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Nuevas Mediciones del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Estos son algunos de los principios del Estado Abierto y lo que buscan en esencia es avanzar en la lucha contra la corrupción

Las encuestas están dirigidas a la ciudadanía y servidores públicos

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¡Un derecho, no un privilegio!

30/03/14
Recientemente, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, resaltó su importancia al señalar que “es cierto que existía el derecho de petición, pero el derecho de petición no es suficiente, es importante que exista un marco jurídico claro que obligue al Estado a entregar toda esa información que para todos nosotros es útil...”.

​Una información pública oportuna, de calidad y comprensible es el requisito esencial para construir una ciudadanía que pueda ser guardiana de los recursos públicos. Bien lo resumía un gobernador: en los procesos contractuales necesitamos menos manos que intervengan, pero más ojos que vigilen. Precisamente por eso resulta un paso de gran importancia la Ley 1712 del 2014 sobre transparencia y acceso a la información, sancionada hace pocos días por el Presidente. Esta ley que se venía gestando desde la sociedad civil hace más de 4 años a través de la Alianza ‘Más información, más derechos’, fue una iniciativa que, sin titubeos, fue apoyada por el Gobierno Nacional.

Recientemente, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, resaltó su importancia al señalar que “es cierto que existía el derecho de petición, pero el derecho de petición no es suficiente, es importante que exista un marco jurídico claro que obligue al Estado a entregar toda esa información que para todos nosotros es útil...”.

 
Lo propio hizo Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, que destacó que “la ley constituye un gran avance en materia de acceso a la información pública y a la transparencia, y por esta vía al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Pero, sobre todo, se trata del reconocimiento y de la confirmación de un derecho fundamental de los ciudadanos, y por lo tanto de la obligación que tiene el Estado de garantizarlo”.

 
En esencia, la ley contiene logros concretos en al menos cinco áreas fundamentales:

 
1. Genera obligaciones de transparencia activa y respuesta a requerimientos de información a un nuevo grupo de entidades, incluyendo órganos de control, partidos políticos, contratistas del Estado, prestadores de servicio públicos, EPS, Cámaras de Comercio y, en general, todas aquellas instituciones que manejen recursos de origen o naturaleza pública.

 
2. Desarrolla garantías jurídicas del derecho de Acceso a la Información como derecho fundamental y tiempos más cortos de respuesta por parte del Estado.

 
3. Fortalece al Ministerio Público como organismo garante del derecho de acceso a la información pública, otorgando responsabilidades directas a dicho órgano en materias como la capacitación a servidores y ciudadanos, y la aplicación de sanciones a los servidores que nieguen dicho derecho.

 
4. Involucra los principios de proactividad y oportunidad del acceso a la información, lo que implica que las entidades deben revisar los requerimientos más comunes de los ciudadanos, para hacer públicas las respuestas en sus sitios web y evitar, de paso, que los despachos públicos se saturen de derechos de petición sobre materias que deberían ser de fácil y rápida consulta en las páginas web de las instituciones. Por ejemplo, la información de las hojas de vida de los funcionarios, sus salarios, los requisitos para acceder a programas sociales y las condiciones para asignarlos, los presupuestos, planes de adquisiciones, auditorías e informes de gestión de todos los sujetos obligados deben estar publicados de manera permanente, en lenguaje claro y de fácil acceso.

 
5. Se ratifica que toda información es pública y que la excepción a esta regla solo puede ser establecida de forma taxativa y para materias específicas por una ley de la República. Lo anterior implica que no podrán expedirse más decretos, resoluciones, directivas o circulares que determinen información como reservada o clasificada, evitando de esta forma la discrecionalidad y la creatividad de directivos, alcaldes o gerentes, quienes tradicionalmente han usado este tipo de documentos para negar el acceso a la información a través de argumentos peregrinos.

 
No queremos más ciudadanos mendigando información a entidades y servidores públicos. Llegó la hora de que la información sea un derecho de toda la comunidad y no un privilegio de unos cuantos.

 
 
​Rafael Merchán Álvarez
Secretario de Transparencia

 
 
Tomado de:

Sitio Web Secretaría de Transparencia - Presidencia de la República

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