corruptas.

  • Denuncias por posibles irregularidades fiscales

Las denuncias de corrupción afines con irregularidades fiscales tienen únicamente relacionada la irregularidad específica de Mala Administración y/o Malversación de Recursos.


Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.


Análisis
En materia fiscal, hay una falta mayoritaria que refleja lo descrito en los dos escenarios anteriores: un manejo anti técnico de los recursos o una desviación del erario público por corrupción lo que termina perjudicando las finanzas del Estado.


Sector temático de las denuncias
La mayoría de denuncias de corrupción se presentan en el sector temático denominado “Función Pública” con 2889 denuncias, presentado así una participación del 30.92%. Luego, se encuentra el sector “Educación” con 898 denuncias con una participación de 9.61%. Entre los más de  25 sectores parametrizados e identificados por la Secretaría de Transparencia, en los 10 primeros sectores con mayor participación se concentra el 85% de las denuncias de corrupción.


​Sector temáticoDenunciasParticipación

Función Pública

288930.92%
Educación8989.61%
Infraestructura vial7708.24%
Inclusión social y reconciliación6587.04%

Defensa

6286.72%
Salud y Protección Social4915.25%
Justicia y Del Derecho4664.99%
Transporte4034.31%
Agua potable y saneamiento básico3994.27%
Ambiente y desarrollo sostenible3323.55%


Análisis

Con respecto a esta desagregación temática, si se cruza con la información disponible en la base de datos se ve que dentro de la categoría de 'función pública,' lo que se encuentra son irregularidades en la contratación caracterizadas por actos de desviación de poder o deficiencias en la planeación. De allí que más allá de un sector temático claramente definido, lo que presenta la estadística es una constante de malas prácticas al interior de la administración donde actos de corrupción se han convertido en parte del operar corriente. De allí la importancia de generar control ciudadano, prácticas de transparencia y acompañamiento en cultura de la transparencia para que el operar corriente de algunas entidades se depure de estas prácticas.


Otro elemento a analizar es el repunte del sector educación debido a los recientes hechos denuncias con respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que se han presentado en distintas regiones del país. De allí que resulte fundamental incrementar la vigilancia sobre dicho sector por la cantidad de recursos involucrados y por la afectación que puede darse sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que merecen mayor protección por parte del Estado. Además de esto, repunta también el sector infraestructura, debido a las grandes obras realizadas en años recientes en esta materia y que son susceptibles a actos de corrupción debido a irregularidades en la contratación, como se expuso anteriormente y la facilidad para generar sobrecostos en términos de materiales, por ejemplo. Siendo la construcción uno de los sectores históricamente más proclives a este tipo de situaciones.


Los sectores con menores denuncias, con 25 denuncias y una participación menor al 1% de las denuncias, son los siguientes: Estadísticas, Entes Autónomos, Legislativa, Ciencia, Tecnología e Innovación, Trabajo, e Interior.


Georreferenciación de las denuncias
Finalmente, la última clasificación de las denuncias de corrupción es la georreferenciación. Las 5 primeras entidades territoriales con más denuncias de corrupción son Bogotá, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Antioquia con participaciones generales de 10%, 8.5%, 8%, 7.2% y 6.5%, respectivamente.


Los departamentos con menos denuncias de corrupción son Vaupés, San Andrés, Guainía, Vichada y Amazonas, con una participación total global de 1.5%.



Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.


Análisis

La información presentada en esta tabla no refleja necesariamente un mapa de corrupción en el territorio sino nuevamente, de información recolectada a través de denuncias. De esto se puede concluir que los departamentos que presentan mayores cifras son aquellos donde la presencia estatal es más fuerte y difundida, donde el acceso a la información es mayor y donde una persona puede denunciar con mayor facilidad y menor temor debido a esto mismo. Por otra parte, en los departamentos en que se reporta una menor cantidad de denuncias, no necesariamente existe  menos corrupción, sino que la presencia institucional es tenue, la infraestructura para recoger denuncias es menor y el acceso a cabeceras municipales y  medios de denuncia más complejo. De allí que pueda presentarse un fenómeno de poca denuncia que no refleja el estado real de las cosas. No sobra recordar los casos de los importantes escándalos de corrupción que se denunciaron  en el Amazonas,  con respecto al Plan de Alimentación Escolar o de los acueductos en los años  2017 y 2018 o la red de corrupción en materia de salud revelada en Vichada en 2018,  que terminó con varios responsables en la cárcel.


Del  mismo modo  la información recolectada a través de denuncias tampoco presenta altos porcentajes en el departamento de  la Guajira,  que es uno de los departamentos que más noticias de corrupción ha generado en los últimos años. Por lo anterior sería fundamental fortalecer el acceso a mecanismos de denuncia para la población en todo el territorio nacional,  de modo que pueda tenerse un panorama más completo y perseguirse de manera más eficiente la corrupción al acceder a información ciudadana que es como la Fiscalía, por ejemplo, ha logrado desentrañar los casos en estas regiones.


Conclusiones
En conclusión, el fenómeno de la corrupción estudiado desde las denuncias que recibe el GRAP -de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República- es un fenómeno sumamente complejo que atraviesa muchos ámbitos del organigrama estatal y que requiere de mucha atención para fortalecer la lucha en su contra. Por una parte, las denuncias apenas dan una imagen reducida del fenómeno por lo cual formular políticas públicas complejas a partir de ellas resulta sumamente arriesgado. Pero por otra, sí permiten identificar elementos frente a los cuales la administración debería tomar acciones encaminadas a fortalecer la lucha anticorrupción.


En este momento, Colombia está atravesando una coyuntura política y social que han hecho que este fenómeno resulte sumamente relevante para la opinión pública y la población civil, por lo cual el terreno está abonado para realizar reformas y fortalecimientos institucionales que permitan avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En primer lugar, hay que aprovechar y fortalecer los mecanismos de control y denuncia accesibles a la población civil y al sector privado para poder ejercer de manera más fácil, eficiente y segura el control ciudadano sobre las actividades de la administración. Esto implica robustecer los mecanismos de denuncia y seguimiento y generar buenas prácticas al interior de la administración caracterizados por la cultura de la transparencia, el gobierno abierto y la interiorización de prácticas de control interno vertical y horizontal (accountability). En segundo lugar, encaminar los esfuerzos a los sectores en los cuales la corrupción sea un factor de riesgo elevado, particularmente los procedimientos de contratación pública, con especial atención a las modalidades de contratación distintas a la contratación pública; también sectores como la educación y la infraestructura vial que han experimentado un repunte en las cifras en los últimos años. Es muy deseable que cuando se haga seguimiento a las denuncias, se trate también de establecer cada vez categorías más específicas para sectorizar e identificar prácticas específicas en sectores claramente delimitados para optimizar los esfuerzos. Finalmente, hay que intensificar los esfuerzos tendientes al fortalecimiento y la integración de la administración, tanto a nivel territorial como el que pueda darse entre distintas entidades. El primero debe caracterizarse por el fortalecimiento de la presencia e infraestructura estatal en las regiones más apartadas del centro del país, de modo que la ciudadanía tenga acceso a infraestructura tecnológica e institucional, entre otras, que le permita formular denuncias con seguridad y así tener un panorama más completo que facilite la lucha y el seguimiento a este fenómeno. Con respecto a lo segundo, aprovechar el fortalecimiento de ciertas entidades, como la Procuraduría o la misma Secretaría de Transparencia, para trabajar de manera conjunta y aunar esfuerzos que permitan tener un impacto mayor en la lucha anticorrupción. La formulación de una política pública que recoja estos aspectos, sumado al diagnóstico que realicen otras entidades, en conjunto con la información que pueda llegar de la población civil, ONGs o la academia, permitirá encaminar los esfuerzos de forma efectiva para lograr transformaciones y avances significativos en la materia.